Nacional

Nicaragua defenderá derechos de migrantes

*Firma incluye claras protecciones a la vida y prevención de toda apología al odio por nacionalismo, raza o religión que incite a la discriminación *Pero procurador Cabezas lamenta que ni gobierno ni políticos han hecho nada contra persecución de nicas en Costa Rica

Nicaragua dio un paso adelante en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos al adherirse formalmente a la Convención que protege el derecho de los trabajadores migratorios y el de sus familias ante la Organización de las Naciones Unidas.
La Cancillería confirmó anoche que el pasado miércoles 26 y durante una ceremonia que se realizó en la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos legales de la Secretaría General de la ONU, el embajador Eduardo Sevilla Somoza depositó, en nombre de Nicaragua, el instrumento de adhesión a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y el de sus familias, el cual fue recibido por la subdirectora general de la Sección de Tratados, Sylvie Jacque.
Explica la nota que la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, tiene como objetivo esencial que los trabajadores migratorios puedan gozar de todos sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, al reconocimiento de su personería jurídica, a la opinión y atención médica urgente necesaria para preservar la vida aún en condiciones migratorias irregulares.
Añade que esa adhesión también incluye derechos tales como el que sus hijos tengan un nombre, se registre su nacimiento y, además, derecho a una nacionalidad, así como a la identidad cultura, independiente de la situación jurídica en que se encuentre.
De acuerdo con Cancillería, la Convención establece claras protecciones a la vida, y, específicamente, protección contra la tortura o penas crueles, inhumanas o degradantes; la esclavitud o la servidumbre, los trabajos forzosos u obligatorios; la prevención de toda apología al odio por nacionalismo, raza o religión que incite a la discriminación, la hostilidad o la violencia; protección del Estado de empleo a su integridad física ante violencia, daño corporal, amenaza o intimidación; protección contra medidas de expulsión colectiva; protección de sus documentos de identidad y migratorios.
“Al depositar el instrumento de adhesión a esta Convención, el gobierno de Nicaragua --de conformidad con su Constitución Política--, ha presentado una declaración de reserva, mediante la cual se deja consignado que los extranjeros incluidos en calidad de trabajadores migratorios, gozan de todos los derechos civiles, exceptuando los derechos políticos de la Republica de Nicaragua”, explica la cancillería.
“Con este importante depósito, Nicaragua establece una sintonía entre su legislación internacional y su legislación interna, proveyendo a los actores de la justicia de mayores elementos legales para la defensa en todas las esferas posibles de los derechos humanos, adecuándose a la legislación internacional en el campo específico de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familiares”, concluye la nota.
PIEDAD PARA COMPATRIOTAS
Por su parte, el procurador de derechos humanos, Omar Cabezas Lacayo, solicitó a los diferentes poderes del Estado de Nicaragua que tengan piedad por los nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica, pues desde hace varios meses se ha alertado respecto a esta ley y no han tomado cartas en el asunto.
“Esta ley fue recurrida como inconstitucional por tres sectores importantes de Costa Rica, como son la Conferencia Episcopal, por el Consejo Nacional de Rectores y la Defensoría de los Habitantes, pero aun así la Corte y la Asamblea Nacional de ese país la aprobaron. En una ocasión acompañé a un grupo de organizaciones de nicaragüenses inmigrantes en ese país vecino a hablar con el presidente, y a lo más que llegamos fue a su secretario”, destacó el procurador.
De acuerdo con las cifras que manejan estas organizaciones --dijo el procurador Cabezas--, más de 175 mil nicaragüenses serían deportados. Si calculamos que ellos mantienen al menos a tres personas en Nicaragua, estaríamos hablando que se juega --sin que los dirigentes políticos de este país hagan nada-- con la comida, estudios, pagos de servicios básicos de al menos medio millón de nicaragüenses.
También –enfatizó-- en términos económicos esta ley trae afectaciones, porque las remesas que significan un aporte a la economía de 127 millones de dólares que mensualmente llegan al país, se reducirían de manera drástica.
“Por esta ley no han movido un dedo, fui hasta donde el Cardenal para que lo discutieran en el diálogo, para que se demuestre la piedad por los nicaragüenses, y él dijo que era una buena idea y que lo expresaría en la mesa, pero aún no pasa nada”, concluyó.