Nacional

“De aquí no me sacan”

*** Dice que fue electo por mayoría calificada de la Asamblea hasta 2010, y que ninguna Ley Marco lo echará *** Presidente de Contraloría anuncia que auditarán los 38 millones de córdobas que Guerrero interceptó a Telcor *** Los intendentes Aguirre y Úbeda, por el contrario, afirman que si se aprueba Ley Marco, dejarán sus cargos

El superintendente de Servicios Públicos (Sisep) Víctor Guerrero pretende asegurar su salario a costa de los 38 millones de córdobas que le fueron retenidos al Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) una vez que entraron en vigencia las reformas constitucionales, al desconocer los acuerdos contraídos entre el presidente Enrique Bolaños y el secretario general del FSLN, Daniel Ortega.
Guerrero afirmó que la Sisep funcionará hasta el 2010, independientemente de la Ley Marco que aprueben el Frente Sandinista y los diputados de la bancada Azul y Blanco, porque tanto el superintendente como los intendentes de la Sisep fueron electos por los diputados de la Asamblea Nacional para un período de cinco años y con votación calificada.
Contraloría auditará
Sin embargo, el contralor José Pasos Marciaq, Presidente de la Contraloría General de la República, dijo que el ente fiscalizador auditará los fondos que recibió la Sisep, independientemente de la decisión política que adopte la Asamblea Nacional.
Indicó que la CGR tiene pendiente realizar auditorías en algunas instituciones del Estado, entre ellas Telcor, pero esperaran “que esté despejado el panorama político, nosotros tenemos que proceder forzosamente, sea cual sea el acuerdo”, recalcó.
“Si continúan, están sujetos a fiscalización, si se suspende la Sisep, también hay que fiscalizarlos para ver qué es lo que pasó en estos meses, o sea, de todas maneras van a ser fiscalizados”, apuntó Pasos Marciaq.
Guerrero señaló que la Sisep seguirá laborando con normalidad, otorgando licencias de operaciones a los dueños de radio y televisión, aunque eso provoque contradicciones entre Telcor, INE y Enacal, y advirtió a los propietarios de medios que si cancelan a Telcor por cualquier permiso de operaciones, tendrán que pagar dos veces.
“Aquellos que pagan a Telcor tendrán que pagar dos veces, porque la verdadera Intendencia es la Superintendencia de Servicios Públicos, porque el presidente (Bolaños) reconoció las reformas y los que tengan licencias de Telcor, tendrán que venir aquí”, recalcó.
Por su parte, el intendente de la Energía, Leonel Aguirre, dijo que la Sisep continuará trabajando con normalidad hasta que los diputados del FSLN y PLC aprueben la Ley Marco, y que los recursos que usarán mientras tanto, saldrán de los ingresos de las Intendencias.
Sin embargo, Juan José Úbeda, intendente de los Consumidores, dijo que las orientaciones que recibió de Ortega fue que su cargo estará suspendido por un año, en donde no recibirán salario alguno.
Al margen de Ley Marco
Guerrero dijo que desconocerá la Ley Marco porque la única manera que lo obliguen a dejar su cargo es a través de una reforma a la Ley Creadora de la Sisep (Ley 511).
“Estamos en posición de nuestros cargos y vamos a continuar trabajando aun en 2007, independiente de que el ingeniero Enrique Bolaños vaya a nombrar a las nuevas personalidades del INE (Instituto Nicaragüense de Energía) y de Telcor (Instituto de Telecomunicaciones y Correo), porque fui electo por un período de cinco años que comenzó el 2 de junio de 2005 y va a finalizar el 1 de junio de 2010”, apuntó.
“¿Por qué voy a acatar esa negociación (entre Bolaños y Ortega)? Yo la voy a acatar cuando la Asamblea Nacional me diga a mí: vamos a destituir a los que elegimos el 2 de junio de 2005, porque vamos a lograr los 56 votos para quitarlos de su cargo”, reiteró.
Por su parte, el diputado Agustín Jarquín dijo que “los funcionarios nombrados por la AN en la Sisep quedarían en un rol como asesores durante el período --que le falta a Bolaños-- y estarían tomando posesión de sus cargos a partir del 10 de enero de 2007.
Agregó que los trabajadores que fueron contratados por la Sisep pueden ser colocados en las sucursales que cada intendencia abrirá al interior del país, para evitar que la población de los distintos departamentos tenga que viajar a Managua a poner sus quejas sobre malos servicios de agua potable, energía y telecomunicaciones.
Gobierno: ni reformas, ni nombramientos
Por su parte, el portavoz presidencial Lindolfo Monjarretz manifestó que al no haber reformas constitucionales no existen nombramientos. Sin embargo, recordó que el mandatario Enrique Bolaños jamás reconoció esas enmiendas a la Carta Magna, por el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia.
“La realidad es que las reformas constitucionales pretendidas nunca han estado vigentes, porque el tribunal de Justicia Centroamericano dijo que jurídicamente son inaplicables y todos los operadores de los servicios básicos han estado trabajando con el INE, con INAA y con Telcor, esa también es una realidad”, remarcó el vocero.
Monjarretz dijo que el gobierno no tiene ningún inconveniente de que el PLC lleve el tema de las reformas al Diálogo Nacional, porque “el PLC nos dijo que no tenía conocimiento de la conversación entre el presidente Bolaños y Daniel Ortega, y que por lo tanto no sabían qué apoyar y qué no apoyar, y que preferían que en el Diálogo se discutieran estos temas y que allí se puedan resolver”, remarcó.