Nacional

Absolución escandalosa

* Jueza propietaria bota las pruebas que soportaban el caso, y “un raro” tribunal de jurado actúa en consecuencia, liberando a dos mexicanos capturados en el aeropuerto con 300 mil dólares * El juez suplente, Julio Morales, cuando tuvo el caso ya había ordenado “devolver” los bienes como en el caso narcodólares, y se preparaba para fallar como “Juez de Derecho” * Miles de obstáculos a Procuraduría, repetidos intentos para que dinero pasara de la Aduana a la Corte, y debe estar “un apoderado” al acecho

Eloisa Ibarra

Aún no termina el escándalo de los 606 mil dólares, cuando en el Juzgado Sexto de Juicio un Jurado de Conciencia declaró no culpables a dos mexicanos acusados por un contrabando aduanero de casi 300 mil dólares, después de que la juez Miriam Guzmán botó todas las pruebas documentales que soportaban el caso.
Guzmán ordenó la misma noche la libertad de Luis David Zamora Ramírez y Rigomilda Valencia Barragán, casi al mismo momento en que el jurado daba el veredicto del juicio que tuvo una serie de incidencias: entre ellas, la orden del juez suplente, Julio Morales Aragón, de devolver “todas las pertenencias a los reos”, mismo lenguaje usado para sacar los narcodólares.
Destino misterioso
Zamora y Barragán fueron detenidos el 13 de julio pasado en el Aeropuerto Internacional y acusados por el delito de contrabando aduanero, por no declarar el dinero que les fue encontrado en dos maletas. Al hablar con los medios de comunicación en ese momento, el primero dijo que se les había olvidado declarar el dinero. Aún es un misterio qué clase de misión, compra o paga traían los mexicanos.
Morales, suplente del Juzgado Sexto de Juicio --el mismo que dio la orden para la devolución de los más de 600 mil dólares ocupados al narcotraficante Jorge Eliécer González Hernández y /o Luis Ángel González Largo-- ordenó que a Ramírez y Barragán se les devolvieran “todas sus pertenencias”.
El 19 de septiembre, según el expediente, Barragán pide al juez la devolución de sus bienes, y Morales ordena la devolución, pero no se materializa porque el procurador César Guevara interpone un recurso de reposición para que no se entregue nada, debido a que podía incluir el dinero.
Piden Juez “de Derecho”
Ese mismo 19 de septiembre, Barragán pide que se le nombre defensor a Roberto Cruz, en lugar de Álvaro Antonio Ramírez, y que el juicio sea con un Juez de Derecho y no con jurado.
Morales declara abandonada la defensa de Ramírez, según su argumento porque no hizo intercambio de pruebas, y en su lugar nombra a Cruz, y programa el juicio de derecho, o sea que él dictaría la sentencia.
Pero el procurador Guevara se opone a todo eso y pide que se programe audiencia para dilucidar todo lo resuelto por el juez. En la audiencia del 26 de septiembre, Morales repone el auto y dice: “No voy a regresar nada, está mal redactado el auto, y en cuanto a las peticiones de la defensa, que las haga de forma detallada”. También revoca la programación de juicio con “Juez de Derecho”.
Querían pasar dinero a la Corte
Cabe mencionar que desde la audiencia inicial, las partes pidieron que el dinero se trasladara de la cuenta de Aduanas a una de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pero ante la oposición de la Procuraduría, con el argumento de que debe estar a la orden del juez, pero no en cuenta del Poder Judicial, según la Ley de Contrabando Aduanero, no se accede a la petición.
Al finalizar el juicio el martes en horas de la noche, la defensa pidió que el dinero se depositara en la cuenta de la CSJ. El dinero aún se encuentra en una cuenta de Aduanas, y será hasta el vienes, cuando Guzmán dicte la sentencia, que se conocerá su destino.
El procurador Guevara afirmó que la juez Guzmán, contra todo derecho, en el desarrollo del juicio da lugar a la inadmisibilidad de la prueba solicitada por la defensa, bajo el argumento de que no se incorporó de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal (CPP).
Explicó que la defensa nunca hizo intercambio de prueba y tampoco solicitó audiencia preparatoria, donde se debe alegar la inadmisibilidad de la prueba. Porque en el juicio sólo es permitido en circunstancias excepcionales que no se cumplen en este caso.
Entre la documentación medular que soportaba el caso, dijo Guevara, estaban: el pasaporte de los reos, que demuestra el ingreso al país por el aeropuerto; la declaración aduanera donde dicen que no llevaban más diez mil dólares, y el acta de incautación precautoria a través de la cual Aduanas incauta los casi 300 mil dólares.
Eso, dijo Guevara, “nos limitó el derecho de hacer uso de esa prueba ante los miembros del jurado, lo que afectó el resultado”.