Nacional

Evaden notificar a Alemán y compañía

*** Después de retrasar las diligencias en la Corte, la Fiscalía termina por devolverlas a Panamá *** Un sencillo suplicatorio para notificar de audiencia, ha sido convertido en problema de derecho internacional *** Todo coincide con lo dicho por Alemán, quién mandó a “estudiar” a la Fiscalía panameña

Eloisa Ibarra

El fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, informó que devolvieron la solicitud de auxilio judicial a Panamá, para que la reenvíen a través de ellos y no de la Procuraduría General de la República (PGR), lo que podría retrasar la primera audiencia del ex presidente Arnoldo Alemán y demás indagados en el caso de blanqueo de capitales.
Notificación tal vez el próximo año
Explicó que después de eso, la Fiscalía remitiría la petición a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que ésta designe a un juez que se encargaría de notificar la programación de la audiencia preliminar el próximo 23 de noviembre.
La Fiscalía de Panamá, junto a Alemán, acusó por un presunto blanqueo de capitales de más de 70 millones de dólares a la esposa de éste, María Fernanda Flores; a su suegro, José Antonio Flores; a su hermano Álvaro Alemán y a su sobrino, Arnoldo Alemán Estrada.
Asimismo, Byron Jerez, su esposa Ethel González y su hija Valeria Jerez; el ex secretario privado de Alemán, Alfredo Fernández, y Jorge Solís Farias, ex presidente de Enitel.
Centeno regresó la solicitud respaldado en la sentencia de la Sala Penal de la CSJ, que se negó a tramitar la asistencia legal, por considerar que la autoridad competente para prestar la asistencia de acuerdo al Tratado de Asistencia Legal es el Ministerio Público y no la PGR.
Una simple notificación
Panamá solicitó la asistencia legal a la PGR amparado en el “Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá”. El cambio para el Ministerio Público podía haberse salvado sin devolver o retrasar una simple notificación.
En el Tratado se establece que para Nicaragua, la autoridad competente será la Procuraduría General de la República; Costa Rica, la Procuraduría General de la República; El Salvador, Guatemala y Honduras, designaron a la Corte Suprema de Justicia y Panamá al Ministerio de Gobernación y Justicia.
El Tratado fue suscrito por los cancilleres de cada uno de los países, en representación de los Estados, y no por los funcionarios de las autoridades designadas para prestar el auxilio judicial.
Por consiguiente, la decisión de la Fiscalía de informar que son los competentes, podría retrasar la audiencia programada para el 23 de noviembre, porque la defensa de Alemán y sus familiares podrían alegar que el cambio de autoridad no fue comunicado a través de la Cancillería, suscriptora del Tratado.
El artículo 25 del Tratado establece que cualquiera de los Estados Contratantes podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación escrita al Depositario, y la denuncia entrará en vigor 180 días después de la fecha de notificados.
El procurador penal, Iván Lara Palacios, quien se encuentra fuera del país, ha sostenido que el gobierno de Nicaragua no ha cambiado a la autoridad, en este caso a la PGR.
Una rara defensa del proceso
El propio Centeno en la resolución enviada a Panamá, expresa: “Esta autoridad no puede subsanar de oficio el desacierto cometido, pues no le faculta ni autoriza el Tratado referido a hacerlo, ya que de acuerdo al principio de estricta legalidad, ningún funcionario público puede atribuirse más facultades que la establecida en la Constitución Política y las leyes de la República.
Señala que como una institución de derecho, no pueden actuar al margen de la ley y seguir generando vicios que puedan repercutir negativamente en el proceso referido incoado en Panamá.
“No queremos dar motivos a nulidades de forma y quizá de fondo en el procedimiento panameño, y alertando tal vez a los defensores a que provoquen nulidades en el proceso”, dijo Centeno.
Informó que desde el primero de noviembre remitieron a Panamá lo actuado y notificaron la diligencia a Mauricio Martínez, defensor de Alemán, porque había estado llegando a preguntar, pese a que la ley lo prohíbe.
Precisamente, Panamá envió las diligencias para que Alemán y los demás acusados sean notificados de la audiencia programada para el 23.
El artículo 20 establece que toda información o pruebas suministradas por razón del presente tratado, se mantendrán en estricta confidencialidad salvo que éstas sean requeridas en investigaciones que formen parte de un proceso penal descrito en la asistencia.
Centeno refirió que desde el primero de noviembre le enviaron correspondencia a la Fiscalía de Panamá, pero ayer viajarían a ese país la secretaria de la Fiscalía, Delia Rosales y la fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, para hacerlo personalmente.