Nacional

Poder Judicial colapsó

* Efectos de burda sentencia que permitió sacar los más de 600 mil dólares, siguen sin poder anularse * Abundó en el año salida de acusados por narcotráfico y de sujetos que “nacionalizaron” entrada de miles de dólares * Resoluciones sólo fueron rápidas en fallos partidarios y las sentencias a favor de Byron Jerez, Donald Spencer y otros especímenes, así como la “convivencia familiar” de Alemán, fueron un concierto apologético a la delincuencia de cuello y corbata

Eloisa Ibarra

El Poder Judicial atravesó en 2005 por uno de sus peores años, envuelto no sólo en un incremento de la partidización de la justicia, sino que, escalando a niveles nunca antes vistos, un grupo de ex jueces se involucró en una trama jurídica para apropiarse de más de 600 mil dólares provenientes de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico internacional, según consta en los antecedentes obtenidos en su país del personaje que de acuerdo con palabras del magistrado Rogers Camilo Argüello, “nacionalizó” en las llantas de su vehículo el dinero mencionado.
Como dijo recientemente el Presidente de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, se pasó de la percepción de corrupción a un hecho concreto, pues en el caso de los 600 mil dólares ha quedado en claro la participación de funcionarios del Poder Judicial en la trama para apropiarse del dinero.
Mientras a lo largo de todo el año, en los diferentes niveles, funcionarios del Poder Judicial se vieron involucrados en actuaciones censuradas por la población, prácticamente no se avanzó en nada en la aprobación del reglamento para regular la Ley de Carrera Judicial, cuyos defectos quedaron expuestos en el caso de los 600 mil dólares.
Los principales conflictos políticos terminaron en el Poder Judicial, que evidenció su fragilidad institucional y la poca capacidad para enfrentar las irregularidades y hasta corrupción de sus inferiores, y menos aún para echar una mirada crítica hacia la cúpula de la justicia.
Crisis profunda y general
Aunque el Poder Judicial es uno de los poderes que aparece en la lista de aplazados, la ex presidenta de la CSJ, magistrada Yadira Centeno considera que no hubo una sola entidad del Estado que no se haya metido en la crisis, incluidos los medios, con la “Lista Negra”. La sociedad en general fue sumergida en una crisis profunda.
“En el Estado, las irregularidades en la Empresa Nacional de Puertos y en el Poder Judicial, reconoció Centeno, el caso de los narcodólares sacudió a todos, y nos envolvió en una crisis profunda de la cual no se ha salido, porque hace falta la sentencia de la Sala Constitucional”, que no acaba por salir.
“No todos los magistrados estamos implicados. Pero hay que dictar la sentencia de la Sala Constitucional para que el problema se vaya a la Asamblea y la Fiscalía”, dice Centeno.
“Es necesaria una revisión crítica de los errores cometidos, porque respondemos a la ciudadanía, no sólo los magistrados implicados, sino que todos, pues somos un colectivo, aunque cada quien responde por lo que hace”, afirmó.
Reconoció que el hecho de que aún no se haya aprobado el reglamento de la Ley de Carrera Judicial, mantiene las funciones de la Corte Suprema centralizadas y como antes de la aprobación de la Ley.
“Se hicieron estudios y no fue posible aprobarlo por falta de consenso, antes de marzo debe ser aprobado, porque se necesita un montón de nombramientos para la Defensoría y 26 jueces. También se tendría que hacer la evaluación a los jueces y no fue posible por falta del reglamento”, indicó Centeno.
El caso dólares los impactó
“En el caso de los dólares, nunca se había presentado algo similar y nos encontramos con que no podíamos actuar, porque la Ley está sin reglamento, y porque algunos magistrados consideraron que el decreto 1618 es inconstitucional, aunque es viejo y siempre se ha aplicado”, afirmó.
Y es que, después de tres meses de iniciado el escándalo de los narcodólares, la Sala Constitucional no fue capaz de declarar nulo todo lo actuado por el magistrado Rogers Camilo Argüello, quien permitió la excarcelación de la compañera del colombiano, Jorge Eliécer González Hernández y/o Luis Ángel González Largo, condenado a diez años de prisión por lavado de dinero, y la salida de los 600 mil dólares.
A regañadientes y después de una negociación, los magistrados suspendieron de sus cargos de jueces suplentes a: Julio Morales, quien ordenó la libertad de Leyla Bucardo y la sacada del dinero, y a Moisés Rodríguez, quien ordenó al primero dejar en libertad a los condenados.
Benjamín Arriaza, que inventó policías fantasmas para decir que los reos fueron capturados en Carazo y se encontraban procesados ilegalmente en Managua, y Julissa Carolina Bonilla, quien elaboró poderes falsos a favor de Sergio Ramón Meléndez Aguilar para sacar el dinero de la cuenta de la CSJ.
La CSJ también suspendió del ejercicio profesional a Israel Zelaya, ex defensor de los reos y a Astrid Bracamonte, quien con autorización del magistrado Argüello, razonó el proyecto de sentencia que éste elaboró y que sirvió para liberar el dinero y dejar en libertad a Bucardo.
Otros fallos escandalosos
Además de este caso, un juez de Rivas liberó a quienes fueron capturados con un millón 200 mil dólares en un juicio de contrabando aduanero, y en Managua una juez botó las pruebas principales que incriminaban a dos mexicanos capturados en el Aeropuerto con 300 mil dólares, lo que propició que el jurado los declarara no culpables de contrabando aduanero.
Contrario a lo que se podía esperar, magistrados de la CSJ afirmaron que introducir dinero al país, en millonarias sumas no es delito, mientras no se demuestre que está vinculado al narcotráfico.
Ágiles sólo en política partidaria
Y mientras la Sala Constitucional ha sido lerda en el caso de los 600 mil dólares, actuó con urgencia y dejando atrás más de 900 Recursos de Amparo pendientes de estudio, para emitir dos resoluciones de carácter político: una a favor del aspirante liberal a la Presidencia, Eduardo Montealegre, y otra contra el disidente sandinista, Herty Lewites.
Para sacar las resoluciones, un viernes por la tarde, hicieron que Argüello se regresara de Chontales e integraron Sala con magistrados miembros de otras Salas. En el caso de Montealegre, revocaron la suspensión de oficio ordenada por los magistrados de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), mientras para Lewites, despejaron el camino para que la Contraloría General de la República (CGR), continúe una auditoría.
La CSJ también entró de lleno en el conflicto político entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, al reconocer como válidas las Reformas Constitucionales y validar la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) y el nombramiento de sus funcionarios.
Aunque meses después al aprobarse la Ley Marco, los magistrados le restaron valor a la sentencia que antes defendieron e indicaron que los juicios derivados de la aprobación de la Ley de la Sisep, como el del ex director de Telcor, Joel Gutiérrez, no debían continuar.
Como consecuencia de la nueva relación entre el Ejecutivo y el FSLN, el juez Primero de Distrito del Crimen, David Rojas, sobreseyó definitivamente a los funcionarios del Ejecutivo denunciados por la Fiscalía por delito electoral, y dejó la causa abierta para los miembros del PLC.
Poder Judicial entierra casos de corrupción
El Poder Judicial no sólo colapsó por el nivel de politización en sus actuaciones, sino que liberó de toda responsabilidad a ex funcionarios acusados por actos de corrupción en perjuicio del Estado y del pueblo.
El juez Edgard Altamirano sobreseyó definitivamente al ex director de Ingresos, Byron Jerez, de los delitos de asociación e instigación para delinquir, fraude, malversación de caudales públicos, defraudación y estafa en perjuicio del desaparecido Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) y el Estado.
Junto a Jerez, sobreseyó al abogado Ronald Martínez Sevilla, hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez Sevilla, y a 20 personas más, entre ellas al vicesuperintendente de Bancos, Alfonso Llanes, y el ex diputado liberal, Jaime Bonilla.
Asimismo a Orlando Castro, ex gerente del Banic; Luis Emilio Midence; Antonio Lezama; Ronald Ruiz, y otros ex funcionarios que otorgaron créditos millonarios a sociedades fantasmas donde aparecían como socios testaferros de Jerez y del presidente del Banco, Donald Spencer, quien no fue procesado por gozar de la inmunidad que le dejó garantizada Arnoldo Alemán.
Jerez también fue favorecido por los magistrados de la Sala Penal Uno del TAM, quienes le revocaron la condena a ocho años de prisión por un fraude de 6.6 millones de córdobas en perjuicio del Estado.
Ésta era la única condena que se había logrado imponer a Jerez, después de que las autoridades de la Procuraduría y algunos periodistas descubrieron que el jurado estaba conformado por personas allegadas a él. Por este caso se mantenía a Jerez bajo vigilancia del Sistema Penitenciario y hoy goza de plena libertad.
Además, el juez Primero de Distrito del Crimen, David Rojas, favoreció a Ethel y Valeria Jerez, esposa e hija de Jerez, respectivamente, con una resolución, y con ello limpió el camino para que en la vía civil fuese levantada la intervención que pesaba sobre la terraza veraniega de Pochomil Viejo, construida con fondos destinados a mitigar el sufrimiento de las víctimas del huracán Mitch, y cuyo caso fue archivado.
Poder Judicial manosea caso Alemán
Después de fracasados intentos por conseguir la libertad, la juez Primero de Distrito de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata, le otorgó a Alemán el beneficio de Convivencia Familiar, que le permite movilizarse por toda Managua.
Zapata se amparó en el dictamen del subdirector del Instituto de Medicina Legal, el médico forense Zacarías Duarte, que indica que Alemán padece de diez enfermedades graves no tratables en régimen carcelario, pero tal vez mitigables en las fiestas y restaurantes donde se le ve constantemente.
La libertad se hizo efectiva después de una guerra de resoluciones emitidas en cadena por los magistrados sandinistas y liberales de las Salas Civiles y Penales del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
El colmo
La actuación del Poder Judicial en el caso Alemán, pasó todas las fronteras, pues al finalizar el año, los magistrados de la Sala Penal de la CSJ, se declararon incompetentes para notificar al ex Presidente la apertura de un proceso por blanqueo de capitales en Panamá, y de paso le otorgaron la competencia a la Fiscalía General de la República (FGR).
Aunque el Tratado de Asistencia Legal Mutua firmado por los cancilleres de los países de Centroamérica, establece claramente que la autoridad competente para prestar el auxilio judicial es la Procuraduría, la Sala Penal decidió pasarle la competencia a la Fiscalía, lo que fue desconocido por las autoridades de Panamá.
Y es que el Tratado establece que mientras la Cancillería no notifique a la Secretaría de Integración que se cambió la autoridad administrativa, la Procuraduría es la competente y el Estado de Nicaragua nunca ha expresado intención de cambiar a la Procuraduría.
La actuación de la CSJ, más lo actuado por las autoridades de la Fiscalía, fue duramente criticado por Panamá, que dejó claro que en marzo se efectuará la primera audiencia del caso de blanqueo de capitales para Alemán, sus familiares y ex funcionarios de su administración, incluyendo a Byron Jerez.