Nacional

Navarro denuncia amenazas de muerte

* Magistrados sandinistas acceden firmar sanciones completas contra jueces y abogados * Sin embargo, una vez más fracasa la Corte Plena para resolver sobre el escándalo suscitado

La guerra política desatada entre la dirigencia del Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cobró intensidad cuando el vicepresidente liberal, Wilfredo Navarro, denunció supuestas amenazas de muerte que habría recibido telefónicamente de personas no identificadas.
“Wilfredito, tus declaraciones te van a perder”, le dijo una voz anónima en una llamada telefónica a su casa el domingo, y ese día, otra llamada de aparentemente la misma persona, le advirtió que no siguiera “jodiendo” con el asunto de los 609 mil dólares”, relató Navarro.
Navarro aseguró que las amenazas provienen de sectores sandinistas que no identificó, y dijo que no le preocupan porque tiene el respaldo de su partido, y porque además su denuncia tiene el propósito de ponerle un alto a esa situación, advirtiendo que en vez de una narco-elección, se avizora una anarquía total en donde cada cual intentará hacer justicia con sus manos.
Incluso, dijo que personas allegadas al FSLN que no identificó, ya empezaron a chantajear a los liberales con ponerle punto final al régimen de convivencia familiar de Arnoldo Alemán, y trasladarlo, con toda seguridad, al Sistema Penitenciario de Tipitapa.
Navarro informó a EL NUEVO DIARIO que el PLC acordó ir a fondo en el caso de los 609 mil dólares ocupados al colombiano Jorge Eliécer González, y retirados ilegalmente de una cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ese sentido, recordó que no era posible que en este país caiga una avioneta vinculada al narcotráfico, se entierre y se pierda, y no haya ninguna responsabilidad, o que se esfumen 609 mil dólares en la CSJ, si se sabe quiénes retiraron ese dinero, y no haya ningún detenido.
Castro lo emplaza
El coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, emplazó Navarro a que demuestre que el FSLN se apropió de ese dinero para financiar su campaña electoral, y atribuyó la denuncia a un afán propagandístico de su adversario para venderse como precandidato presidencial del PLC.
Navarro negó que esté buscando protagonismo político o algo parecido, porque de lo que se trata es de denunciar que la justicia en Nicaragua se está utilizando como un instrumento político y un instrumento económico.
“Yo creo que hay que hacer un alto en el camino, porque la garantía de la institucionalidad y la gobernabilidad reside en que los jueces te garanticen el tuyo y el mío, y a los niveles que está el Poder Judicial en Nicaragua, que la justicia está al servicio de un partido, el ciudadano no siente que se le garantice el tuyo y el mío”, reflexionó.
Procurador cauteloso
Por su parte, el procurador penal Iván Lara, declaró que es prematuro acusar a determinado partido político de haberse apoderado de la plata, porque estima que debe esperarse el resultado de las investigaciones que realiza la Fiscalía.
No obstante, cuestionó a los magistrados judiciales porque todavía no se ponen de acuerdo para determinar el tipo de sanciones que deberán aplicar a las personas implicadas en la sustracción del dinero.
Aceptarán todas las sanciones
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, dijo que debido a las circunstancias, la politización del caso de los 609 mil dólares y a la enorme presión, decidieron desde el pasado miércoles aceptar las sanciones propuestas por los liberales para todos los implicados.
Esta decisión, aclaró Solís, se tomó el pasado miércoles, cuando se realizaría la Corte Plena, y no producto de las declaraciones de carácter electoral del diputado liberal, Wilfredo Navarro, molesto porque no salió favorecido en la sentencia de los delitos electorales.
Solís apareció en una improvisada conferencia de prensa con todos los magistrados sandinistas, a excepción del magistrado Róger Camilo Argüello, después que fracasara por enésima vez la reunión de Corte Plena para emitir la sentencia del caso.
El presidente de la CSJ, Manuel Martínez, había convocado a reunión de Corte Plena a las doce del día, pero ésta, según Solís, no se efectuó porque los liberales abandonaron la Corte debido a otros compromisos.
Según una fuente, los liberales suspendieron el encuentro para asistir a una reunión en “El Chile”, donde el líder del PLC abordaría el asunto de los 609 mil dólares y las declaraciones de Navarro.
La magistrada Alba Luz Ramos, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (Cnacj), que preparó el informe, afirmó que “no hemos sido ni vamos a ser quienes obstaculicemos la salida de ese informe, ni estamos chantajeando a los liberales con devolver a Alemán a la cárcel”.
“Quiero que el informe se firme mañana y salga la sentencia, y estamos dispuestos a que se apliquen tres sanciones: destitución, suspensión como abogado y notario por un mismo hecho, pero ese no fue el objeto por el cual ellos (liberales) no firmaron”, dijo Ramos.
El magistrado Francisco Rosales afirmó que Alemán no tiene ningún caso pendiente en la CSJ para que se hable de chantaje, y recordó que existen dos proyectos de sentencia de la Sala Constitucional que no han suscrito los liberales, en el cual se resuelve que al no haber Recurso por no existir recurrente, no ha lugar al Recurso de Queja.
“Si fuera solo ya hubiese sacado la sentencia, pero es un tribunal colegiado, y ellos (liberales) no han firmado, y por eso convoqué a Sala Constitucional para el miércoles, advirtiendo a todos los miembros que de no asistir, integraré con magistrados de otra Sala”, dijo.
Magistrados “descuidados”
Aunque no hay sanciones para los magistrados de la Sala Penal de Masaya, presidida por Antonio Alemán, en el informe expresan que hubo descuido en la actuación, ya que era evidente que lo expuesto por Arriaza carecía de fundamentos y soporte de carácter oficial, lo que debió ser evaluado por ellos al resolver sobre el Recurso de Exhibición Personal.

(Con la colaboración de Edgard Barberena y Eloísa Ibarra).