Nacional

PDDH da razón en parte a bananeros


Valeria Imhof

La presión de un grupo de bananeros que demanda al diputado sandinista Marcelino García Quiroz rendir cuentas sobre el 25 por ciento de las utilidades de la empresa de Trabajadores del Banano Nicaragüense S.A. (Trabanicsa), obligó a la Procuraduría de Derechos Humanos a emitir este martes una resolución, la que concluye que se violentaron los derechos humamos al debido proceso del señor Hilario Rafael Calero y otros denunciantes por parte del doctor Elifa Francisco Bonilla, Inspector General Auxiliar del Ministerio Público, y el licenciado Manuel Rugama, Fiscal Departamental de Chinandega.
Calero denunció en noviembre de 2004 ante la Procuraduría a Rugama, Bonilla y al comisionado mayor Aldo Martín Sáenz Ulloa, jefe de la Policía Nacional de Chinandega, luego de que dichas autoridades no le dieran el trámite correspondiente a la denuncia que ellos presentaron contra los miembros de la Junta Directiva de Trabanicsa. En marzo de este año la denuncia se hizo extensiva a Marcelino García por supuestamente no entregar cuentas de su gestión como Presidente de la Junta Directiva de dicha empresa.
La Procuraduría señala que la “tardanza que tuvo el doctor Bonilla en el envío de la información que esta Procuraduría le requirió, fue un obstáculo en las labores investigativas que esta institución llevó a cabo en el presente caso, puesto que ello dificultó que se culminaran todas las diligencias de investigación necesarias para dictar la correspondiente resolución.
“Dicha actuación del señor Bonilla, se dio pese a los constantes recordatorios que se le hizo vía telefónica a él mismo, a su superior inmediato, el doctor Miguel Robelo, Inspector General del Ministerio Público, y a la Secretaria Ejecutiva de dicho Ministerio, licenciada Delia Rosales”, dice el informe.
Asimismo señala que no se comprobó la vulneración al derecho de acceso a la justicia de Hilario Calero y otros por parte del comisionado Sáenz Ulloa, la licenciada Sandra Alaniz Martínez, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público de Chinandega, y el diputado García Quiroz.
Trabanicsa es una sociedad de ex trabajadores bananeros que en 1991, cuando las empresas estatales bananeras fueron privatizadas, se quedaron con las ganancias del 25% de la comercialización del banano, una actividad que ha generado 20 millones de dólares desde 1994 hasta 2003, pero el legislador demandado sólo ha entregado 10, según documentos no oficiales.
En la resolución, la Procuraduría señala que respecto a la denuncia sobre la falta de rendición de cuentas y anomalías de dicha sociedad, “aquí se está frente a un caso de materia mercantil entre socios de una entidad privada que persigue fines de lucro; razón por la cual, los denunciantes deben hacer uso de su derecho de arbitraje, establecido en la escritura de constitución de la sociedad anónima en mención; o acudir a la vía judicial si lo consideran necesario, ya que según el artículo 159 y 160 de la Constitución Política, las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente al Poder Judicial”.