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Banco los filmó

* Fuente ratifica que aparecen el “apoderado” Meléndez, el juez Julio Morales, el defensor público Carlos Mario Peña y un cuarto que sigue en el misterio * Otra fuente revela que hubo presiones de Tesorería de la CSJ para que se entregara el dinero * Ni a la Comisión “investigadora” ni al fiscal le interesan los vídeos, mientras en la Corte crece el malestar interno

Eloisa Ibarra

EL NUEVO DIARIO confirmó que existen vídeos donde aparecen las personas que llegaron a hacer efectivos los cheques de Gerencia que extendió el Banpro, por el cheque de 609,540.00 dólares emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a nombre del narcotraficante colombiano, Jorge Eliécer González Hernández y/o Leyla Bucardo Sánchez.
Lo anterior fue confirmado a través de una fuente de la Superintendencia de Bancos (SIB), que declinó comentar quién es la misteriosa cuarta persona que llegó a cambiar parte del dinero.
Entre esas personas, confirmó la fuente, aparecen: Sergio Ramón Meléndez Aguilar, apoderado generalísimo de González y Bucardo; el juez Julio Morales Aragón, que ordenó la devolución del dinero, y el defensor público, Carlos Mario Peña, quien según el ex defensor de los reos, Pánfilo Orozco, está detrás de la trama.
Tesorero de Corte presionó
También conocimos que el director de Tesorería de la CSJ, Henry Arias, habría llegado a la sucursal de Banpro en Portezuelo a presionar a la gerente, Gabriela Meza Torres, para que hiciera efectivo el cheque de manera inmediata.
Lo anterior lo reveló una fuente vinculada a la investigación, que detalló que aunque el cheque fue tramitado con urgencia por Arias, no fue posible sacarlo el 26 de septiembre, sino al día siguiente bajo, el número 20404, a nombre de Jorge Eliécer González Hernández y/o Leyla Bucardo Chávez.
Según la fuente, Arias habría llegado después de las cuatro de la tarde del 27 a presionar a Meza para que cambiara el cheque, y hasta insinuó que podrían cambiarse de banco si no se hacía efectivo ese mismo día.
Esto, de acuerdo con la fuente, habría ocurrido después de que a Meléndez las autoridades del banco le negaron la entrega inmediata del dinero, por tratarse de una suma alta que recibiría un apoderado general, cuyo documento legal debía pasar por el Departamento Legal.
Al final el banco entregó varios cheques de gerencia, y parte de éstos fueron cambiados inmediatamente, y el resto en los días subsiguientes, según la fuente.
El cheque salió por la cantidad exacta de 609,540.00 dólares, cantidad depositada en la sucursal Banpro de Plaza España el cinco de agosto de 2004, detalló la fuente.
Tratamos de conversar con Meza, pero nos informaron por teléfono que estaba fuera de la institución. Por su parte, Arias negó que haya llegado al banco o llamado para agilizar la entrega del cheque.
No está grabado, dice
Arias refirió que llega al Banpro para efectuar diligencias personales, pero ese día no llegó. “Eso se puede comprobar porque en los bancos graban todo y se puede ver a la gente que entra”.
Sin embargo, confirmamos que las cámaras en Banpro-Portezuelo están únicamente en las cajas y no en las oficinas de la parte administrativa, donde está ubicada la Gerencia.
Indicó que el cheque no salió de un día para otro porque estaba desde agosto. Pero no fue claro al responder la urgencia con que se entregó, porque el juez Julio Morales envió un oficio el 26 de septiembre en horas de la tarde para rectificar el nombre de González y al día siguiente estaba listo el cheque.
Explicó que el proceso para que salga un cheque pasa primero por Planificación, después por Contabilidad y al final llega a Tesorería. No se puede hacer de un día para otro, más cuando se trata de esa cantidad.
Arias dijo que no tiene amistad con el defensor público Carlos Mario Peña, a quien atiende igual que a otros funcionarios del Poder Judicial que llegan a retirar pago. “En este caso, cumplimos con lo ordenado por la autoridad judicial”, precisó.
Y mientras el escándalo aumenta, en la CSJ el magistrado Róger Camilo Argüello continúa sin dar la cara a los medios de comunicación y a lo interno, según un alto funcionario de la institución. Algunos magistrados están molestos de ver la tranquilidad con que se comporta, como si no pasa nada.
El magistrado Edgard Navas, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), reconoció que la investigación camina lenta, y justificó que se debe a que han surgido nuevas diligencias a practicar.
Dicen que no pueden pedir vídeos
Explicó que ellos no pueden solicitar el vídeo al Banpro porque la investigación es administrativa, y si al final se encuentra que existe responsabilidad de otro tipo, enviarán el caso a la Fiscalía. Pero no supo calcular cuánto tiempo más demorarán en el proceso investigativo iniciado hace casi un mes.
Fiscalía tampoco
Por su parte, el fiscal especial Armando Juárez, confirmó que no están investigando porque esperan el resultado de la investigación de la CSJ.
Para mañana se espera que los magistrados de la Sala Constitucional se reúnan para resolver la queja a favor de González y Bucardo, y en contra de los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), que declararon nulo todo lo actuado por el juez ejecutor Moisés Rodríguez, incluso, la orden de libertad de los reos y la devolución de dinero.
Según conocimos, existe un proyecto de sentencia en el que se declara sin lugar la queja, lo que significaría que el caso volvería al estado que tenía antes de ordenarse la libertad de los reos y la devolución del dinero. ¿Pero dónde lo van a encontrar?
González tiene firme la condena a diez años de prisión por lavado de dinero, y Bucardo la condena a cuatro años de prisión, pues el pasado diez de octubre los magistrados de la Sala Penal Dos del TAM, le notificaron al abogado Israel Zelaya Rivas que el Recurso de Apelación de los reos se tiene por desistido.
González y Bucardo desistieron del Recurso de Apelación a finales de septiembre, después de que el juez Morales ordenó la libertad y la devolución del dinero con base en un proyecto de sentencia del magistrado Argüello, calificado de ilegal, ilícito e inexistente por el Presidente de la Sala, Francisco Rosales.