Nacional

Audiencia en hospital por muerte de Mayor

* Prisionero dice que ha sido amenazado por miembros del Ejército, pero sus defensores no confirman esta versión

Heberto Rodríguez

El juez Séptimo de Distrito Penal de Audiencia, Abelardo Alvir Ramos, dictó prisión preventiva a Marlon Narváez Cortés, acusado por la muerte del mayor Santiago José Aburto.
No obstante, el supuesto homicida que se encuentra internado en el hospital Roberto Calderón dijo al judicial que ha sido amenazado por miembros del Ejército de Nicaragua.
En la audiencia preliminar realizada el pasado 31 de diciembre, el juez ordenó a la Policía Nacional que dejará una custodia permanente.
El fiscal especial Luden Montenegro explicó que Narváez Cortés fue acusado por los delitos de homicidio, exposición de personas al peligro, amenazas de muerte, portación de arma ilegal y daños a la propiedad.
“El juez accedió a todas las solicitudes y peticiones que el Ministerio Público realizó y hasta la prisión preventiva que se fundamentó en audiencia”, expresó el fiscal Montenegro.
El Ejército de Nicaragua no ha nombrado ningún acusador particular, pero el fiscal agregó que podría presentarse alguien en la audiencia inicial, que ha sido programada para el siete de enero, a las diez de la mañana.
Podrá realizarse en hospital
“Hay que esperar que el Instituto de Medicina Legal valore al acusado, para que me establezca si le van a dar de alta o no, y yo veré si la realizó (audiencia inicial) en la sede del despacho judicial, o me trasladó nuevamente al hospital a como lo establece el Código Procesal Penal, en base al artículo 121, perfectamente puedo ir a cualquier sede, siempre y cuado esté dentro de mi territorio y mi competencia”, manifestó el juez Alvir Ramos.
La defensa del acusado está a cargo de los abogados José Luis González y Carlos Garay, quienes expresaron que no podían asegurar que su cliente esté siendo amenazado.
“No puedo garantizar que realmente lo han venido a amenazar y a su familia. Si es veraz esto, no lo determinamos nosotros. Aunque la Policía manifiesta que hay custodia permanente y que no ha ingresado más nadie. Sin embargo, ya se dejó establecido quiénes pueden entrar únicamente”, apuntó Garay.
Garay dejó claro que se plantearon al juez las supuestas amenazas, porque “no estamos argumentando que él es inocente o culpable, sino que van a velar por un debido proceso y las garantías procesales que tiene todo individuo”.
El otro abogado, José Luis González, admitió que el arma es ilegal, “lo que pasa es que él ingresó de Costa Rica hace ocho días y desconoce las leyes nuevas, la ley 510 de armas es muy nueva que no todo el mundo en los rincones de Nicaragua la maneja, porque valga la aclaración, esta persona es del campo”.
Sobre la otra persona que acompañaba al acusado, los abogados expresaron que es un sobrino del supuesto homicida y se desconoce del paradero.