Nacional

Otra demanda al Estado ante CIDH


Lizbeth García

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió y dio trámite a la demanda que el Sindicato de Profesionales de la Educación Superior “Ervin Abarca Jiménez”, de la Universidad Nacional de Ingeniería, presentó contra el Estado por violación a los derechos humanos laborales, sociales y sindicales.
“Éste es el paso previo. En los próximos dos meses el Estado de Nicaragua tendrá que enviar su informe del caso al organismo internacional para determinar si el juicio procede o no, si no llegamos a un acuerdo antes”, explicó Julio Noel Canales, miembro de la directiva del sindicato demandante, que también recurrió de queja contra los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, incluido el cuestionado Róger Camilo Argüello, porque supuestamente “escondieron” un expediente.
No fue posible conversar con los magistrados objetos de queja, porque ayer estaban ocupados, resolviendo el caso de los 609 mil dólares sustraídos ilegalmente de una cuenta de la Corte.
Julio Noel Canales explicó que demandaron al Estado porque el Ministerio del Trabajo y los juzgados laborales no permitieron negociar el convenio colectivo 2003-2004 para los trabajadores de la Universidad de Ingeniería, bajo el supuesto de que no cumplieron todos los requisitos de ley para constituirse como sindicato, y por ende les negaron la inscripción en el registro de juntas directivas que lleva el Ministerio de Gobernación.
Después de agotar la vía administrativa, recurrieron de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte rechazó el recurso, “diciendo que los convenios internacionales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), están por debajo de las autoridades nicaragüenses judiciales”, apuntó.
Lo que dice la sentencia es que, efectivamente, las autoridades de la universidad no convocaron al Sindicato “Ervin Abarca Jiménez” a una sesión extraordinaria celebrada en 2003, donde se discutirían asuntos vitales concernientes al alma máter, porque existía una orden judicial de noviembre de 2002.
La aludida orden recomendaba a la rectoría suspender la acreditación del Sindicato de Profesionales de la Educación Superior “Ervin Abarca Jiménez” ante el Consejo Universitario, hasta que dicha autoridad resuelva el conflicto que surgió por la existencia de dos juntas directivas para un mismo sindicato. Pero Canales dijo que la orden judicial que mencionan los magistrados de la Corte Suprema no tiene ningún valor jurídico, porque fue apelada en su momento.
Además, Canales mencionó que el fallo de la Corte es cuestionable, “porque en cuanto llegó el amparo, escondieron el expediente y nunca dieron la copia certificada que estábamos pidiendo, hasta que salió la sentencia, por lo que recurrimos de queja contra ellos por violación al procedimiento que establece la publicidad procesal”.