Nacional

Inafor refuta señalamientos del Procurador Ambiental


Hemos recibido la siguiente comunicación:
Licenciado
Francisco Chamorro
Subdirector
El Nuevo Diario
Su Despacho.

Estimado Señor Subdirector:

Nos referimos a denuncia del Procurador Ambiental Licenciado Lisandro D’León, publicada el día once de noviembre de 2005 en El Nuevo Diario, titulada Inafor “Defensor Oficioso de Ilegales”, entrevista publicada bajo la responsabilidad de Valeria Imhof.
En dicha denuncia, el señor Procurador Ambiental expresa: “La Dirección Superior del Instituto Nacional Forestal (Inafor), está devolviendo los “camiones incautados” que trasladan madera de forma ilegal, botando incluso el trabajo que hacen sus delegados”, señalando como el ejemplo más elocuente un camión y una rastra que se encontraban retenidos y sujetos a decomiso por parte del delegado municipal en Siuna, Fadel Mercado Lazo.
Al respecto, negamos, rechazamos y contradecimos dichas aseveraciones infundadas, ya que las mismas carecen de veracidad y sólo demuestran el poco conocimiento que de la Constitución Política de Nicaragua, de la Legislación Forestal vigente, del Derecho Administrativo y de otras leyes conexas, del licenciado D’León Mairena, que hasta se atreve a comparar un acto eminentemente administrativo (Proceso Administrativo llevado Delito de tráfico de Drogas en la delegación Municipal Inafor-Siuna), con un ilícito regulado por el Código Penal, como es el que nada tiene que ver con el caso que nos ocupa.

En primer lugar, el Arto. 5, de nuestra Carta Magna prescribe los principios de la Nación nicaragüense, entre otros el principio de la Justicia, el cual debe ser aplicado a toda persona sin distinción de clase, credo o política.
Dentro de las Garantías Constitucionales, el Arto. 26. numeral 4, expresa: Toda persona tiene derecho a conocer la información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tienen esa información (Toda persona natural o jurídica tiene el derecho al debido proceso).
El Instituto Forestal, ente de Gobierno descentralizado, con autonomía funcional, técnica y administrativa, respetuosa de la Constitución Política y de las leyes, desea dejar sentada su posición respecto al caso denunciado por el señor Lizandro D’León.
El Arto. 34, numeral 4 Cn prescribe: Todo procesado tiene derecho, en igualdad de circunstancias a las siguientes garantías mínimas: “A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.
El Arto. 34 numeral 4 Cn; así como el Capítulo VIII (Artos. 91-94) del Decreto 73-2003 (Reglamento de la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal), se violentaron en contra del ciudadano Germán Rodríguez Downs, por parte del Delegado Municipal Inafor-Siuna, con las siguientes nulidades:

1. El proceso administrativo se inició tres (3) días después de lo establecido por la Ley.
2. Se inició en una sola cuerda (lo establecido es que se lleve en proceso separado).
3. No le notificaron la apertura de proceso.
4. No le notificaron el período de pruebas.
5. El proceso se resolvió en diecinueve días (lo establecido es catorce días).
6. La resolución Administrativa No. DF II 1605002-05 de primera instancia, solamente decomisa el medio de transporte, sin determinar a quien se le decomisa.

Si el señor Lizandro D’León se muestra tan preocupado por la devolución de un medio de transporte en su afán de protagonismo; también debería preocuparse por explicar qué ha hecho él y la Procuraduría Específica Ambiental, para recuperar miles de dólares propiedad del Estado de Nicaragua, producto de multas impuestas por el Inafor a personas naturales y jurídicas que han violentado la legislación forestal y que el señor D’León se comprometió personalmente a recuperar por la vía judicial. (son más de 40 Resoluciones de multa).
El “Honorable” señor Procurador Ambiental debería informar a los medios de comunicación social, cuántos camiones decomisados por Inafor, propiedad del Estado de Nicaragua han sido secuestrados, y que hasta la fecha no han sido recuperados por la Procuraduría Específica Ambiental.
El “Señor” Procurador Ambiental, también debería informarle a los medios de comunicación social, cuántos medios de transporte ha decomisado el Inafor, y cuántos se encuentran con Recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia.
El Inafor y sus funcionarios en su actuar diario, constantemente reciben distintas clases de amenazas, hemos sido rafagueados y hemos sido injuriados y calumniados incluso con las aseveraciones del señor Procurador Ambiental; sin embargo seguimos en pie de lucha sin que nada nos detenga, pero haciendo uso de la Constitución Política y de los procedimientos administrativos que manda la legislación forestal y demás leyes conexas. No está bien que el señor procurador, en su afán de buscar publicidad, haga a un lado la equidad y la justicia.
En los procedimientos administrativos quien resuelve o juzga, valora los agravantes y atenuantes para tomar su decisión, la cual debe ser además de legal, también debe ser justa y apegada a Derecho. No creemos que nuestra conducta deba ser la de un inquisidor implacable, que cierra los ojos a la justicia.
Nos gustaría que los medios de comunicación y la Procuraduría reconocieran la labor desempeñada por el Inafor desde 2003 contra la ilegalidad, sin contar con los recursos económicos necesarios, con bajos salarios, con grandes sacrificios y penurias de nuestros delegados; pero tristemente esto no se reconoce.
Nos extraña sobremanera la expresión injuriosa del Señor Procurador Ambiental, licenciado Lisandro D’León Mairena, porque en más de una ocasión hemos realizado acciones conjuntas en contra de la ilegalidad.
Para concluir, esperamos de este funcionario se olvide un poco del figureo y más bien se dedique a la recuperación de bienes muebles (medios de transporte) y multas impuestas a través de resoluciones administrativas desde el año 2003, que ya suman muchos miles de dólares (resoluciones que les enviamos en fecha 21/01/05, 28/05/05) y que hasta hoy no han recuperado ni un solo centavo. La falta de acción de parte del ya nominado Procurador Ambiental causa daño al patrimonio del Estado.

Atentamente,

Indalecio Rodríguez Alaniz.
Director Ejecutivo.