Nacional

Minas se esparcen como agua

* Empresas mineras cambian de razón social para no pagar impuestos * Pero tienen una serie de prerrogativas para realizar sus operaciones * Basta tener un buen padrino y pasar por alto el permiso del Marena

La explotación minera está proliferando de nuevo en el país, con el consecuente peligro que las empresas mineras causen severos daños a la superficie de las tierras durante las exploraciones, contaminen los acuíferos y provoquen otros problemas de carácter irreversible.
“Hasta el momento hay un millón 432,433.5 hectáreas concesionadas para la minería, lo que representa el 26% del territorio del país, lo que debe ser una campanada de alerta. Entre los departamentos en uso minero están Bonanza, en la RAAN; Chontales, Jinotega y Chinandega”, informó Felipe Ortiz Miranda, coordinador de proyectos del Centro Humboldt (CH).
Según Ortiz, el Centro Humboldt no está contra la explotación del recurso, sino contra el crecimiento del territorio para exploración minera, ya que perjudica el territorio y sus pobladores, además de no ofrecer ninguna ganancia a los municipios. A estas empresas mineras se les permite explotar una zona hasta durante 12 años, sin embargo, luego cambian de razón social para no pagar impuestos.
“Durante el primer año deben pagar 0.25 dólares por hectárea, las ganancias son repartidas en un 35% a los municipios, el 50% al Tesoro Nacional, y 15% al Fondo de Desarrollo Minero, no obstante no es así, ya que las empresas no pagan a los municipios”, expresó Ortiz.
Exentas de impuestos
También las empresas mineras están exentas del Derecho Arancelario de Importaciones (DAI), Impuesto Específico de Consumo (IEC) e Impuesto General del Valor (IGV), impuestos que el Gobierno central cobra a los municipios.
Ortiz sostiene que “las concesiones otorgadas por el Ministerio de Fomento y Comercio (Mific) no respetan áreas protegidas como Bosawás, lo que puede provocar que la Unesco retire el otorgamiento de ser consideradas Reservas Mundiales”.
El especialista dice que se abrieron nuevas concesiones en Boaco, Chontales y Managua hasta julio de 2005, según un estudio de Industrias Extractivas con énfasis en Minería, que realizó el Centro.
La Ley Especial de Exploración y Explotación de Minas (Ley 387), aprobada en 2000, menciona que las empresas mineras de las concesiones otorgadas deben tener un permiso ambiental otorgado por el Marena. Sin embargo, “basta tener un buen padrino para pasar por alto el permiso, como lo ocurrido con la empresa Iberoamericana de Minas S.A”, afirmó Ortiz.
Caso Iberominas
Iberominas es una empresa minera ubicada Villa Nueva, Chinandega, y desde 2003 realiza exploraciones sin permiso del Marena, sólo cuenta la concesión del Mific, ya vencida, según confirmó Ortiz. Esta exploración incontrolada está poniendo en riesgo los acuíferos de la zona.
A esta empresa el Mific le concedió 25,998 hectáreas para explorar en San Pedro, Cinco Pinos, San Francisco, Santo Tomás, Somotillo y Villa Nueva, pero nunca presentó el estudio ambiental, conforme la ley, ante el Marena. Como resultado ha ocasionado grandes daños en estas comunidades al punto de poner en peligro el abastecimiento de agua potable que impulsan Save the Children y el Gobierno de Canadá.
Ninguno de dichos municipios ha recibido el 35% de las ganancias que obtiene Iberominas, que por el contrario ha realizado arreglos con los dueños de las tierras para que le permitan explorar en sus propiedades, a cambio de 250 dólares por manzana.
En el caso que la empresa encuentre mineral útil el dueño de la parcela pactará con la empresa la forma de pago por la extracción de dicho material, según un documento que Iberominas presenta y ofrece a los campesinos. Pero al final, esta empresa sólo deja la destrucción hecha y no paga un centavo, como el caso de Elvira Corrales en El Chaparral.
“El gerente de Iberominas, el español Bernardo Pozada, ha hecho lo que ha querido en Nicaragua”, señaló Ortiz. “Hacemos un llamado a que las instituciones involucradas como la Procuraduría del Medio Ambiente reaccione de oficio y sancione al Marena y Mific, al permitir que Pozada proceda por encima de las leyes”, dijo.
El representante de esta empresa en San Pedro, Santos Tijerino González, dijo al vicealcalde de este municipio que no poseían permiso de exploración, porque se les había vencido y estaban en trámites, sin embargo, el Marena nunca les ha otorgado tal permiso.