Nacional

Reformas represivas a Código Tributario

* Se pretenden coartar derechos básicos de los contribuyentes * Código pasó trece años en la Asamblea y al fin lo impuso el FMI que ahora pide reformarlo * Es preferible que establezcan cárcel por evasión de impuestos que violar los derechos y garantías de los ciudadanos

Carlos Salinas

El seis de noviembre llegó al país una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), compuesta por los expertos en tributación Diego Romera y Raúl Junquera, para brindar “asesoramiento” al gobierno sobre la realización de una reforma al recién aprobado Código Tributario.
Los empleados del organismo multilateral estuvieron cinco días en Nicaragua, dividiendo su tiempo en reuniones con altos funcionarios de gobierno como el ministro de Hacienda, Mario Arana; el director general de Ingresos, Róger Arteaga; el director de Aduanas, Rudy Gutiérrez, y el representante del FMI en el país, Humberto Arbulú.
De esas reuniones, y de los análisis que hicieron al Código Tributario aprobado por la Asamblea Nacional el 23 de noviembre, los funcionarios del Fondo establecieron que era necesario hacer una reforma a la nueva ley, por considerar que no era lo suficientemente “eficiente y moderna”, y no garantizaba un incremento importante en las recaudaciones del país.
El resultado final fue un documento titulado “Visita de Inspección del Proyecto de Reforma de la Administración Tributaria de Nicaragua”, firmada por Romera y Junquera, y publicado por el Departamento de Finanzas Públicas del FMI. En la parte superior del documento se lee la leyenda “Exclusivamente para uso oficial”.
El primer Código
Hasta el 23 de noviembre pasado, Nicaragua era el único país de América Latina que carecía de un sistema legal apropiado que regulara la recaudación de impuestos. En 1992, el gobierno inició el trabajo para la creación de un Código Tributario, cuyo proyecto de ley fue dictaminado cuatro años más tarde por la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.
Pero fue hasta noviembre de este año cuando la Asamblea aprobó el Código, después de trece años de discusiones y reformas. La ratificación del Código Tributario se convirtió en una de las exigencias del FMI para que Nicaragua pudiera seguir dentro del programa económico pactado con esta organización, y que estuvo en crisis hasta finales de noviembre.
Ahora el FMI pide una reforma al Código, que según expertos en tributación fue elaborado con el visto bueno del organismo.
Los motivos del gobierno
Partiendo de las recomendaciones de Romera y Junquera, el gobierno de Enrique Bolaños preparó de emergencia el Proyecto de Ley de Reforma a la Ley 562, “Ley de Código Tributario”, que fue entregada a la Asamblea Nacional el jueves pasado. En su exposición de motivos la ley de reforma dice:
“El presente Proyecto de Ley de Reforma a la Ley 562, Ley de Código Tributario de la República de Nicaragua, tiene como objeto remediar disposiciones que ponen en gran desventaja a la Administración Tributaria, ya que considera que el Código Tributario, tal y como fue aprobado, está marcadamente favorable al contribuyente”.
“El objetivo principal de esta reforma es garantizar un balance adecuado entre las obligaciones y derechos de los contribuyentes y de las administraciones tributarias (…) Se están promoviendo reformas para en el marco normativo para garantizar que la capacidad recaudadora de la administración tributaria no se vea afectada”.
La ley propone reformar siete artículos del Código Tributario, y derogar otros cuatro. Mario Arana explicó que introdujeron estas reformas porque hay problemas de “inconsistencia” en algunos artículos del Código, que no fueron detectados con anterioridad porque “no habíamos tenido oportunidad de revisarlo”.
El ministro agregó que esas reformas deben hacerse para asegurar que los contribuyentes no evadan impuestos, porque explicó que en el país no existe cultura tributaria y el 90% de las recaudaciones provienen de 1,500 contribuyentes.
Datos de la DGI muestran que este año Nicaragua recaudó impuestos por un poco más de 470 millones de dólares, 53 millones de dólares más que el año pasado, cuando se recaudaron unos 417 millones.
Las reformas
Uno de los críticos más severos a las reformas propuestas por el gobierno es el experto en tributación Julio Francisco Báez, para quien la exigencia del FMI es “una falta de seriedad y desconocimiento total” de la realidad legislativa del país.
Báez se opone a las reformas al Código Tributario porque las considera que son “represivas” para los contribuyentes y dice que tiene “debilidades” que no hacen viable su aplicación:
El artículo 27 del Código está entre los que el gobierno quiere reformar. Este artículo establece que cuando la Dirección General de Ingresos (DGI), y todas las instituciones relacionadas con la administración de impuestos, realicen investigaciones o soliciten información de un contribuyente, éste deberá ser notificado y dar su autorización.
La reforma propuesta por el gobierno y el FMI es que ni la DGI ni las otras organizaciones ligadas con la recaudación, notifiquen a los afectados cuando éstos sean investigados.
Para Báez, esta reforma viola los derechos constitucionales de los contribuyentes, porque pasa por alto el artículo 26 de la Constitución que establece que toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella se investiga.
Según el experto, otra violación a los derechos de los contribuyentes es la eliminación de la exención de multas por el retraso en el pago de una deuda al fisco o por infracciones impuestas por las instituciones de recaudación. El Código Tributario establece en el artículo 26 que estas instituciones pueden dispensar a los contribuyentes del pago de estas multas.
La reforma propuesta por el gobierno es que se elimine al fisco la potestad de dispensar las multas y que éstas se cobren automáticamente, lo que Báez considera una decisión “represiva”. “Quieren aumentar las recaudaciones a garrotazos”, advierte.
El artículo 95 del Código Tributario establece que los contribuyentes podrán apelar una resolución del fisco a través de recursos, sin que tengan que pagar montos o poner garantías por someter estos recursos.
La reforma propuesta por el gobierno establece que el contribuyente debe de poner una garantía cuando someta un recurso ante el fisco, además que limita este tipo de impugnación.
Para Báez la reforma a este artículo violenta el artículo 34 de la Constitución, que establece que el derecho a la defensa es gratuito. “Esto es un asalto a los contribuyentes”, dice.
El Código Tributario también establece que los contribuyentes pueden contratar a profesionales en materia tributaria, como contadores públicos autorizados por el fisco, para que realicen un Dictamen Fiscal o auditoría que funcionaría como un aval sobre la declaración de impuestos del contribuyente.
Según el Código, los resultados de este dictamen tendrán valor, por lo que los contribuyentes estarán eximidos de toda obligación hasta que el fisco verifique el dictamen y “no detecte actos u omisiones que presuman la comisión de infracciones tributarias”.
La reforma propuesta por el gobierno establece que se elimine el Dictamen Fiscal “porque exime al contribuyente de toda obligación en lo que concierne a la declaración de impuestos”.
Agresión fiscal
Para Báez todas estas reformas crearán un “grave” daño constitucional a los contribuyentes, porque según él “serán víctimas de una voracidad recaudatoria” exigida por el FMI para que el país tenga mayor capacidad de pago.
La idea, según Báez, es que el gobierno pueda honrar tanto la deuda externa con los organismo multilaterales, como la deuda interna generada por la quiebra de los bancos y los bonos de indemnización, cuyos pagos de intereses asciende al 20 % del Presupuesto General de la República para 2006 (4 mil 900 millones de córdobas aproximadamente).
“Es una cuestión de defensa a la soberanía fiscal. Esta reforma está muy mal hecha y esconde una agresión al país”, dice el experto.
“Todos éstos son argumentos válidos. No queremos afectar a los pequeños contribuyentes, sino que queremos mejorar la fiscalización a los que tienen más”, dijo por su parte Mario Arana.
El ministro informó que esta semana discutirán en la Comisión Técnica del Diálogo Nacional la versión final de las reformas para que puedan ser aprobadas el 13 de diciembre.