Nacional

¿Vamos a narcoelección?

* Acusados justificaron anonimato de donaciones por estar fuera del período de campaña * Juez legitimó este argumento, y con la denuncia de Navarro la puerta electoral “queda en pampas” para el narcotráfico * Roberto Courtney, de Ética y Transparencia, asegura que PLC y FSLN acondicionaron Ley Electoral para facilitar estas operaciones

Eloisa Ibarra

Con los sobreseimientos definitivos del juez David Rojas, que legalizan las donaciones anónimas externas en el caso de los delitos electorales, y las acusaciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, de que dinero proveniente del narcotráfico entró a las arcas del FSLN, las elecciones nacionales de 2006 corren el grave riesgo de quedar signadas por el narcotráfico.
En la sentencia de sobreseimiento a los funcionarios públicos, Rojas dio por legalizadas las donaciones anónimas nacionales e internacionales recibidas por los partidos políticos, en la precampaña y durante la campaña electoral, pues en los delitos electorales se acusaba al PLC de recibir donaciones anónimas nacionales e internacionales, no reportadas al Consejo Supremo Electoral (CSE) ni a la Contraloría General de la República.
Rojas consideró legal que el PLC recibiera donaciones anónimas en la precampaña, pese a que el espíritu de la Ley Electoral es prohibir estas donaciones, no sólo durante la campaña electoral, sino en todo momento, por el peligro que encierra la participación extranjera o el narcotráfico para hacer ganar un candidato.
Courtney: Acuerdo de pactistas
El presidente de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, dijo que la Ley Electoral no prohíbe casi nada en materia de donaciones a los partidos políticos, porque así lo acordaron los pactistas, no por accidente, sino para no tener controles sobre las fuentes de financiamiento de sus campañas electorales.
Reveló que ocho de cada diez dólares que entran a la campaña electoral no están sujetos a control, pero deberían ser sujetos al fisco, porque no están libres de impuesto por estar fuera de la campaña electoral.
Aunque Courtney declinó hacer comentarios respecto de las afirmaciones de Navarro, quien acusó al FSLN de apropiarse de los 600 mil dólares ocupados en un caso de lavado de dinero, para financiar la campaña electoral de 2006, dijo que la Ley Electoral no tiene mecanismos para impedir el financiamiento externo ilegal.
El principal problema es que así lo acordaron los partidos pactistas (PLC-FSLN) para recibir fondos de fuera sin ningún control, cuando eso es algo prohibido en todos los países, dijo.
Recordó que la legislación electoral nicaragüense desde hace muchos años permite las donaciones externas sólo para fines de capacitación, pero bajo ese paraguas, los partidos políticos utilizan dinero externo para propaganda electoral.
“Los amigos del candidato”
Resaltó que en Nicaragua el financiamiento privado no tiene control, y la principal figura que se utiliza es la de “amigos del candidato”, que reciben antes de los 60 días de campaña electoral que establece la Ley Electoral.
Recordó que así sucedió en las elecciones de 2001, donde una parte del dinero sustraído del Estado por el ex presidente Arnoldo Alemán pasó a la campaña, otra quedó en sus manos, y otra en la bolsa de casi 300 funcionarios que recibían dinero, y entre los beneficiarios está el presidente Enrique Bolaños.
Hubo confesiones
Cabe recordar que Bolaños y sus funcionarios esgrimieron que recibieron dinero de fuentes anónimas durante la precampaña electoral, y, por consiguiente, no habían incurrido en delito electoral, pues no estaba dentro de los 60 días de control electoral.
Courtney dijo que la Ley Electoral es un escudo, pero también una espada, y al menos los candidatos tienen que enterar al fisco porque no están protegidos por exoneración fiscal.
Eso pasó con Bolaños y sus donaciones, según Courtney.
El robo judicial de los dólares
En relación con los 600 mil dólares, Courtney adelantó que en el informe trimestral que presentarán hoy aparece este caso, porque con él se pasó del campo de las opiniones de expertos en relación con el Poder Judicial, al terreno de los hechos, donde aparecen dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente Manuel Martínez, liberal, y el sandinista Róger Camilo Argüello.
Sin embargo, dijo que las declaraciones de Navarro son altamente especulativas, a menos que presente pruebas concretas, porque también a los liberales se les cuestiona que todo lo traducen a la salida de Alemán, y en este caso eso sería “echar lodo a la vergüenza”.
Adelantó que Ética y Transparencia propondrá al Consejo Supremo Electoral, que por la vía del reglamento se establezcan contralores en la figura de “amigos del candidato”, para el rendimiento de cuentas, no sólo al fisco, sino también a la Contraloría General de la República. A la par, lanzarán una campaña para que los partidos rindan cuenta a los ciudadanos que tienen derecho de saber quién financia la campaña electoral del partido de su preferencia, y con quién tienen compromisos económicos, para después ver si tienen que devolver el favor. Ética y Transparencia presentará hoy su informe semestral, que incluye el caso de los 600 mil dólares; la amnistía de Alemán y el tema de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).
Enésima Corte Plena hoy
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia tiene programada hoy reunión de Corte Plena, para conocer el informe del Consejo
Nacional de Administración y Carrera Judicial
(Cnacj), en relación con las recomendaciones de sanciones a los jueces, abogados y notarios implicados en la trama para apropiarse de los más de 600 mil dólares ocupados al colombiano, Jorge Eliécer González Hernández, condenado a diez años de prisión por lavado de dinero.