Nacional

Decisión en Aduana: No devolverán nada

* Procuraduría recurre de queja contra “alegre” repartición que hizo el juez de Rivas, del más de un millón de dólares

Eloisa Ibarra

Mientras el director jurídico de la Aduanas Francisco Mendoza afirmó que no devolverán los 300 mil dólares decomisados a los mexicanos Luis David Zamora Ramírez y Rigomilda Valencia Barragán, porque la juez no puede dar una orden en ese sentido, la Procuraduría presentó una queja contra el juez que repartió el más de un millón 200 mil dólares en Rivas al margen de la ley.
Mendoza explicó que el dinero fue objeto de decomiso mediante una resolución del director de Aduanas, y no recurrieron de apelación y quedó firme. Se decomisó porque el dinero es mercancía, y la Ley de Contrabando y Defraudación establecen los parámetros para actuar, asimismo, la Ley General de Aduanas.
El dinero no será devuelto porque lo establece claramente el artículo 321 del Código Procesal Penal (CPP), “si el fallo o veredicto es de no culpabilidad, el juez ordenará, salvo que exista otra causa que lo impida, la inmediata libertad del acusado que esté detenido y la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén sujetos a comiso”.
Asimismo, añadió que el artículo 159 del CPP, dice que la sentencia del juez dispondrá su restitución a los legítimos propietarios cuando sea procedente, y si él demuestra que el dinero es suyo está bien, pero es difícil que no puedan hacerlo.
Pese a lo establecido en los artículos 159 y 321, la jueza Sexto Penal de Juicio, Miriam Guzmán, ordenó al director de Aduanas y al gerente general de Banpro, la entrega ipso facto del dinero a los mexicanos.
Mendoza informó que remitió un escrito a la juez para que aclare si la sentencia está firme o no, porque envió un oficio al director de Aduanas, donde dice que debe cumplir la sentencia, y se encuentra en una disyuntiva porque la Procuraduría recurrió de reposición.
Queja contra juez de Rivas
Por su parte, el procurador Penal Iván Lara Palacios presentó una queja ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (Cnacj), en contra del juez de Audiencias de Rivas, Edward Peter Palma Mora, por retardo en el caso de más de un millón de dólares de contrabando aduanero.
Lara argumenta que la Procuraduría Penal de Rivas ha urgido al juez que programe audiencia para discutir lo relacionado con la distribución de los 1,205,922.00 dólares que fueron ocupados a dos guatemaltecos condenados por contrabando aduanero.
Y es que la Procuraduría ha protestado desde que el juez Palma Mora, al condenar a Carlos Estuardo Méndez Olivares y Selvin Aníbal Betancourt Juárez, también ordenó distribuir el dinero entre Aduanas, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional.
Palma Mora decidió distribuir el dinero en partes iguales a las cuatro instituciones, o sea 301,480.50 dólares a cada uno para fortalecimiento institucional.
La Procuraduría reclama que se respete la Ley de Contrabando Aduanero que establece la distribución de lo decomisado de la siguiente manera: un tercio al denunciante, un tercio a los captores y un tercio a la Dirección General de Aduana.
El dinero, alega el procurador auxiliar Edén Aguilar, debe distribuirse entre la Fiscalía, Aduanas y la Policía Nacional. El Poder Judicial no está contemplado en la ley.
Los guatemaltecos fueron capturados en la frontera de Peñas Blancas con el dinero oculto en una camioneta Ford, y aunque la Fiscalía y la Procuraduría pidieron una condena de cuatro a cinco años de prisión, el juez Palma a petición del abogado defensor, les impuso la pena mínima de tres años por contrabando aduanero.
Al imponerles la pena mínima el defensor pidió la suspensión de la condena y el juez Palma accedió y los dejó en libertad, después de rendir una fianza de quince mil córdobas cada uno de los reos.
Recientemente, el magistrado de la Sala Constitucional, Rafael Solís, salió en defensa del fallo y hasta dijo que el Poder Judicial ya utilizó su parte.