Nacional

Tres años como sanción mínima para Eduardo Mena

* Mena se auto prestó, se pagó viajes a Panamá y repartió vaquillas a diestra y siniestra * Alegó que todo se lo autorizó Alemán, quien lo ocupaba más allá de sus ocho horas

Ismael López

La Contraloría General de la República (CGR), después de tener engavetada por tres años una auditoría del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), sancionó al actual diputado liberal Eduardo Mena por las irregularidades en que incurrió cuando fue directivo de ese instituto en el periodo de su amigo Arnoldo Alemán, condenado a 20 años por delitos en contra del Estado.
En la resolución, los contralores (tres liberales y dos sandinistas), instan al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, a que tramite e imponga las sanciones correspondientes, en este caso el cobro de 79 mil 194.82 dólares (más de 1.3 millones de córdobas) a Mena.
Nunca pagan
Sin embargo, el Estado de Nicaragua nunca ha cobrado un centavo a los sancionados por la CGR. La Procuraduría General de la República (PGR), que es la encargada de cobrar, no lo hace porque supuestamente Hacienda no les entrega un documento que tendrían que presentar en los juzgados para iniciar el trámite de cobro. Cuando el sancionado es todavía funcionario público, su autoridad máxima es la encargada de cobrarle, en este caso Núñez.
Mena, que se amparó inmediatamente, según el contralor Guillermo Argüello Poessy, recibió 56 mil dólares (casi 1 millón de córdobas) cuando fue presidente del Consejo Directivo del IDR en concepto de viáticos, gastos de representación y depreciación de vehículo. “Se evidenció que los pagos recibidos por dicho ex funcionario, por un lado, no están justificados, ya que no se encontraron soportes, y por otro, carecen de asidero legal”, dice la resolución de la CGR.
Junto a otros ex funcionarios del IDR, Mena fue sancionado administrativamente. Entre las irregularidades, los auditores encontraron que el actual diputado “arnoldista” se recetó un préstamo de más de 32 mil dólares para comprar una camioneta que posteriormente fue pagando con lo que el IDR le asignaba (866 dólares mensuales) en combustible y depreciación.
Inauditas justificaciones
“Al solicitarle las aclaraciones --Mena-- alegó que por ser el IDR adscrito a la Presidencia de la República a partir de 1997, el señor presidente (Arnoldo Alemán) instruyó a las autoridades del IDR le otorgaran un pago de ocho mil dólares, por el trabajo que realizaría no sólo como el anterior presidente de la Junta Directiva, quien recibía tres mil dólares, más su dieta por sólo llegar el día de la realización de la reunión”.
Además, Alemán le instruyó, según Mena, que su horario sería de más de ocho horas diarias y que lo debía acompañar a las giras presidenciales de trabajo a nivel nacional e internacional en representación de la institución.
Mena también se recetó 14 mil dólares en concepto de pasajes aéreos y viáticos al exterior, y 282 mil 290 dólares no fueron pagados al Mag-For en concepto de permiso de importación de ganado.
El ex presidente del IDR alegó que esos pasajes y viáticos fueron para viajar a Panamá en gestiones de compra de ganado bajo el Programa de Mejoramiento Genético, sin embargo, los contralores (tres liberales y dos sandinistas) alegan que no estaba facultado para realizar dichas gestiones, pues este programa no era manejado por él.
En la administración anterior, en el IDR, se entregaron vaquillas a “fantasmas”, y el Estado perdió unos 4 millones de dólares al pagar 400 dólares por cada cabeza de ganado que lo más que costaban eran 300.
Los contralores determinaron que se entregaron vaquillas a funcionarios del gobierno, alcaldes, militares, así como a familiares y allegados de los entonces funcionarios del IDR.
CGR otra vez deja caducar lo más grueso
La CGR realizaba la auditoría en el IDR desde 2002. Ahora, tres años después, sanciona a Mena, pero por un monto insignificante en comparación con la corrupción que hubo en esa institución según lo denunciara la nueva administración que dirige Enrique Bolaños.
“Se deberán declarar caducas las operaciones comprendidas entre los años de 1997 hasta el quince de octubre del año 2000 (…), por haberse realizado hace más de cinco años, este consejo superior carece de facultad para emitir pronunciamiento al respecto”, dice la resolución.
Argüello Poessy --que pertenece al mismo partido de Mena y al igual que éste es incondicional a Alemán-- argumentó ayer que se dilataron tres años realizando la auditoría porque había que darle oportunidad a las partes para que hicieran uso de sus derechos.
Según el contralor, ellos eran del criterio de que la caducidad se suspendía desde que iniciaban la investigación, pero la Sala Constitucional del Poder Judicial estableció que el inicio de la auditoría no suspendía la caducidad.
Por eso, según Argüello Poessy, no se podrán pronunciar sobre varios periodos y algunas auditorías han caducado.