Nacional

EU ejecuta al preso número mil

* Para esta semana están programadas otras cinco penas capitales * “El Estado ha matado en nombre de la justicia”, afirma Amnistía Internacional

Washington /EL PAÍS -Ohio llevó a cabo la ejecución número 999 desde que el Tribunal Supremo reinstaurase la pena de muerte en Estados Unidos, tras una moratoria de diez años que acabó en 1976. A las 10:20 de la mañana del martes, John Hicks, de 49 años, era ejecutado en el Correccional de Lucasville, Ohio, por inyección letal. Hicks asesinó en 1985 a su suegra de 56 años y a su hijastra de cinco.
Si el Gobernador saliente de Virginia, el demócrata Mark Warner, no conmuta la sentencia a la pena capital para Robin Lovitt, este preso será ejecutado por el Estado con una inyección letal. Su muerte elevará a 1,000 el número de “homicidios legales” llevados a cabo por EU desde 1976.
Esta semana están programadas cinco penas capitales --una ya se ha cumplido-- en cinco diferentes estados de la Unión. Sin lugar a dudas, a final de la semana se habrá superado la cifra psicológica de las 1,000 ejecuciones.
Desde la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte (NCADP, por sus siglas en inglés) se llamaba esta semana a “la reflexión”. “Es un momento sombrío, pero aún así hay que decir que Estados Unidos está lentamente alejándose de la pena de muerte”, aseguraba la NCADP.
Las penas capitales han descendido un 50% desde finales de la década de los noventa, y las ejecuciones en un 40%, siendo el número más alto 98 en 1999. Un sondeo de Gallup del mes pasado, revelaba que el 64% de los estadounidenses se mostraba a favor de la máxima pena, el nivel más bajo en 27 años. En 1994, más de un 80% de norteamericanos se definieron a favor de la pena de muerte.
Para el Centro de Información sobre la Pena de Muerte existe un “considerable escepticismo público” sobre si los ejecutados son verdaderamente culpables, así como dudas sobre el sistema de condenas en su conjunto. Hasta la fecha se ha dejado en libertad a 122 condenados a muerte en todo el país por haber sido declarados culpables por error.
Dudas razonables
Sobre el caso de Robit Lovitt penden “dudas más que razonables”, según informaron la semana pasada sus abogados, de que éste cometiera el crimen por el que fue condenado a muerte en 1999. La sentencia a la máxima pena para Lovitt atrajo atención mundial, y varios conservadores prominentes --incluido el fiscal especial Kenneth Starr, quien investigó la relación extramatrimonial del ex presidente Bill Clinton con la becaria Monica Lewinsky-- han reclamado al gobernador Mark Warner que conmute la sentencia.
Lovitt fue condenado a morir a manos del Estado en 1999 por el asesinato con unas tijeras del jefe de noche de un local de billares el año anterior. Lovitt asegura que el crimen lo cometió otra persona, y sus abogados argumentan que hubieran podido demostrar su inocencia si una prueba de ADN del acusado presentada en su juicio no hubiera sido destruida ilegalmente.
Sobre el popular gobernador demócrata Warner, visto por muchos como posible candidato a las presidenciales de 2008, están puestas ahora todas las miradas, y su decisión se escrutará políticamente. Warner ha rechazado todas y cada una de las 11 peticiones de clemencia que fueron realizadas durante su etapa de gobernador.
Si en esta ocasión Warner accediese a la revisión del caso y Lovitt no fuese ejecutado hoy, Kenneth Boyd se convertiría en el preso ejecutado número 1,000 de la historia de la pena de muerte en EU desde 1976, al serle administrada el viernes una inyección letal en Carolina del Norte.
Shawn Humphries morirá a manos del Estado de Carolina del Sur ese mismo día y será el ejecutado número 1,001. En Arkansas está prevista para esta semana la muerte de Eric Nance. Tejas, Virginia y Oklahoma tienen en su haber más de la mitad de las 997 ejecuciones llevadas a cabo desde 1977.
Sólo en Tejas se han ejecutado 355 sentencias. Nueva York, Illinois y Nueva Jersey han declarado una suspensión de las ejecuciones, y en todo el país se están planteando numerosas cuestiones sobre si el sistema de la pena de muerte es justo y eficaz.
En opinión de Amnistía Internacional (AI), “la lotería de la muerte alcanza vergonzosos límites” con la ejecución del preso número 1.000. “El Estado ha matado en nombre de la justicia a casi un millar de personas”, afirmó AI.