Nacional

Recusan a magistrado en caso de Cementera


Eloisa Ibarra

La Procuraduría recusó al magistrado Noel Rivera Gadea, de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), para que no siga conociendo
el caso de la Cementera
debido a su relación de amistad con el abogado Antonio Morgan, representante de
la familia Somoza.
El escrito presentado por el procurador auxiliar civil, Humberto José Cortez, expresa ante los magistrados que tiene conocimiento de la relación de amistad de hace muchos años entre Rivera y Morgan, lo que imposibilita una administración de justicia de forma imparcial en el caso.
Además, agrega Cortez, el doctor Morgan ha expresado públicamente que la Sala dictará una sentencia favorable a los intereses de la familia Somoza, que reclama los bienes de la Cementera.
Cortez pide que Rivera se separe del caso, y en su defecto se proceda a integrar Sala con otro magistrado para una correcta y recta administración de justicia, en cumplimiento al principio constitucional de igualdad de las partes.
Recientemente los magistrados de la Sala Civil Dos del TAM resolvieron tramitar la apelación de la Procuraduría Civil en contra del nombramiento del interventor judicial en la Cementera, y señalaron como improcedente la solicitud de Morgan para que se declarara la improcedencia de la apelación.
La Procuraduría recurrió de apelación en contra del nombramiento de Luis Rigoberto Toruño, como interventor judicial de la Cementera a petición de los Somoza, efectuado por el juez Cuarto Civil, Néstor Castillo, en cumplimiento de una resolución de la Sala Civil Dos.
La Procuraduría ha insistido en que no aceptarán la intervención ordenada por el TAM, porque se ha alterado el proceso y no se han respetado las leyes, pues el Decreto Tres de 1979 sigue vigente y no se ha revocado ni declarado inconstitucional.
El nombramiento de interventor surgió dentro de un juicio civil de aseguramiento de bienes litigiosos promovido por los Somoza, que inició una demanda contra el Estado, después de conseguir que la ex juez Yelba Aguilera reconociera como legales las acciones invalidadas con el Decreto Tres en agosto de 1979.