Nacional

Editorial


Falsos paralelos con las reformas de 1995

Las reformas a la Constitución de 1995 no guardan ninguna similitud con las de 2005, más bien son estas últimas una antítesis en la letra y el espíritu de las primeras.
La reforma de 1995 no sólo respondía a la necesidad inobjetable de sustituir las normas fundamentales del país, elaboradas para la naturaleza del gobierno que rectoraba el FSLN, por otras compatibles con la nueva administración pública que nacía del resultado electoral de febrero de 1990.
También era insoslayable que la Unión Nacional Opositora, triunfadora en las elecciones, había hecho toda su campaña con una plataforma de gobierno que pasaba por las necesarias reformas a la Constitución, y al haber obtenido una significativa mayoría de votos, esas reformas estaban ya pasadas por un plebiscito que se convertía en mandato.
Las elecciones de 2001 se dieron bajo las reglas básicas de la Constitución vigente, y los ganadores nunca ofrecieron en su programa de gobierno que harían una transformación en el sistema institucional.
Las reformas que hicieron los partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional, convirtiendo según su exposición de motivos al Parlamento en el Poder hegemónico del país, no pueden legitimarse, por tanto, con el resultado de las elecciones de 2001, y en todo caso requieren de la aceptación expresa del pueblo nicaragüense.
Ésta es una diferencia fundamental entre las dos reformas, pero hay otra más importante aún.
Las reformas de 1995 apuntaban no sólo a establecer la unidad legislativa de la Asamblea Nacional, y la unidad jurisdiccional en el Poder Judicial, sacando de las gavetas del Presidente de la República la capacidad de legislar y organizar el Estado y terminando con los tribunales excepcionales, sino también y de manera relevante, trasladando recursos a los ciudadanos y a la sociedad organizada para controlar en alguna medida el uso del poder.
Las reformas de 1995 modificaron el sistema de ternas del Presidente de la República para la elección de magistrados y el Contralor, método que establecía la tendencia en los electos de sentirse vinculados al favor del Ejecutivo, agregando la facultad a la Asamblea de también proponer sus candidatos EN CONSULTAS CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD PERTINENTES. Es la primera vez en la historia constitucional de Nicaragua, que se establece esta participación de la sociedad civil --los ciudadanos organizados--, rompiendo el monopolio de la sociedad política: los partidos.
Cierto es que el oportunismo y el clientelismo de un sector de los que dirigían la Asamblea Nacional en esa época, dio paso a que algunos nombramientos salieran del Parlamento, pero al mismo tiempo la Presidencia logró que le aceptaran a dos magistrados y el resto, la mayoría, provino de sectores no partidarios. Esto hizo que la Corte Suprema de Justicia, al iniciarse el gobierno del Dr. Arnoldo Alemán, se condujera de manera más equilibrada y gozara de confianza y credibilidad.
La institucionalidad democrática comenzaba a funcionar y podía haberse perfeccionado, pero en su lugar vino el pacto de 2000, que al partidizar los nombramientos y aumentarlos a 16, hizo que cada cual se atrincherara detrás del poder de sus caudillos, y la administración de justicia retrocediera a las percepciones que de ella tiene ahora la ciudadanía.
El cargo de Contralor recayó en una persona de signo político diferente al de la persona que ya se avizoraba resultaría electo Presidente de la República, y esto produjo un constante examen del manejo de los bienes públicos, lo que chocó con el estilo del gobernante y el Contralor terminó en la cárcel.
Esa institución democrática también estaba despegando, y en vez de haber sido fortalecida, el pacto de 2000 la neutralizó y la convirtió en instrumento punitivo partidario, al mismo tiempo que el gobierno mandaba reformar la ley de amparo extendiendo a 30 días el plazo a protegerse de los funcionarios sancionados, y por la venalidad de jueces y magistrados se le reconoció a un recurso administrativo, la insólita facultad de mandar a parar una instancia jurisdiccional iniciada por la presunción penal establecida por la Contraloría.
El Consejo Supremo Electoral, bajo la Presidencia de Mariano Fiallos Oyanguren, y la integración de magistrados que en su gran mayoría gozaban de idoneidad y respeto, también fue deformado por los pactos, al extremo de que hoy son miembros un personaje que desde el Ministerio de Gobernación montó una conspiración para inhibir electoralmente a quien le hacía sombra a su jefe, y otro que por idénticas razones, desde una oscura comisión partidaria, eliminó a otro rival del mismo personaje.
¿Cómo pueden, pues, compararse las reformas de 1995 que rescataron para el pueblo, la no reelección y la no posibilidad de sucesión familiar, y sentaron las bases para la profesionalización del Ejército y la Policía, con el asalto partidario a las Instituciones, disfrazado de reformas constitucionales que se pretende en el presente?
No basta que otra Ley Marco suspenda la entrada en vigencia de las actuales reformas constitucionales, es necesario que el pueblo las vote en las elecciones de 2006 en papeleta aparte.
Mejor aún, debería votarse en esa ocasión los principios y las instituciones salidas de ese Diálogo Nacional amplio que se está anunciando como consolación, pero que en realidad puede servir para fijar las premisas de la construcción de una nueva organización de la Nación, donde prevalezcan verdaderas instituciones democráticas que por fin hagan vivir a los nicaragüenses en un Estado de Derecho.