Nacional

Mandan a suspender brutal desalojo


Silvia Carrillo

Pobladores que fueron desalojados por un grupo de policías en las comunidades de San Bartolo, Conchital, San Cayetano y Jícaro “A”, en San Rafael del Sur, protestaron ayer frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para exigir a los jueces que no prosigan con el desalojo, que ya fue suspendido por el Tribunal de Apelaciones de Managua.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) confirmó que el desalojo de más de un mil 500 familias inició el 18 de octubre por mandato de la juez Vida Benavente, del Juzgado Tres de Distrito Civil de Managua, y ejecutado por el doctor Galeano Bravo, juez Suplente Octavo Penal de Audiencia, quien al frente de un grupo de civiles armados y protegido por antimotines, ya ha destruido 16 viviendas.
Las personas desalojadas recurrieron de amparo, y el viernes cuatro de noviembre, el Tribunal de Apelaciones de Managua resolvió suspender los efectos administrativos aún no cumplidos, es decir, que la Policía Nacional debe retirarse del lugar.
El Tribunal de Apelaciones hizo del conocimiento a los pobladores afectados, al Procurador General de la República, doctor Alberto Novoa, y a la juez Vida Benavente, que la acción ejecutada fue ilegal.