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Caen jueces y abogados suspendidos, pero dólares ya volaron


Eloisa Ibarra

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por decisión unánime destituyeron a cuatro jueces suplentes y suspendieron del ejercicio profesional a dos abogados y notarios, que participaron en la trama jurídica para apropiarse de 606,540 dólares, ocupados en un caso de lavado de dinero.
Después de casi dos meses de una lenta investigación, el presidente de la CSJ, Manuel Martínez Sevilla, reconoció que al final los magistrados liberales cedieron en relación a las sanciones para que el caso no quedara en nada, aunque tenían una posición más firme.
El último consenso entre liberales y sandinistas en relación con los jueces era, además de la destitución, la suspensión del ejercicio profesional por dos y tres años, pero al final lo dejaron en 18 meses y sólo a uno le impusieron tres años de suspensión.
Una fuente de la Corte reveló que los liberales bajaron las penas a cambio de que no se estableciera ninguna sanción, ni siquiera llamado de atención a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones que preside Antonio Alemán, hermano del ex presidente Arnoldo Alemán.
Se esperaba que hoy la Sala Constitucional se pronunciara sobre la falsa sentencia elaborada por el magistrado Róger Camilo Argüello, y que fue utilizada para liberar a Leyla Bucardo y sacar el dinero de una cuenta de la CSJ, pero suspendieron la reunión programada porque los magistrados asistirán a un acto a la Asamblea Nacional.
Ordenan restituir dinero que ya voló
En la sentencia, dada a conocer ayer por Martínez, se ordena al Juzgado Sexto Penal de Juicio, la restitución del dinero ocupado al colombiano Jorge Eliécer González Hernández y/o Luis Ángel González Largo, condenado a diez años de prisión por lavado de dinero.
Explicó que el juez sexto de Juicio debe seguir el proceso para que Sergio Ramón Meléndez Aguilar, quien compareció con poderes generalísimos falsos a retirar el dinero, lo restituya, y que las cosas vuelvan a su estado inicial en relación con la libertad de Leyla Bucardo, es decir, que sea recapturada.
Los magistrados justifican la firma del cheque a favor de los reos por parte de Martínez, al expresar que el retiro del dinero bajo la apariencia de legalidad, “provocó un error en la persona del librador, y todo con base en la forma en que fue empleada con el indebido proceso”.
Auque Martínez informó que enviarán copia de la resolución a la Fiscalía, los Registros Públicos y los poderes del Estado para que tomen las decisiones que estimen necesarias, en ella no establecen ninguna presunción de carácter penal contra ninguno de los implicados, y dejan todo en manos del Ministerio Público.
Los destituidos y suspendidos
Los jueces suplentes destituidos de su cargo y suspendidos del ejercicio profesional, son: Benjamín Arriaza, Moisés Rodríguez, Julio Morales y Julissa Carolina Bonilla. Esta última fue suspendida de ejercer profesionalmente durante cuatro años, y los demás, por un período de 18 meses.
La CSJ también suspendió del ejercicio profesional a los abogados y notarios: Israel Zelaya, ex defensor de los reos, y Astrid Bracamonte, quien razonó una fotocopia de un proyecto de sentencia elaborada por el magistrado sandinista, Róger Camilo Argüello, y que sirvió de base para tramitar la libertad y sacar el dinero.
El juez Julio Morales fue sancionado por extralimitarse en sus funciones al ordenar la devolución de los 606,540 dólares sin que existiera una sentencia firme, cuando debía oponerse a lo ordenado por el juez ejecutor al observar que se excedía del ámbito de su competencia, y asimismo informar al Tribunal de Apelaciones, lo que no hizo incumpliendo con los deberes inherentes al cargo.
El juez suplente, Benjamín Arriaza, por levantar el acta de su actuación como juez ejecutor con datos no veraces, de policías sin identificar, supuestamente informado de que los reos fueron capturados en San Marcos, cuando existía información oficial que reflejaba lo contrario.
Sólo regañan a tribunal
Aunque no establecen sanciones para los magistrados de la Sala Penal de Masaya, presidida por Alemán, en el informe expresan que hubo descuido en la actuación, ya que era evidente que lo expuesto por Arriaza carecía de fundamentos y soporte de carácter oficial, lo que debió ser evaluado por ellos al resolver sobre el Recurso de Exhibición Personal.
Martínez dijo que no se trata de limpiar a nadie, sino que Arriaza actúo como delegado y abusó de las facultades que la ley le confiere, porque era el responsable de llegar con una información veraz, ya que los magistrados no andan en la calle confirmando dónde fueron detenidos los reos, y se parte de que el ejecutor no llegará con mentiras, porque se supone que es una persona con ética.
Moisés Rodríguez fue sancionado por excederse en sus funciones y actuar contra ley expresa, al ordenar de manera indebida la libertad de los reos y la restitución del dinero, sin que existiera una sentencia firme.
Al consultarlo, Rodríguez dijo: “No he leído, no la he escuchado y no sé si fue la Comisión o la CSJ la que resolvió. Pero no voy a apelar si todavía la Sala Constitucional no ha emitido nada en relación con la sentencia donde valida mi actuación, y todo está en una nebulosa y no sé a qué atenerme.
“Es una barbaridad, y para mí todo es nulo, porque la Sala Constitucional debería haberse pronunciado antes, y la misma ley dice cuál es mi sanción como juez ejecutor, y quien me tiene que sancionar es el Tribunal de Apelaciones porque fue una actuación como ejecutor, no como juez suplente. Están respondiendo a la presión de los medios”, dijo Rodríguez.
Bonilla fue sancionada por un grado de presunción de falsedad de las escrituras públicas, mediante las cuales, supuestamente González y Bucardo, nombran como apoderado generalísimo para retirar el dinero a Sergio Ramón Meléndez Aguilar, pues Bonilla no llegó el día nueve de agosto al penal de Tipitapa, ni a La Esperanza para los oficios notariales.
En el caso de la abogada y notario Astrid Bracamonte, por no actuar con el celo suficiente en relación al documento que estaba cotejando (fotocopia de proyecto de sentencia elaborada por Argüello), porque con ello se estaba alterando el procedimiento normal que sigue una resolución de todo Tribunal.
Al abogado y notario Israel Zelaya, ex defensor de los reos, por actuar de forma engañosa, ilegal y carente de ética profesional, al poner su PSP en un escrito, en el que aparece firmando el Recurso de Queja contra la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, el señor, Javier Antonio Poveda, lo cual era totalmente falso.
Zelaya dijo que no sabe si es el informe de la Comisión o de la CSJ, y desconoce la sanción porque no ha sido notificado, pero en todo caso de ser así, tendría que ir a pedir a la calle.
“Me extraña que el premio sea tan grande sin tener nada en la mano, los que promovieron eso me dejaron indefenso y se violó el procedimiento, pero voy a esperar ser notificado”, dijo Zelaya, tras afirmar que Javier Antonio Poveda López presentó el recurso de Queja ante la Sala Constitucional.
El fiscal especial que investiga el caso, Armando Juárez, dijo que analizarán el alcance de la resolución de la CSJ y programarán las entrevistas con todos los magistrados de la Sala Constitucional y el Presidente de la Corte.
Indicó que la Fiscalía no tiene que coincidir con lo resuelto por la Corte, que es de carácter administrativo, porque tienen un espectro más amplio a investigar.