Nacional

Crece tráfico de personas en poblados fronterizos

* Pobreza obliga a que sean las madres las primeras en negociar a sus hijas en lugares identificados como “zonas rojas” * Casos aumentan hasta en un 20 por ciento cada año, y se cree que al mes entre 10 y 15 menores son llevados fuera del país * El mismo engaño de siempre: un trabajo sencillo, con una buena paga y en dólares

Tenía 11 años cumplidos y ni su edad detuvo a los abusadores, quienes la vendieron a un prostíbulo ubicado en el centro de San Salvador. Esa pesadilla todavía está fresca en su memoria, pues las violaciones y maltratos siguieron cuando luego fue detenida por la Policía salvadoreña. Ahora, esta niña nicaragüense a quien llamaremos “Ana”, cumple los 17 años y comparte su historia para evitar casos similares.
“Fue un error que me cambió la vida”, dijo Ana, cuando inició su relato “enterrando la mirada en los ladrillos” de su casa, seguramente para “anclar sus temores” mientras recuerda aquellos momentos de angustia profunda e imborrable.
Es originaria de Somotillo, Chinandega, a pocos kilómetros del puesto fronterizo El Guasaule, donde se registra la mayor cantidad de casos de trata y tráfico de personas, según los últimos informes de Save the Children. Con lucidez, la niña recuerda que una amiga le prometió un buen trabajo en El Salvador: “como doméstica, con un salario de cien dólares al mes”.
Entonces había la misma pobreza que ahora existe en su hogar y también la impotencia para llevar el sustento diario a la familia, por eso, en su inocencia decidió guardarse la propuesta y en silencio y sin documentos, partió con una maleta más llena de ilusiones que de seguridad.
“Me fui con una muchacha que era mayor que yo. Ella tenía 20 años y yo sólo 11. Me llevó engañada. Me dijo que me iba a pagar bien en El Salvador, como doméstica, con dormida adentro. Yo me fui con ella escondida, al raid y sin papeles”, recuerda.
Convertidas en esclavas
Rápidamente, aquella promesa de futuro se convirtió en traición en la capital salvadoreña, donde fue raptada desde su arribo y luego entregada como mercancía a un prostíbulo de esa ciudad. En seguida, tuvo que ceder, rendirse, pues era lo único que detenía el maltrato físico y psicológico al que fue sometida por largas horas.
“Los hombres me agarraban, me maltrataban y me sentía humillada. No hallaba las horas de salirme y sólo llorando vivía, porque fui engañada y quería volver, pero no podía. Me tenían como esclava”, confesó Ana.
Después de varios meses, una repentina redada de la Policía salvadoreña fue una luz en la oscuridad de aquellos cuartos. “Era lo mejor que me podía pasar”, creyó, cuando fue detenida por estar ilegalmente en ese país.
Fue trasladada a un centro correccional en calidad de detenida, donde las violaciones y maltratos se repitieron días después, sin poder hacer nada. Varias señoras evangélicas llegaron a este lugar tratando de ayudar a los reos, y en efecto, fue el fin de su calvario.
Ana compartió las referencias de su madre en Nicaragua con estas religiosas salvadoreñas, quienes finalmente informaron a la progenitora, quien de inmediato se trasladó vía terrestre a El Salvador y rescató a su hija.
“Es lo más triste pasar por eso. Yo no quisiera que me volviera a pasar y mucho menos a ninguna de mis amigas. No quiero que crean esos engaños, como me llevaron a mí. Que no sean tontas, que no le hagan caso a esa gente que promete mejorar tu vida en el extranjero, son puras mentiras. Te llevan a vender a otro lugar”, concluyó Ana.
Pueblos fronterizos: “zonas rojas”
Los detalles desgarradores, los nombres, la pobreza, las circunstancias y hasta la lucidez de la memoria en este relato fue lo que más conmovió a las autoridades durante un taller de capacitación que celebraron hace poco en Somotillo, donde estuvo presente Ana junto a varios niños, niñas y adolescentes, en evidencia de que esa ciudad es “zona roja”.
En eso coincidieron los miembros de Save the Children Nicaragua, de la Organización Internacional para las Migraciones, Unicef y el Ministerio de Gobernación (Migob), quienes seleccionaron esta ciudad para la reunión, pues están impulsando el proyecto de “Prevención y atención al fenómeno de trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes en Nicaragua”.
Ellos revelaron que han capacitado y organizado a unas 300 personas para la vigilancia en los puestos fronterizos del país, pero han enfocado el trabajo en Somotillo y Corinto, las “zonas rojas” del mapa de trata y tráfico de personas. “En Corinto lo ven como normal vender a sus hijos. Este puerto está agonizado porque se nos están llevando a los niños, niñas y adolescentes”, denunció en el taller María Auxiliadora Escalante, de la Casa de la Mujer Corinteña.
Escalante asegura que esta ciudad de circulación internacional por mar y tierra no sólo está sirviendo para el transporte de mercancía, sino que también de personas. “Salen en los camiones o cuando hay embarques, por lo menos de 15 a 20 niñas, niños y adolescentes a otros países de Centroamérica”, confesó ante las autoridades.
Lo más grave de su denuncia, “es que a veces las mismas mamás negocian a las niñas, (los traficantes) les dan dinero de inicio y les prometen que les van a estar mandando mensualmente”.
Delito que crece
Brian Hunter, representante de Save the Children Estados Unidos, precisó que tienen reportes de que este delito en Nicaragua está creciendo entre 10 y 20 por ciento cada año, y por eso requirió mayores esfuerzos entre la sociedad civil e instituciones del gobierno para enfrentarlo con mayor efectividad.
La cifra de Hunter es de pleno conocimiento de las autoridades, es el resultado del “Plan Fronteras” que emprendieron desde el año pasado. Los oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) fueron precisos: desde diciembre de 2004 hasta junio de 2005, un mil 187 menores de edad han sido repatriados desde los puestos fronterizos. El 80 por ciento de estos niños, niñas y adolescentes oscilaba entre los 13 y 17 años, y fueron retenidos en la frontera y regresados a sus viviendas por presentar alguna condición migratoria irregular. Los datos del “Plan Fronteras” dejan ver que estas irregularidades en los límites nicaragüenses están creciendo un 15 por ciento cada mes.