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Justicia ensañada contra las mujeres

* Madres solteras agarradas con unas cuantas “piedras”, condenadas severamente y obligadas a perder hogares * Ancianas valetudinarias e internas enfermas languidecen de tristeza, y sus organismos no asimilan medicinas debido al estrés acumulado al pasársela pensando en sus hijos

El 87 % de mujeres privadas de libertad en el país están “tras las rejas” por tráfico de estupefacientes.
Son setenta mujeres. Su encarcelamiento provocó que sus familias se desintegraran. Sus hijos ahora están en manos de sus ancianas madres, familiares, hermanas o simples vecinas, que se solidarizaron con la necesidad de los niños que quedaron “a la buena de Dios”.
En el centro penitenciario La Esperanza nadie las visita, ya sea porque sus parientes se encuentran lejos o no tienen recursos para llevarles artículos de primera necesidad como jabón, desodorante, pasta de dientes, toallas sanitarias y medicinas, los cuales deben cubrir ante la falta de presupuesto de los penales para suplirlos.
Sobreviven --dice la licenciada Patricia Obregón, Procuradora Especial de la Mujer--, gracias al patronato carcelario y a la cooperación de las otras internas. Ellas son los casos más dramáticos porque están “donadas”, y nadie sabe de ellas ni ellas de nadie.
De acuerdo con un estudio realizado por la Procuraduría Especial de la Mujer, más del 87 % de mujeres en prisión transgredieron la Ley 285, Ley de Tráfico de Estupefacientes, y sus condenas oscilan entre los cinco y los 10 años.
“Estas mujeres son madres solteras sin oportunidades, porque está comprobado que las mujeres no delinquen por gusto sino para satisfacer sus necesidades y las de quienes dependen de ellas. Al momento de las requisas les fueron ocupadas cantidades pequeñas de drogas que guardaban o comercializaban. Son casos dramáticos, porque cuando uno ve en la televisión las requisas, observa que las condiciones en las que habitan son de hacinamiento en la mayoría de los casos”, enfatizó la procuradora.

Se condena la pobreza
La licenciada Obregón también señaló que con la Ley 285 se está condenando la pobreza, pues la mayoría de los grandes traficantes raras veces cumplen una condena o son atrapados, porque se valen de sus recursos económicos para comprar la justicia.
“No podemos cerrar los ojos ante esta situación. Las penas aplicadas a este delito no son proporcionales a la cantidad de droga que en algún momento le encuentran a las mujeres. Para colmo, se establecen multas exorbitantes de hasta un millón o medio millón de córdobas, y si esa mujer no tiene dinero para pagarla --que no lo tienen-- deben pasar un año más de prisión, y eso contradice nuestra Carta Magna”, dijo la procuradora.
También señaló que un causal importante de la vinculación de mujeres al tráfico de drogas es la violación constante a sus derechos constitucionales, tocantes a derechos sociales, económicos y civiles.
“El rango de edades de las mujeres detenidas en la cárcel ‘La Esperanza’ es mayor entre los 21 y 50 años; de ellas todas o la mayoría son madres solteras que eran el único sostén de sus familias. Al caer presas dejaron de ser una ayuda y son una carga, para colmo los niveles depresivos de estas mujeres son altos, y en el caso de aquellas que presentan enfermedades crónicas, encontramos que no responden a las medicinas porque están sumamente alteradas pensando en sus hijos”, señaló Obregón.
Otro dato interesante encontrado en el estudio es que las mujeres que al momento de la captura se encontraban casadas o en unión de hecho estable, ahora fueron abandonadas.
“Es parte de la cultura machista e irresponsable, las mujeres van a prisión y los compañeros venden hasta el último bien de la pareja, dejando a los hijos en la indefensión, porque forman nuevas uniones y no se encargan de su protección”, destacó Obregón.

Prefieren que mueran
En el caso de las valetudinarias o aquellas mujeres que han solicitado el régimen de convivencia familiar, la procuradora manifestó que muchas veces a los jueces “les tiembla la mano” cuando pretenden firmar, sobre todo después del caso Ospina, donde se falsificaron documentos del Instituto de Medicina Legal en días feriados, razón por la cual se castigó y desarraigó a tres judiciales.
“No hay condena para un judicial que deja que un privado o privada de libertad se muera en la cárcel, pero sí temen perder el puesto por equivocarse. Entonces, desde el caso Ospina vemos que el régimen de convivencia familiar se aplica a discrecionalidad. Pueden ver a la gente muriendo casi y no la dejan salir, si no veamos el caso de la señora Rosa Argentina, que murió en ‘La Esperanza’, y allí ahora mismo tenemos el caso de la señora María del Carmen Zúñiga Pavón, de 63 años, quien es valetudinaria y en cualquier momento podría morir, pero los jueces prefieren que muera antes de perder el puesto”, afirmó la procuradora.

El último paso
Obregón comentó que aunque la Ley de Psicotrópicos urge de una reforma, sobre todo debe analizarse la situación del precario presupuesto del Sistema Penitenciario, que no permite la rehabilitación, reeducación y reinserción de los privados de libertad.
“No existe ninguna estrategia definida por el Estado, la sociedad civil y la empresa privada, que posibilite la reinserción de las personas a la sociedad. Es necesario resolver el caso de las mujeres que salen libres para que puedan trabajar sin mayores obstáculos, considerando que esta sociedad condena sólo a las personas que no tienen dinero. Caemos en la criminalización de la pobreza, además del estigma que persigue a las personas que aunque hayan cumplido su pena, difícilmente pueden acceder a un empleo”, expresó Obregón.
La Procuradora hizo énfasis en que la cárcel, en el caso de las mujeres que son cabeza de familia, debe ser la última opción, porque así se evita que el núcleo básico de la sociedad, que es la familia, se desintegre.

Urgen reformas
La procuradora Obregón, además de la reforma a la Ley 285, manifestó que en el estudio se dan una serie de recomendaciones para el Estado, la Asamblea Nacional, organizaciones de la Sociedad Civil y para la misma Procuraduría, entre las que destacan la inclusión en la agenda social de la perspectiva de los efectos de la falta de oportunidades para las mujeres y el incumplimiento a sus derechos sociales y económicos.
Otro punto está relacionado con asignar un incremento presupuestario al Sistema Penitenciario en general, para que los privados de libertad tengan la oportunidad de reeducarse y optar a un empleo, y a la vez asignar costos para una alimentación digna, medicamentos para mujeres dispensarizadas, mejores salarios para los custodios, etc.
“Las drogas son una enfermedad que está arraigándose de manera fuerte en nuestra sociedad, y por tanto la Comisión Nacional contra las drogas debe tener mayor incidencia, y le compete integrar un componente de integración y seguimiento pospenitenciario, que garantice a las mujeres después de cumplir sus condenas, oportunidades reales de reinserción social, sin estigmatizaciones, y en eso debemos trabajar todos”, concluyó.
Eco a denuncia END
Al privado de libertad Róger Munguía Vega, que se encontraba detenido en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, por su condición de paraplejia le fue brindado el régimen de convivencia familiar por la jueza Carmen María Velásquez, informó el divulgador de los Juzgados de Managua, doctor Roberto Larios. En espera de respuesta continúan hasta hoy otros 577 solicitantes a este régimen.