Nacional

Sigue viva trama de narcodólares

* Judicial ni dice no tener expediente; Tribunal guarda silencio, y Sala de Corte no investiga nada… ni siquiera se ha reunido * Sin dólares no hay cuerpo del delito, y toda la conspiración que nació de la falsa sentencia sigue dando lugar a la libertad del narco

La sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se ordena la libertad del narcotraficante colombiano Jorge Eliécer Hernández y su novia Leyla Bucardo, sigue viva, porque ninguna autoridad del Poder Judicial, después de quince días de haber estallado el escándalo, la ha declarado oficialmente nula.
La juez Sexto de Juicio, Miriam Guzmán, le devolvió a la Fiscalía los escritos donde solicitaba la nulidad de todo lo actuado por el suplente Julio Morales: la revocación de las órdenes de libertad de González y Bucardo, y que los 609 mil dólares regresen a la cuenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de donde no debieron salir, argumentando que no tiene el expediente.
En el auto se declaró imposibilitada de poder resolver porque el expediente principal se encuentra en el Tribunal de Apelaciones, debido a que una de las partes apeló y no tiene ningún documento del caso, y mandó a la Fiscalía a recurrir a esa instancia.
La fiscal Departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, informó que promoverán una acción en el TAM, que hasta ayer no había emitido la sentencia de segunda instancia confirmando la condena a diez años de prisión a González por lavado de dinero, después de que éste, a través de su nuevo abogado, Israel Zelaya, desistiera del Recurso de Apelación.
A los magistrados de la Sala Penal Dos del TAM no les queda más que confirmar la condena, porque el reo desistió de la apelación, explicó un ex magistrado penal.
Sala tampoco se reúne
Los magistrados de la Sala Constitucional tampoco se han reunido para declarar oficialmente nulo el proyecto de sentencia proyectado por el magistrado Róger Camilo Argüello, que sirvió para liberar a Bucardo y sacar los 609 mil dólares a través de un cheque firmado por el presidente de la CSJ, Manuel Martínez.
Los miembros de la Sala Constitucional aún no se reúnen, pese a que la defensa de González, en su informe a la Comisión de Administración y Carrera Judicial, ha dicho que la sentencia está firme y que surte todos los efectos de ley.
La semana pasada los magistrados de la Sala Constitucional llamaron a tres miembros de otra Sala a integrarse para conocer el caso, pero ha pasado casi una semana después de eso, sin que se reúnan.
Un magistrado ex miembro de la Sala Penal, advirtió de la gravedad del silencio de las autoridades del Poder Judicial, porque la defensa podría utilizarlo para sacar al reo por otra vía, porque al no existir el dinero, que es parte del cuerpo del delito, el caso está en el aire.
Mientras tanto, la Comisión de Administración y Carrera Judicial de la CSJ, aún no ha dado a conocer el resultado de la investigación iniciada el pasado cinco de octubre, y los magistrados no han informando de los avances de la misma, limitándose a recibir los informes de los jueces y abogados investigados, sin haberlos citado.
Los investigados son los jueces suplentes, Moisés Rodríguez, quien en calidad de juez ejecutor ordenó la libertad de González y Bucardo; Julio Morales, juez suplente que ordenó la libertad de los reos y la restitución del dinero, y la suplente Julissa Carolina Bonilla, quien se encargó de elaborar las escrituras mediante las cuales, supuestamente, González y Bucardo le otorgan poder a Ramón Meléndez Aguilar para cambiar el cheque en el Banpro.
También son investigados: Israel Zelaya Rivas, el actual defensor de González y Bucardo, y la notario Astrid Bracamonte, quien llegó a la CSJ a razonar el proyecto de sentencia, con la autorización del magistrado Argüello, que les facilitó el Libro de Votos en su propio despacho de la CSJ.