Nacional

Cautela oficial ante ley tica


Humberto Meza

La Cancillería nicaragüense evitó hoy pronunciarse oficialmente sobre la aprobación de un proyecto de ley, aprobado en primera ronda por el Parlamento costarricense, que podría afectar a más de 200 mil nicaragüenses que se encuentran en condiciones irregulares en ese país.

Aunque no existe un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores en torno a la ley en proceso de aprobación, el Director General de Comunicación, Oscar García, alegó esta tarde a los medios que Nicaragua reconoce la soberanía de los otros países en torno a sus instrumentos legales, pero recalcó los derechos que tienen los inmigrantes de cualquier país del mundo, en invariables situaciones.

“Estamos conscientes de que los países son soberanos de aprobar los instrumentos legales que ellos consideren conveniente; sin embargo, también hay que estar claros de que en el caso de los inmigrantes, sea cual sea su estatus, existen Convenciones que hacen hincapié en la protección de sus derechos”, señaló en un escrito el funcionario.

Una ley aprobada ayer por el Legislativo costarricense, establece castigos de hasta ocho años de cárcel si un funcionario público está implicados en el encubrimiento de inmigrantes o si utiliza a menores para el tráfico de personas.

También establece multas de entre 337 y 1 mil 885 dólares para las personas y empresas que alojen emigrantes ilegales, y de 4 mil 500 dólares a quienes empleen extranjeros indocumentados.

La nueva ley migratoria podría entrar en vigencia en abril del 2007, en vista que la directiva del Parlamento convocó la iniciativa para que se discuta en segundo debate este jueves por la tarde. En uno de sus artículos, la ley establece que tendrá hasta 6 meses "de gracia" para entrar en vigencia.

Si bien oficialmente Nicaragua no tiene alguna reacción, García hizo hincapié en las Convenciones que protegen los derechos de inmigrantes, mismas que Costa Rica también reconoce.

“Aunque los países son soberanos de aprobar sus leyes, existen Convenciones internacionales que estarán vigilantes de que estas leyes no violen los derechos elementales del ser humano; máxime si estos países son signatarios de estas Convenciones Internacionales que promulgan la defensa de los derechos humanos”, agregó el portavoz.