Nacional

“Zarandean” a Fiscal

* El funcionario de Panamá le señala en carta a Centeno Gómez, no tener voluntad de cooperar en el juicio que se ventila contra Alemán, Jerez y sus respectivas familias * El ministro llega hasta decirle al fiscal nicaragüense “que no se requiere gran esfuerzo mental” para comprender los alcances del Tratado de Asistencia Legal Mutua * Centeno Gómez minimiza el asunto diciendo que es “una airada reacción de una persona molesta”

Eloisa Ibarra

Las autoridades de Panamá declararon ilegal y como una violación a la soberanía de ese país, la notificación que hicieron en el caso del ex presidente Arnoldo Alemán por blanqueo de capitales, dos funcionarias de la Fiscalía nicaragüense, sin mediar ningún tipo de autorización por parte de la Autoridad Central de Panamá.
Lo anterior lo expresa el director Nacional del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá, Edwin A. Aldeano, en una carta enviada al fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) nicaragüense.
Aldeano señala a Centeno de falta de voluntad en cooperar con la administración de Justicia de Panamá en el proceso iniciado a Alemán, varios de sus familiares, su esposa, María Fernanda, su suegro, y los ex funcionarios Byron Jerez, Alfredo Fernández y Jorge Solís, por blanqueo de capitales en perjuicio de la economía panameña.
Centeno Gómez minimiza
Centeno reaccionó calificando la carta de airada y violenta, diciendo que no es nada oficial y, más bien una respuesta de alguien molesto, que lo trae otra persona molesta porque las cosas no le salieron bien.
Al mismo tiempo rechazó que el Ministerio Público pretenda obstruir el proceso en Panamá, aferrándose a su interpretación de que a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía, son la Autoridad Central, porque asumieron las funciones en materia penal que tenía la Procuraduría de Justicia.
En la carta, Aldeano le expresa a Centeno: “Doy respuesta a su notificación judicial que de forma ilegal y violando la soberanía de la República de Panamá, dos de sus funcionarias, Delia Rosales, secretaria Ejecutiva y la fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, ejecutaron en la Dirección Nacional del TALM, el pasado 8 de noviembre sin mediar ningún tipo de autorización por parte de la autoridad de Panamá”.
Tremenda desmentida
“Mis afirmaciones se sustentan en el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, del cual usted dice ser Autoridad Central, el mismo en su artículo 2 establece el ámbito de competencia”, agrega la nota..
A continuación le recuerda a Centeno que el ámbito de competencia, incluye la asistencia legal, de conformidad con lo que dispone el Tratado “la notificación de resoluciones judiciales y otros documentos emanados de autoridad competente…”.
“En virtud de lo antes señalado, y sin reconocerle ningún tipo de legalidad a la notificación judicial realizada por sus funcionarias en la Dirección Nacional del TALM, me voy a permitir desmentir cada punto de sus señalamientos, fundamentándome en las normas del derecho internacional público que rigen el marco legal en materia de asistencia legal mutua penal entre nuestros dos países”, expresa Aldeano en su carta.
Centeno respondió que los funcionarios de ese Ministerio Público no llegaron a cumplir una diligencia de carácter judicial, sino más bien administrativa, a devolverle un expediente.
“Falta de voluntad de cooperar”
Aldeano le indica que obvia el aspecto más fundamental de la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Nicaragua, que señala: “Examinada la solicitud del Procurador General de la República, esta Sala atisba que la solicitud se enmarca dentro del Tratado de Asistencia Legal Mutuo en asunto penales, entre los países de Centroamérica y Panamá, el 29 de octubre por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Centroamérica y Panamá.
“Además, la cédula en mención le ordena a usted dar trámite a la petición incoada y es fácil advertir su falta de voluntad en cooperar con la administración de Justicia de Panamá”.
“Si insiste en seguir tramitando las solicitudes de asistencia legal a través de la PGR, además de actuar contra el orden legal interno, se encontrará siempre con el criterio de la CSJ, que se pronunció en una resolución definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada”, respondió Centeno durante una conferencia de prensa.
Panamá señala de falsas las declaraciones de Centeno al afirmar que en la primera parte del proceso, el Ministerio Público actuó como autoridad central cuando el Convenio invocado por la Fiscalía Anticorrupción fue la Convención Interamericana de Asistencia Legal Mutua en materia penal, en la cual la autoridad es la PGR.
La doctora Rosales insistió en afirmar que se utilizó el Tratado entre los países de Centroamérica y Panamá.
“No se requiere hacer gran esfuerzo mental para advertir que el remitir la solicitud a la autoridad central especificada en el Tratado, no la obliga a ejecutar la diligencia, puesto que no es el deseo del Tratado quebrantar las leyes internas de los Estados partes”, dice Aldeano.
Centeno le responde en negrilla, tal como señala en su nota, “no se requiere de gran esfuerzo mental para advertir en usted el desconocimiento de sus propias leyes internas, porque si consideraba ilegal el acto de dicha gestión, se hubiese abstenido de recibirla y estampar el sello en el documento entregado por el Ministerio Público”.
Aldeano le recuerda, que el 23 de octubre, Nicaragua notificó a la Secretaría General de la OEA su voluntad de designar como autoridad Central a la PGR. Esto después de que se aprobara la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Según Centeno eso fue una violación de la Ley, porque en 2003 estaba la ley Orgánica del Ministerio Público que pasaba las facultades de la Procuraduría, y el Ejecutivo hizo mal en confrontar al Ministerio Público y desorientar a los demás países firmantes del Tratado.
Centeno respondió que “al Estado lo representa la Ley”, cuando se le preguntó quién representa al Estado en el Tratado, la Cancillería que lo firmó o el Ministerio Público.
Por otra parte, Mauricio Martínez, defensor de Alemán, dijo ayer que existen posibilidades de que la audiencia del 23 no se realice porque interpusieron un Recurso de Amparo y alegato de nulidad, debido a que Alemán no podía ser citado por edictos.
Adelantó que la defensa no se presentará a la audiencia si la autoridad judicial insiste en realizarla.