Nacional

¿Acabarán con agua en norte de Chinandega?

* Sin permiso de Marena, pero al parecer empresa española con concesiones ya vencidas tiene “trato especial” del Gobierno * La denuncia la documenta el Centro Humboldt en todos sus extremos

Sin manantiales y con daños ambientales están quedando los cinco municipios del norte de Chinandega, en donde la empresa Iberoamericana de Minas S.A. (Iberominas) realiza exploración de minas sin permiso del Marena regional o central, actuando bajo la concesión que el Ministerio de Fomento y Comercio (Mific) le otorgó en junio de 2003 y venció en febrero de este año.
Felipe Ortiz, Coordinador de Proyectos del Centro Humboldt (CH), denunció ante EL NUEVO DIARIO las acciones de exploración --sin autorización-- que realiza Iberominas en los municipios de San Francisco, San Pedro, Santo Tomás, Cinco Pinos y Somotillo, “circunscripciones priorizadas por unos proyectos elaborados por Save Children y el gobierno canadiense, para tratar de mitigar el problema de las aguas en 20 comunidades de los municipios de Chinandega y León”.
El problema del consumo de agua potable en estas comunidades es preocupante, pues no cuentan con abastecimiento y carecen de proyectos del Estado para resolver la crisis; sin embargo “el Gobierno brinda concesiones de minería en donde las empresas desbaratan las lomas y los cerros, donde tratamos de aprovechar los manantiales que nacen de estos lugares para mitigar la sed de la población”, expresó Ortiz.
Mific y Marena en cuerda floja
El CH considera que la Procuraduría del Medio Ambiente tiene que actuar de oficio y parar las acciones de esta empresa minera. Además, debe de proceder en contra de Marena, que ha permitido explotar a esta empresa, durante dos años, sin permiso y sin un estudio de impacto ambiental. Asimismo, actuar en contra del Mific, por no controlar el vencimiento de las concesiones en Chinandega norte y Las Segovias.
El gerente de Iberominas es el español Bernardo Pozada, quien demandó al Estado durante el gobierno de Arnoldo Alemán porque le cobraron miles y miles de dólares en impuestos indebidos. “Esta demanda fue ganada por Pozada, pero el Gobierno actual no quiere pagar; basado en eso anda diciendo que puede hacer lo que quiere porque tiene concesiones”, explicó Ortiz.
Iberominas, ubicada en el municipio de Villa Nueva, adquirió concesiones de 25 mil 998 hectáreas de tierra en cinco municipios de Chinandega y de Nueva Segovia, durante junio de 2003, según datos del Mific actualizados en 2005; concesiones que terminaban en febrero de este año, sin embargo nunca realizó el estudio ambiental para que Marena pudiese otorgarle la autorización de exploración, como lo orienta la Ley Especial de Exploración y Explotación de Minas, Ley 387.
“Pozada tiene un trato especial, quizás esto no se maneja públicamente, pero fue afirmado y comprobado por la gente del Mific. La licenciada Castillo, en la presentación que se hizo el 7 de septiembre de este año en el municipio de Ocotal, ante las autoridades de Las Segovias aceptó que este señor tiene un trato especial, no sabemos en qué se basan para dárselo, ya que esto no lo señala la ley. También Marena no procede, no sabemos si tiene orientación de “arriba” de no actuar en contra de ciertas empresas que violentan las leyes”, expresó Ortiz.
¿Gobiernos municipales ineptos?
Según Ortiz, los gobiernos municipales pueden detener las acciones de esta empresa, como se dio en el caso de Somotillo y San Pedro del Norte, pero en San Francisco y Cinco Pinos los alcaldes se han quedado adormecidos. Las municipalidades pueden actuar bajo el poder de la Ley del Municipio, Ley 40, y la Ley de Recursos Naturales, Ley 217, donde se manda a preservar los recursos.
En este caso se tienen todos los elementos legales para que las municipalidades y las instituciones involucradas procedan, ya que por otro lado no ha habido ninguna remuneración a las municipalidades. “Nosotros como Centro hemos dado seguimiento desde 2003 hasta la fecha, y aunque no tenemos autoridad para pararlos, hacemos conciencia en los gobiernos municipales, la población y los dueños de las tierras, porque son ellos los que lo pueden parar”, manifestó Ortiz.