Nacional

Ilícita, ilegal e inexistente


Eloisa Ibarra

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Róger Camilo Argüello hizo circular ayer en los medios de comunicación, una sentencia del caso de los 609 mil dólares, con fecha 25 de agosto de 2005, lo que sorprendió al Presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, quien sostuvo que no existe sentencia.
Nubia Duarte, Directora de Relaciones Públicas de la CSJ, explicó que el magistrado Argüello le entregó la copia de la sentencia para que los periodistas la lean, y una vez que él brinde declaraciones conozcan bien el contenido.
Argüello, quien regresó al país un día antes, se negó a conceder la entrevista que solicitamos a través de Relaciones Públicas. En su lugar envió la copia de la sentencia escrita en diez páginas. “Ésta es la sentencia que no había querido darles al inicio”, se limitó a decirle a Duarte.
Acto malévolo
Rosales reiteró que no hay sentencia, y lo que hubo fue un acto malévolo a través del cual sacaron a los reos condenados por lavado de dinero. Recordó que la propia notaria Asdrit Bracamonte dijo que razonó un proyecto de sentencia.
“Si él (Argüello) ha mandado a sacar algo, va bajo su responsabilidad, pero la Sala no ha emitido ninguna sentencia, no hay ninguna, porque no fue refrendada por el secretario y en su momento se retiraron las firmas y nadie tiene acceso al Libro de Votos. La sentencia jamás ha sido firmada, y si mandó eso, esta abriendo la posibilidad de perjudicarse”, dijo Rosales.
No hemos emitido nada, no hay sentencia, no existe y si él (Argüello) hizo algo irregular quedará en evidencia. Como Presidente no puedo permitir que se utilice a la sala, hubiese deseado que no se metiera en nada más, porque he sido claro y pelado, no existe sentencia, afirmó Rosales.
Para Rosales lo ideal hubiese sido que la Policía Nacional actuara con base en la denuncia que él hizo al inicio, durante una conferencia de prensa.
Retiran sus firmas
Vale mencionar que en esa conferencia de prensa, Rosales leyó un escrito del magistrado Guillermo Selva en que retiraba su firma del proyecto de voto, por considerar que se había cambiado el contenido. Asimismo, el magistrado Dámisis Sirias también de la Sala Constitucional retiró su rúbrica de la ruta.
El contenido de la “sentencia” enviada por Argüello es contradictorio, porque aunque refiere que en la Policía de San Marcos Carazo no se encontró registro alguno de ingreso, ni orden de captura contra Jorge Eliécer González Hernández ni Leyla Bucardo, dice que fueron capturados en ese departamento y trasladados ilegalmente a Managua.
Según la sentencia, el competente para procesarlos era el juez de Distrito Penal de Juicio de Diriamba, que no inició proceso penal alguno, y tampoco la Policía, y el Ministerio Público no presentó la acusación correspondiente.
En la sentencia se desestima el informe que rinden los magistrados de la Sala Penal Dos, donde refieren que tienen la competencia del caso, porque los reos fueron procesados en primera instancia en Managua, porque fueron detenidos en el Hotel Margut de la capital.
Extrañamente, no se hace ninguna referencia a lo expresado por la Policía de Managua, la Fiscalía y los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), cuando fueron intimados por el juez ejecutor, Moisés Rodríguez.
Los representantes de estas instituciones le informaron a Rodríguez que los reos se encontraban legalmente procesados por las autoridades de Managua, porque fueron capturados aquí.
Señala que la afirmación de la Sala Penal Dos del TAM, de que tienen la competencia para resolver sobre la situación jurídica del reo, carece de legalidad, porque a los procesados se les ha sustraído de su juez natural, el de Diriamba. Al final se ordena la libertad de González y Bucardo.
El doctor Rosales explicó que eso no es una sentencia de un Recurso de Queja, porque sólo cabe cuando se rechaza sin fundamento legal alguno. Si él dice otra cosa ésta es su responsabilidad.
Y mientras Argüello hizo pública su sentencia, el Consejo de Administración y Carrera Judicial aún no se pronuncia en torno al caso, y, por el contrario, uno de los jueces suplentes involucrados, se jacta en los juzgados de que tarde o temprano le levantarán la suspensión.