Nacional

Corte Suprema colapsando

A medida que han ido aflorando los detalles de cómo fueron sacados los 609 mil dólares de la Corte Suprema de Justicia, cuya secuencia paso a paso la presentamos en esta edición, la situación a lo interno de la CSJ se ha venido tornando insostenible. El magistrado Rosales despuntó diciendo que la Corte había sido robada. Vargas Sandino y Yadira Centeno afirman sentirse avergonzados, y Guillermo Selva pidió castigo “para todos los delincuentes” que actuaron en la trama, señalando con duras expresiones al magistrado Róger Camilo Argüello. Otro sector de la Corte se mantiene envuelto en una cortina de humo.

Eloisa Ibarra

La trama de los narcodólares paso a paso
Secuencia del atraco que estremece a la CSJ
El doce de abril de 2004 a las 10:30 de la noche, oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional capturan en el Hotel Margut, en Managua, al colombiano, Jorge Eliécer González Hernández y/o Luis Ángel González Largo, junto a su novia, Leyla Bucardo Chávez e Hilmar Norberto Barrera Sánchez.
“En el acta de detención aparecen las instalaciones del Hotel Margut porque teníamos información confirmada con personal del Hotel de que ahí se hospedaban, y sólo esperamos que llegaran para detenerlos”, recordó el comisionado Julio González, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional.
En el expediente del caso, aparecen como testigos de la detención el fiscal auxiliar Allan Velásquez, el teniente Sergio Sandoval, el capitán Rodolfo Vásquez Romero, Carlos Francisco Sandoval y Julio César Talavera, quienes testificaron en el juicio por el delito de lavado de dinero en perjuicio del Estado.
Los 609 mil 240 dólares fueron encontrados en diferentes partes: en un maletín escondido en la habitación número tres del Hotel Margut --que ocupaban--, en una llanta de la camioneta en que viajaban, y en la ropa del reo, según el expediente del caso.
Jamás hubo conflicto de competencia
González junto a cuatro personas fue acusado por lavado de dinero, y el 23 de abril de 2004 fue condenado a diez años de prisión por ese delito. En ninguna parte del expediente rola alegato alguno de falta de competencia de jurisdicción de las autoridades de Managua.
“Es sorprendente que las cuestiones de competencia se alegan al inicio, y nunca hubo un alegato en ese sentido por parte de la defensa”, dijo el comisionado González.
Todo sigue igual, hasta que un domingo del mes de abril pasado, González recibe en el Penal de Tipitapa la visita del subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel, acompañado de Mario Roberto Peña, con quien trabaja; Mario Peña (padre) y la abogada y juez suplente de Tipitapa, Yulissa Carolina Bonilla Martínez. Mario Peña, su hijo y Bonilla trabajan en el mismo bufete de abogados.
Una fuente del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) indicó que esa visita no quedó registrada por tratarse de una autoridad de los derechos humanos, pues Jarquín y sus acompañantes se reunieron con González en una de las oficinas del penal para atender una supuesta denuncia del reo.
Primer ofrecimiento
Pánfilo Orozco, defensor de González y Bucardo, dijo al estallar es el escándalo que Jarquín le ofreció a su cliente sacarlo de la cárcel, y como no logró convencerlo se fue al penal de mujeres La Esperanza y logró que Bucardo, lo cambiara como su defensor. Aseguró que detrás de todo eso estaba Peña.
Los abogados Peña --padre e hijo-- y Jarquín regresan al penal de Tipitapa en los primeros días de agosto, según la fuente del SPN, supuestamente para darle seguimiento a la denuncia de González.
Jarquín negó en esa oportunidad que haya hecho tal ofrecimiento, aunque aceptó que llegó al penal de Tipitapa y al penal de mujeres, pero por razones de su trabajo, y fue en esa circunstancia que conversó rápidamente con González por asuntos de derechos humanos.
Peña y el brote de meningitis
“¿Cómo voy a armar trama, si no soy juez, no soy asesor, ninguna de esas personas me conoce a mí? Todo se derivó porque en esos días llegué a visitar al penal de Tipitapa al periodista Flavio Izaguirre, y como había un brote de meningitis, por casualidad, llegó mi hijo con el subprocurador de Derechos Humanos (Ortel), y me miró Orozco y comenzó a hablar, a acusarme”, refirió Peña.
“En ningún momento me entreviste con González, llegué donde Izaguirre. Todo el tiempo me quieren vincular a mí. Todo es para estarme jodiendo y haciéndome daño, la Eloísa me quiere embarrar en todo, como que entré a un banco, es invento”, indicó.
El 10 de agosto pasado echan a andar la trama, cuando en nombre de Javier Antonio López Poveda se interpone un Recurso de Exhibición Personal por detención ilegal a favor de González y Bucardo ante la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Masaya, que preside el magistrado Antonio Alemán Lacayo (hermano del ex presidente Alemán).
La trama de la captura en San Marcos
Inmediatamente tramitan el Recurso y nombran como juez ejecutor a Benjamín Arriaza Larios, quien refiere en el acta de intimación del once de agosto, que llegó a la Policía de Carazo, donde dos oficiales, cuyos nombres desconoce porque no tenían clip, le informaron que González y Bucardo fueron detenidos en el parque de San Marcos.
El comisionado González afirmó que ninguna autoridad pudo informar eso, mucho menos sin identificarse, porque los reos fueron capturados en Managua.
Ese mismo día el Tribunal de Masaya envía el caso a Managua, y acto seguido el presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), llama a integrar sala a la magistrada civil Juana Méndez, pese a que la doctora Martha Lacayo se encontraba en su despacho.
Ahí nombran como juez ejecutor al juez suplente segundo local de audiencias, Moisés Rodríguez, del círculo más cercano de Peña.
Aparece magistrado Argüello
Mientras tanto, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el magistrado de Sala Constitucional, Róger Camilo Argüello Rivas, recogía aprisa la firma de sus colegas para que asumiera el Juzgado Sexto de Juicio el juez suplente, Julio Morales Aragón, en sustitución de la también suplente, Miriam Guzmán.
Un alto funcionario de la CSJ recordó que el doctor Argüello y el también magistrado Marvin Aguilar recogieron las firmas para el acuerdo número 80, mediante el cual Morales asumía el juzgado entre el doce y el 27 de agosto inclusive.
El quince de agosto que Rodríguez llega intimar a la autoridad del Juzgado Sexto de Juicio, encuentra a Morales, a quien ordena poner en libertad a González y Bucardo argumentando que se encuentran detenidos ilegalmente porque fueron capturados en Carazo y procesados y condenados en Managua.
Al respecto, el comisionado González afirmó que el juez ejecutor, Moisés Rodríguez, sabe que la única autoridad competente para investigar en este tipo de casos es la DAJ, y haber buscado otras instancias de la Policía Nacional podría ser una de las tantas salidas que quieren darle al asunto.
El mismo quince de agosto Morales envía autos a las autoridades del SPN ordenando la libertad de los reos, y al director de Tesorería de la CSJ, Henry Areas, para la devolución del dinero a los prisioneros.
También ordena que el cheque de los 609 mil 240 dólares sea entregado a Mario Roberto Peña en calidad de apoderado general de González y Bucardo, pero esto no se llega a materializar, porque la trama queda frustrada al filtrarse en los medios de comunicación.
Rodríguez también llega a intimar a los magistrados de la Sala Penal Dos que tienen el expediente en apelación y a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) de manera irrespetuosa, y éstos levantan un informe de su actuación y lo envían a los miembros de la Sala Uno que lo nombraron.
Los medios frustran plan
Bucardo obtiene la libertad, pero la información es filtrada a los medios de comunicación, y el entonces defensor de los reos, Pánfilo Orozco, denuncia la trama para apoderarse del dinero.
El magistrado Enrique Chavarría, Presidente de la Sala Penal Uno, ante la protesta de sus colegas de la Sala Penal Dos y los señalamientos de los medios de comunicación, convoca a la Sala a reunión, y el 16 de agosto revocan el nombramiento de Rodríguez como ejecutor; declaran la nulidad de toda su actuación; revocan la orden de libertad de González y Bucardo, y mandan a recapturarla.
De esta manera queda frustrado el primer intento por obtener la libertad y sacar el dinero de la cuenta de la CSJ. El Presidente de la Corte y del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (Cnacj), Manuel Martínez, promete que investigarán el caso, dado el informe presentado por Chavarría, pero ahí queda todo.
El 19 de agostó, el mismo López Poveda aparece presentando un Recurso de Queja en contra de los magistrados de la Sala Penal Uno del TAM, por haber anulado todo lo actuado por Rodríguez. Cabe señalar que en tres escritos --dos en la Corte y uno el Juzgado Sexto de Juicio-- la firma de López es distinta.
El famoso proyecto
Un miembro de la Sala Constitucional explicó que en los últimos días de agosto Argüello comenzó a circular un proyecto de sentencia, y no les pareció nada extraño porque se trataba de un Recurso de Amparo como miles que llegan a la CSJ.
“A mí” --refirió un magistrado--, “me lo llevó en un momento en que estaba apurado en otro asunto y se lo firmé confiado, porque dijo, es un Recurso de Amparo, y nunca me imaginé todas las irregularidades que contenía, porque al final sólo se puede decir, tramítese”.
“Después me enteré de que en el proyecto se extralimitaba en sus funciones porque ordenaba la libertad de los reos. Además, no había pedido informe al TAM para que explicara sus razones para negarse a tramitarlo, todo era irregular”.
Amplían permiso al juez Morales
En la última semana de agosto, Argüello --previendo que el permiso de la juez Sexto de Juicio, Miriam Guzmán, se terminaría-- busca las firmas para que Morales continúe en el Juzgado hasta el 30 de septiembre. “Camilo anduvo recogiendo las firmas para el permiso”, confió un magistrado.
Argüello hizo circular entre sus colegas el proyecto de sentencia con fecha 25 de agosto, y mientras sorprende a los magistrados Francisco Rosales, Presidente de la Sala, y Guillermo Selva, según lo afirmado por éstos al estallar el escándalo, el magistrado Iván Escobar Fornos lee bien el proyecto y disiente totalmente y razona su voto.
Una firma falsificada
El magistrado Dámisis Sirias, cuya firma aparece en la sentencia, afirmó desde el inició que si aparece su rúbrica es falsificada, porque no había estudiado el caso ni se había sometido a votación.
El único que estampó su firma y no ha protestado es el magistrado Rafael Solís, quien por el contrario, dijo que Argüello defiende que los reos fueron capturados en Carazo y no en Managua.
En el Libro de Votos de la Sala Constitucional, donde se pone un resumen del proyecto de sentencia, en la parte medular se da lugar a la queja de López Poveda en contra de la Sala Penal Uno y se ordena la libertad de González y Bucardo.
Argüello fue sobreadvertido
El magistrado Selva reveló que el doctor Rosales le advirtió tres veces a Argüello de no seguir con eso, y por ello, cuando los otros magistrados se enteraron de que no correspondía a la solicitud original se suspende todo.
Eso, agregó, “fue en un momento que se apoderaron del Libro de Actas, pero como no tenía valor, porque no estaba firmado por los magistrados y tampoco por el secretario de actuaciones, y confiamos que pararía ahí, entonces sacaron una fotocopia, y un notario autenticó eso de manera irregular, de mala fe”.
Y es que el cinco de septiembre, inmediatamente que tiene la sentencia en el Libro de Votos, Argüello lleva dicho Libro a su despacho y autoriza al abogado Israel Zelaya Rivas --defensor de Bucardo en otro juicio-- sacar una fotocopia, para que la notario Astrid Bracamonte razone el proyecto.
Bracamonte, quien es investigada por la CSJ, dijo a END desde el inicio que Zelaya la llevó a la CSJ, y con autorización de Argüello, en su despacho razonó un proyecto de sentencia donde se ordenaba la libertad de dos reos.
Magistrado reclama a Argüello
Al doctor Argüello, dijo Selva, lo han mencionado los involucrados, y hasta el momento no ha habido de su parte una rectificación ni conferencia de prensa aclarando las cosas, y es hora de que lo haga, porque hay molestia entre los demás magistrados porque se faltó a la amistad, al compañerismo.
Al día siguiente, con la fotocopia del proyecto de sentencia 221 razonado por Astrid, se presentan ante Morales: el juez ejecutor Rodríguez, acompañado de Zelaya y otras dos personas que no entraron al despacho, según Morales.
Rodríguez sostiene que ordenó la libertad de los reos y la devolución de los bienes ocupados y demás pertenencias, con base en la sentencia de la CSJ que declaró nulo lo actuado por el TAM. Pero nunca dijo que se entregara el dinero.
Morales, por su parte, argumenta a su favor que sólo cumplió con lo ordenado por Rodríguez en calidad de juez ejecutor. Las órdenes de libertad son enviadas al Sistema Penitenciario de Tipitapa y La Esperanza el 19 de septiembre.
Bucardo es puesta en libertad, pero a González las autoridades del Penal le impiden salir porque tiene pendiente otra condena por asociación e instigación para delinquir, en el Juzgado Primero de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.
Los falsos poderes
Aunque la orden para entregar el dinero es enviada al director de Tesorería, Henry Areas, desde el viernes 19 de septiembre, ésta se retrasa, según una fuente de la Corte, porque el Banpro devuelve los documentos por un error en los nombres.
Yulissa Carolina Bonilla, quien se encuentra investigada y suspendida por la CSJ, se encargó de elaborar los supuestos poderes otorgados por los reos, los cuales luego utilizarían para retirar el dinero del banco. En el testimonio 56 dice que en la ciudad de Managua, a las 4:30 de la tarde del nueve de agosto de 2005, compareció Bucardo para otorgarle poder generalísimo a Meléndez.
Con media hora de diferencia, a las cinco de la tarde del nueve de agosto, da fe de que González compareció para otorgarle poder generalísimo a Meléndez Aguilar, a quien identifica como abogado y notario. Meléndez no aparece en el Registro de abogados y notarios de la CSJ.
Pero resulta que ambos se encontraban detenidos en esa fecha: González en el penal de Tipitapa y Bucardo en La Esperanza, por lo que Bonilla no pudo estar en ambos lugares a la vez, con sólo media hora de diferencia.
Notaria nunca llegó a los penales
Las autoridades del Sistema Penitenciario informaron a la CSJ que Bonilla no llegó en esa fecha ni al penal de Tipitapa ni a La Esperanza, y no hubo ninguna entrevista en esa fecha con los reos.
El 26 de septiembre Morales envía un auto a Areas, rectificando el nombre de González, y reitera la orden de entregar el cheque a Sergio Ramón Meléndez Aguilar, en calidad de apoderado generalísimo de González y Bucardo.
Una fuente de la Corte reveló que ese día Peña buscó a Argüello para que agilizaran el cheque, y el magistrado llamó a Areas, quien se encargó de sacarlo ese mismo día.
Peña dijo no conocer a Areas, y negó haberse reunido con Argüello: “Eso es un invento”.
Areas se negó a contestar nuestras preguntas al respecto y se limitó a responder nerviosamente que la CSJ está investigando.
Ese mismo día, 26 de septiembre, Peña, Meléndez, Morales y una cuarta persona llegaron al banco a cambiar el cheque por los 609 mil dólares, y el banco debe tener registrados los videos de esa operación que un cliente fotografió con su celular.

Reacciones entre magistrados
“Es una vergüenza, castiguen a esos delincuentes”
En la CSJ existe preocupación entre algunos magistrados por la percepción negativa ante la población y por el mensaje que se envía a los funcionarios inferiores del Poder Judicial, por la falta de aclaración en torno al escándalo de los 609 mil dólares.
Ha transcurrido un mes desde que el caso es público, y la investigación iniciada el pasado cinco de octubre camina a paso de tortuga, prácticamente empujada por los medios de comunicación.
Ni la Fiscalía ni la CSJ han solicitado a las autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) el video que debe tener Banpro, donde están todos los detalles de la operación, en la cual los principales implicados son jueces del Poder Judicial.
El magistrado Guillermo Vargas Sandino, miembro de la Sala Penal, explicó que el Recurso de Exhibición Personal tiene por objeto garantizar los derechos constitucionales de las personas que están detenidas ilegalmente.
El ejecutor debe analizar si hay una detención ilegal, si no se ha puesto a la orden del juez competente o no existe una sentencia en su contra. Pero si hay una sentencia condenatoria, el juez ejecutor debe decir que está legalmente detenido, y no puede ordenar la libertad y anular la sentencia. No puede valorar si el fallo es bueno o malo porque hay un Tribunal de Apelaciones para eso.
Dejó claro que la competencia de jurisdicción se debe alegar en el primer momento, y seguir en segunda instancia, pero no dentro de un Recurso de Exhibición Personal, donde no cabe. Afirmó que no había conocido un caso como éste, donde a través de un Recurso de Amparo se bota una sentencia condenatoria.
Esto es grave y estamos salpicados
Vargas dijo que hay preocupación en la CSJ, porque ha salpicado y golpeado mucho a la cúpula del Poder Judicial, y espera que la investigación aclare quiénes son los responsables, porque lo sucedido es grave, nadie lo puede soslayar, y quien lo quiera negar está mintiendo.
“Me da vergüenza esta situación, pero confío en que los miembros del Consejo de Administración y Carrera Judicial, al concluir la investigación establecerán las responsabilidades necesarias, por el bien del Poder Judicial”, expresó la magistrada Yadira Centeno.
El magistrado Guillermo Selva, miembro de la Sala Constitucional, fue duro al referirse al caso, y comenzó por reiterar que la sentencia que utilizaron para liberar a uno de los reos y sacar el dinero de la Corte es nula, porque todos los documentos son falsos, desde la queja.
Como miembros de la Sala Constitucional, ningún magistrado de manera particular ni colegiadamente puede hacer lo que quiera, y no sé por qué el doctor Argüello mandó a publicar ese proyecto, faltando a la amistad y al compañerismo.
Selva considera que la ciudadanía debe conocer quiénes participaron en la operación para desvalijar a la Corte, y, a su juicio, hay involucradas al menos seis personas.
Culpables se andan jactando
“Nadie pregunta a nombre de quién fueron retirados los cheques, y ahí está la madre del cordero para castigar a los culpables, porque ahí hubo delito. Todos los involucrados, los jueces y notarios, se andan jactando de que todo lo hicieron en cumplimiento de su deber, lo cual no es cierto”.
Debe quedar claro que se cometió un delito y los delincuentes deben pagar, porque la ley pena a los delincuentes. Como miembros de la Sala Constitucional estamos ofendidos con todo eso. Se debe establecer la responsabilidad de cada juez, notario y personas particulares, porque la Corte no está preparada para este tipo de maleantes que asaltan un banco, el Banco Central, y hasta un cuartel, dijo Selva.
Nadie ha pedido información del lugar de detención
El jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, comisionado Julio González, reveló que siguen investigando, coadyuvando a la Fiscalía, aunque esperan el resultado del proceso investigativo de la CSJ porque así lo establece la ley.
Afirmó que hasta el momento ninguna autoridad les ha solicitado información de dónde fueron detenidos González y Bucardo, al tiempo que expresó su preocupación porque situaciones como ésta se pueden presentar con mayor frecuencia, después de todo el esfuerzo en el combate al narcotráfico.
En relación con el cambio del cheque que hizo Banpro, explicó que si lleva el acuerdo de pago de la CSJ, pudo justificar que era limpio, y es una manera de lavar --de relavar, en este caso-- el dinero ocupado.
No podemos adivinar si un poder es falso
Eduardo Duquestrada, Vicegerente General de la Sucursal Portezuelo de Banpro, donde cambiaron el cheque, explicó que si tiene la información correcta: la fecha que no caduque, la cifra en letras --igual a la que aparece en números-- y las firmas debidamente autorizadas y registras en el banco, debe cambiarse.
En este caso, indicó, cumplía con todo lo establecido en la ley y eran las firmas autorizadas. En cuanto al cambio a través de un apoderado generalísimo, aclaró que no tienen normas en ese sentido.
Todos los días trabajamos con apoderados de las empresas y personas particulares, y no podemos retener dinero para investigarlos. Si el notario está mintiendo no se tiene forma de saber. Procedimos correctamente a cambiar un cheque, con el poder, y tomamos el número de cédula del cambiante del cheque, como establece la ley.
Al consultarlo en torno a lo establecido en la Ley 285 sobre narcotráfico y lavado de dinero, dijo que la ley los obliga a reportar cualquier depósito o retiro superior a los diez mil dólares. En este caso se hizo un informe a la Superintendencia de Bancos (SIB) de que fulano llegó y cambio tal cantidad de dinero.
Aclaró que lo anterior no significa que no deban pagar cantidades más allá de los diez mil dólares. Pero si en una cuenta se han manejado cantidades muy bajas y de repente se ingresan cien mil dólares, se informa por considerarse cantidades sospechosas, pero fuera de eso no tienen otra obligación. Es la SIB quien decide, si se ve mucho movimiento que no podes justificar, que se puede cerrar la cuenta.
Declinó responder detalles sobre quiénes cambiaron el cheque, explicando que la Ley los obliga a guardar el sigilo bancario.

Lazos vinculantes: una telaraña
Ninguno de los personajes que aparecen involucrados en la trama para apoderarse de los 609 mil dólares, ocupados al narcotraficante colombiano, Jorge Eliécer González Largo y /o Luis Ángel González Largo, son extraños uno del otro.
El magistrado Róger Camilo Argüello Rivas, quien se encargó de todo lo relativo a la sentencia falsa, es amigo del defensor público de Granada, Mario Peña, según las afirmaciones de este último.
Peña también es amigo del presidente de la Sala Penal de Masaya, Antonio Alemán donde comenzó la tramitación del Recurso de Exhibición Personal que interpusieron a nombre de Javier Antonio López Poveda. Benjamín Arriaza, a quien nombraron ejecutor en Masaya, es amigo de Peña.
El juez suplente, Moisés Rodríguez, nombrado juez ejecutor en Managua, es amigo de Peña, lo mismo que el juez Julio Morales Aragón.
Róger Camilo Argüello. Fue nombrado magistrado de la CSJ, a propuesta de los socialcristianos, y aunque no es un hombre con una larga trayectoria en el FSLN, tiene lazos de amistad con influyentes miembros del partido.
Carlos Mario Peña. Es un personaje que se jacta de mantener amistad con altos miembros tanto del PLC como del FSLN.
Tiene un largo historial que incluye desde una reposición de partida de nacimiento para cambiarse el nombre, hasta denuncias por falsificación de documentos en Migración y Extranjería, las cuales fueron archivadas.
En julio de 2004 fue destituido del cargo de juez suplente del Juzgado Quinto de Distrito del Crimen, después de que la Asociación de Jueces, en un acto sin precedentes, presentó la solicitud ante la CSJ.
La Asociación de Jueces lo señaló por revocar sentencia definitiva de la juez propietaria Ángela Dávila. Un mes después fue nombrado defensor público en Granada, y aunque nunca ha ejercido el cargo, recibe cumplidamente su salario de trece mil córdobas.
Julio César Morales Aragón. Fue nombrado juez suplente a propuesta de dos magistrados liberales. Tiene una larga amistad con Sergio Ramón Meléndez Aguilar, y prueba de ello es que aparecieron juntos en un escándalo en Masaya en 1996, donde casi pierden la vida. Juntos mantuvieron un negocio de venta de celulares y repuestos de computadoras, en Ciudad Jardín.
Moisés Rodríguez. Es un abogado nuevo, pues fue incorporado como abogado y notario a la CSJ en 2003. Fue nombrado juez suplente a propuesta de un magistrado liberal.
Yulissa Carolina Bonilla. Tiene nueve meses de que fue nombrada juez suplente del Juzgado Penal de Audiencias de Tipitapa por propuesta de un magistrado liberal. Trabaja con Peña.