Nacional

Magistrados por encima de la ley

* Se reitera que investigación sólo recaerá sobre jueces y abogados * “No le podemos tirar lodo a los compañeros de Sala”, dice Presidente de la Corte * Fiscal también anuncia que su investigación ya está terminada, pero no puede darla a conocer “porque es muy delicada”

Lizbeth García

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, tácitamente confirmó que los magistrados están por encima de la ley al decir que no existe procedimiento para juzgar al doctor Róger Camilo Argüello ni a ningún otro magistrado, por el caso de los 609 mil dólares sustraídos de la cuenta de la Corte.
“Nosotros no podemos juzgar al doctor Argüello digan lo que digan. No lo podemos juzgar. Ni siquiera la Asamblea Nacional tiene un procedimiento para juzgarnos a nosotros, de manera que cualquier cosa que se diga es una inquietud, es un clamor, es un amarillismo, lo que sea o reclamo justo, pero no existen los procedimientos para que nosotros lo hagamos, ni nadie lo puede hacer”, justificó Martínez.
“Nosotros juzgamos lo que la ley nos faculta, y nos faculta a juzgar a los jueces, a los abogados y notarios, y a los magistrados de los tribunales de apelaciones. Después no podemos juzgar a nadie”, insistió Martínez, quien señaló que es a la Asamblea Nacional a la que le compete llenar los vacíos que la Ley de Carrera Judicial tiene.
Argüello y el propio Manuel Martínez están implicados en el caso. El primero facilitó el libro copiador de sentencias para que la abogada Astrid Bracamonte, razonara el proyecto de sentencia que luego sirvió para que el juez Julio Morales, ordenara la entrega del dinero.
Martínez, por su parte, avaló con su firma la salida del dinero. Ayer el magistrado presidente de la CSJ reiteró que si firmó el cheque fue porque el juez Morales ordenó que se devolviera ese dinero.
No puede “tirar lodo a compañeros”
“El doctor Róger Camilo Argüello tiene derecho a solicitar de la secretaria de la Sala de la que es parte y de las que no lo es, el libro copiador de votos o sentencias y tenerlo por si le pregunta un ciudadano sobre tal o cuál voto. Esa es la culpa que le quieren achacar al doctor Argüello, pero yo como par no le puedo tirar lodo a mis compañeros de trabajo”, apuntó Martínez al defender a su homólogo.
Por su parte, el magistrado Rafael Solís, Vicepresidente de la CSJ, indicó que la comisión investigadora envió a la Sala Constitucional todo el informe donde la defensa de Jorge Eliécer González y Leyla Bucardo, comparece diciendo que él no presentó el recurso de queja ante la Corte, “entonces eso es importante y eso nos sirvió de base para tomar una decisión hoy (ayer)”.
La Sala Constitucional hará pública la sentencia desestimando la queja donde la defensa de los reos alegaba que Jorge Eliécer y su novia no habían sido detenidos en Managua sino en Masaya, y la Corte Plena también dará a conocer su resolución final sobre los abogados y los cuatro jueces involucrados en el caso, pero dejando por fuera a quienes la Procuraduría de Justicia califica como “los peces gordos”.
Sólo uno a la Fiscalía
Sergio Meléndez, quien no es abogado ni funcionario judicial, pero que está involucrado en el caso, será remitido ante la Fiscalía para que sea esta instancia la que accione en su contra, detalló el magistrado Edgard Navas, miembro de la comisión investigadora.
Aunque la Corte Plena sesionó hasta ayer en la noche, ningún magistrado quiso hacer declaraciones oficiales. “En la propuesta de resolución hay destituciones y suspensiones”, dijo escuetamente Navas por la mañana.
El fiscal general de la República, Julio Centeno, lamentó que no exista una ley que establezca el procedimiento de destitución para los magistrados electos por la Asamblea.
Recordó que hace cuatro años se aprobó una ley de destitución de magistrados, pero cuando ya estaba aprobada, la Corte la declaró inconstitucional.
Centeno adelantó que las investigaciones que el Ministerio Público y la Policía hicieron por su lado ya están concluidas, pero declinó dar detalles de la misma “por tratarse de situaciones muy delicadas que ningún investigador revelaría”.
No obstante, Centeno advirtió que una vez que reciban el informe de la Corte Plena sobre los 609 mil dólares, van a pasar a constatar si lo averiguado por la Corte coincide “con las realidades” investigadas por la Policía y el Ministerio Público, y luego pasarán a determinar las responsabilidades de las personas mencionadas y hasta después pasarían a entablar las acciones que correspondan.