Nacional

El negocio de la violencia

* Guatemala tiene 80,000 hombres, en El Salvador se calculan 20,000, Nicaragua registra 9,017, y datos de Honduras y Costa Rica son un misterio *Muchas empresas se extralimitan en sus funciones por falta de una legislación actualizada que regule esa actividad, pero en Nicaragua la Policía prepara anteproyecto de ley que delimite las funciones de esas empresas *Actualmente, en Nicaragua, cualquier persona con cien mil córdobas --menos de seis mil dólares-- puede recibir autorización para instalar una empresa de seguridad que genera bondadosas ganancias

Vladimir López

Las empresas de seguridad pública de Nicaragua tienen más hombres, más recursos y mayor tecnología que la Policía Nacional, revela un estudio elaborado por el Centro de Estudios de Guatemala, CEG, un organismo no gubernamental que se especializa en políticas públicas y temas de seguridad.
Citando datos de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía, el estudio del CEG asegura que en Nicaragua hay 56 empresas de seguridad registradas con 9,017 miembros, que integran los Cuerpos de Protección Física, CPF, y cuentan con 5 mil 511 armas registradas entre pistolas, revólveres, rifles y escopetas.
Y para colmo, en Nicaragua no hay una ley específica que regule la actividad de esas empresas de seguridad, por lo que hasta el momento la única regulación es la establecida en la Ley de la Policía Nacional, número 228, por medio de la Dirección de Seguridad Pública, bajo el mando del comisionado mayor Ramón Avellán.
Según el CEG, en breve se creará el Departamento de Atención a Empresas Privadas de Seguridad y Vigilancia que prestará servicios de entrenamiento, mayor atención, control a las operaciones y hasta extenderá una licencia para que los vigilantes puedan operar. Además, se encuentra en preparación un anteproyecto de ley que definirá el límite de la función de las empresas privadas.
En Guatemala hasta realizan patrullaje
El CEG, que cita informes de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, Minugua, y de la Policía Nacional, señala que en esa nación existen unos 80 mil agentes de seguridad privada, y que el único control que ejercen las autoridades es a través de la Oficina de Seguridad Privada de la Policía, cuyo personal es insuficiente, apenas cinco agentes.
“Es preocupante la falta de homogeneidad en cuanto a la capacitación del personal de seguridad privada por la inexistencia de requisitos mínimos para prestar los servicios de seguridad y la falta de control sobre el armamento en poder estas personas”, expresa el estudio.
Denuncia el estudio que los miembros de las empresas privadas de Guatemala en algunas ocasiones exceden el ámbito de sus competencias y llegan a cumplir funciones exclusivas de las fuerzas de seguridad, tales como la realización de escuchas telefónicas, detenciones y registros de personas en la vía pública, y en algunos casos hasta realizan patrullajes en determinadas áreas.
El estudio expresa que debido a intereses económicos y ciertos privilegios se impulsan una serie de propuestas que obstaculizan el fortalecimiento del Estado y benefician los intereses particulares de armeros y empresarios privados de seguridad que aumentan los riesgos que el país afronta en términos de seguridad.
En El Salvador seguridad es carísima
En cuanto a El Salvador, el estudio señala que el escaso número de agentes de la Policía, frente al alto índice de la delincuencia, ha convertido a la seguridad privada en un gasto básico más.
“Los empresarios invierten alrededor del diez por ciento de su presupuesto en este servicio. Al aumento de la violencia social y del crimen organizado ha correspondido un incremento de la demanda de seguridad privada”, añade el estudio.
Sin embargo, aclara el documento, para tener un dato más exacto de la cantidad de agencias y miembros de seguridad privada en El Salvador hay que tomar en cuenta los pagos a las agencias ilegales y a los vigilantes independientes.
“Las empresas más fuertes mantienen planillas de hasta 2,000 agentes. De las 143 empresas existentes, 53 están en proceso de verificación de armas. Se calcula que las agencias manejan entre 12 y 13,000 armas, en su mayoría escopetas y revólveres de diversos calibres”, cita el documento.
Honduras y Costa Rica: un misterio
El CEG expresa que, según la Secretaría de Seguridad de Honduras, 91 empresas de seguridad privada han registrado sus armas y que existen unas 30 instituciones privadas, cuya inscripción se encuentra en trámite para obtener el permiso.
“Sin embargo”, dice, “la cifra de armas y el número de elementos de esas empresas es un misterio, según dicha Secretaría. Estas empresas contaban con más de 6 mil miembros en 2002, de acuerdo con el informe del PNUD, frente a una Policía preventiva de 3,000 miembros”.
En ese informe tampoco aparecen datos de las empresas de seguridad de Costa Rica, por lo que también se considera como un misterio.
Urge resolver inseguridad
El CEG considera que la seguridad pública es un derecho constitucional de la población centroamericana y una obligación de los estados, y que el ambiente de inseguridad que vive Centroamérica es producto de la debilidad institucional del Estado y de la falta de voluntad política para cumplir las leyes y fomentar el estado de Derecho.
“Todos los esfuerzos nacionales e internacionales para que Centroamérica transite en el camino de la democracia, con un enfoque de desarrollo humano sostenible, serán inútiles si no se resuelve el problema de la seguridad pública”, manifiesta el estudio.
Apunta que la proliferación de armas, ya sea en manos de particulares o en manos de los agentes privados de seguridad, no es una garantía de protección en general, sino todo lo contrario: es una verdadera amenaza a la población. La seguridad como producto que se vende y se compra beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Señala que el negocio de la compra y venta de armas pequeñas y ligeras, y municiones, está organizado por oscuras redes de intereses que no reconocen fronteras geográficas y que operan al amparo de la impunidad. Se rige por la ley de la oferta y la demanda y se ha transformado en uno de los negocios más lucrativos.
Sociedades armadas
El CEG indica que una sociedad armada, que vive en un ambiente de miedo, en donde los individuos ven a otros como posibles enemigos, en donde la justicia por mano propia debilita el Estado de Derecho, es una sociedad antidemocrática, que fomenta la cultura de la violencia y que coloca en estado de indefensión a la mayoría de los ciudadanos. La desconfianza de los ciudadanos hacia sus autoridades provoca en última instancia una perdida de legitimidad de los Estados Centroamericanos y sus instituciones.
Asimismo, el Centro hace un llamado a los medios de comunicación a contribuir a fomentar una cultura democrática y de no violencia, con ética y profesionalismo, informando objetivamente y denunciando oportunamente las actividades del negocio de la violencia.
“Por el contrario, la publicación de la denominada nota roja, por parte de algunos medios de comunicación, estimula la cultura de violencia y se ha convertido en otro verdadero negocio para dichos medios (en Guatemala los periódicos con abundante nota roja se venden siete veces más que los otros)”, apunta el estudio.
Añade que combatir el crimen organizado, regular la tenencia y portación de armas de fuego en manos de particulares y controlar las empresas privadas de seguridad, son algunos de los grandes desafíos que enfrenta Centroamérica.
“No es suficiente que las autoridades se reúnan para firmar acuerdos, legislar, crear asociaciones o realizar análisis sobre una situación cuyas causas y soluciones son bien conocidas. Se necesitan funcionarios probos que implementen la ley rigurosamente y que resguarden el Estado de Derecho, se requieren acciones sostenidas y eficaces contra la delincuencia pero sobre todo se necesita voluntad política del Estado para combatir la inseguridad, la corrupción y dar valor a la incipiente democracia centroamericana”. Señala parte del interesante estudio.