Nacional

Costa Rica aprueba reformas migratorias

* Multas a ticos que brinden albergue o empleo a indocumentados

Costa Rica y Managua--. Treinta y ocho de los 43 diputados que participaron en la sesión ordinaria este lunes, en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobaron en segunda legislatura las reformas migratorias que establecen sanciones de dos a seis años de cárceles a los inmigrantes que ingresen o permanezcan ilegales a ese país, como una medida contra el gobierno de Nicaragua, que aprobó un arancel de 20 dólares por el ingreso de ticos a nuestro país. Además, la legislación establece multa económica a los “ticos” que brinden albergue o empleos a los indocumentados.
La Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica aprobada por los diputados costarricenses señala que su aplicación será al margen de los tratados, acuerdos de integración y normas de Derecho Internacional ratificados por Costa Rica, y que podría entrar en vigencia en abril del 2007, con seis meses de gracias después de su entrada en vigor, en vista que la directiva del parlamento convocó a una segunda discusión este jueves por la tarde.
El artículo 21 de dicha ley señala que “la Policía de Migración y Extranjería podrá retener por el tiempo estrictamente necesario, el pasaporte o documento de viaje del extranjero cuando existan indicios de su falsedad o alteración, así como cuando sea procedente la aplicación de una de las sanciones previstas en la presente Ley”.
Además, se prohíbe la permanencia legal (artículo 64) “al extranjero que haya sido condenado por delitos de tráfico con armas, tráfico de personas, tráfico de patrimonio cultural, arqueológico o ecológico, estupefacientes o substancias psicotrópicas, delitos sexuales o explotación sexual de menores, homicidio doloso, genocidio, terrorismo, o evasión fiscal en Costa Rica”.
En el debate se aprobaron las sanciones carcelarias y económicas para quienes trafiquen, alojen o den protección a indocumentados extranjeros, para esos casos, la pena será de cuatro a seis años de cárcel, además de tipificar “el coyotaje” como un delito.
“Se le impondrá pena de prisión de cuatro a seis años a quien: Conduzca, transporte o trafique, ilícitamente, personas para su ingreso o egreso del país, por lugares no habilitados por la Dirección General evadiendo los controles migratorios establecidos o utilizando datos o documentos falsos. A quien oculte o encubra a extranjeros que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país. La pena establecida en este artículo se incrementará en un tercio cuando el autor sea funcionario público”, dice el artículo 229 de la ley migratoria.
Asimismo, la reforma permite que los trabajadores “transfronterizos” puedan obtener un permiso para poder desplazarse diariamente y sin problema entre los sectores fronterizos, pero con la condición de que “deberán cotizar al sistema de seguridad social de la Caja Costarricense del Seguro Social y al de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros”.
Las multas económicas que aplicará el gobierno “tico” a sus connacionales (empresas o personas) que alojen a extranjeros indocumentados serán de entre 377 y 1,800 dólares. Dicha sanción no se aplicara cuando se demuestre que el alojamiento se hace por razones humanitarias. Mientras que para las personas o empresas que contraten a indocumentados, la multa será de entre 750 y 4,500 dólares.
La Cancillería nicaragüense, por su parte, evitó pronunciarse sobre la decisión del Parlamento costarricense, argumentando desconocer el contenido de la ley, sin embargo el vocero Oscar García dijo que el ministro Norman Caldera analiza “los alcances de la citada ley. Una vez se haya visto y analizado el documento, se emitiría una posición de país al respecto”.
Agregó que Costa Rica es soberano de aprobar “los instrumentos legales que considere convenientes; sin embargo, también hay que estar claros de que en el caso de los inmigrantes, sea cual fuere su estatus, existen convenciones que hacen hincapié en la protección de sus derechos”.
García recalcó que los inmigrantes, legales o ilegales, nicaragüenses o de cualquier parte del mundo, “estén donde estén”, tienen derechos, “y aunque los países son soberanos de aprobar sus leyes, existen convenciones internacionales que estarán vigilantes de que estas leyes no violen los derechos elementales del ser humano; máxime si estos países son signatarios de estas convenciones internacionales que promulgan la defensa de los derechos humanos”.
Añadió que el gobierno de Nicaragua estará pendiente de que se cumpla el respeto a los derechos humanos de los miles de nicaragüenses que residen en el vecino país del sur.
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Epsy Campbell, quien votó en contra de dicha legislación, indicó que las reformas aprobada a la Ley de Migración no solucionarán los problemas de fondo de ese país en relación con las migraciones, a la vez que calificaba de tipo policíaca y represiva dicha legislatura.
Gerardo Vargas, otro parlamentario que votó en contra, expuso que no se puede establecer una legislación represiva en contra de aquellas personas que han aportado con su trabajo a la economía de este país. “Hubiéramos querido una ley donde se respete todo lo relacionado con los derechos humanos, y ésta no los contempla”, declaró posterior al debate.
Por su parte, Luis Ramírez, del PLN, dijo que si bien es cierto las reformas no vienen a ser “la fórmula perfecta” para resolver los problemas que ocasiona las migraciones de indocumentados a Costa Rica, ésta permite crear un marco regulatorio para controlar la “gran cantidad de portillos” por donde ingresan “sin control” los indocumentados.
Marlon Quintero, nicaragüense con ocho años de residir en Cartago, dijo que los parlamentarios “ticos” no quisieron desaprovechar la oportunidad para decirles a sus homólogos nicaragüenses: “Nosotros también tenemos con qué responder a sus amenazas de aplicar impuestos a los productos provenientes de Costa Rica”, por el conflicto surgido por la navegación del río San Juan. Se espera que hoy el canciller nicaragüense Norman Caldera se pronuncie oficialmente al respecto.