Nacional

¿El síndrome Zoellick?

*** Ortega y Bolaños pactan la suspensión de las reformas constitucionales, tras larga conversación privada *** Todo se adorna con un llamado de acuerdo nacional, un discurso triunfalista del Presidente y un montón de cabos sueltos *** El cardenal Obando y la OEA retienen “sus funciones” y todos coinciden en que habrá dos diálogos

Espoleados por el síndrome que dejó la reciente visita del subsecretario de Estado, Robert Zoellick, el presidente Enrique Bolaños y el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, pactaron anoche aplazar la vigencia de las reformas constitucionales, a través de una Ley Marco, que lleve a todos los partidos a un Diálogo Nacional.
La decisión fue asumida tras varios meses de una profunda crisis, que ayer encontró un camino al acuerdo, definido por la ratificación parlamentaria “a regañadientes” del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y una reunión de más de siete horas entre Ortega y Bolaños, bajo la observación del enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), Dante Caputo.
“Hoy hemos obtenido grandes logros después de una larga conversación con el secretario general del FSLN. Me siento casi afónico después de siete horas de conversación”, señaló.
Después de su intervención, el jefe de Estado dejó claro que las reformas constitucionales quedan “congeladas”, y será el gobierno que tomará posesión el diez de enero de 2007, “el responsable, con la nueva Asamblea Nacional, de eliminarlas o dejarlas”.
El acuerdo consiste en suspender las enmiendas constitucionales durante el período que le resta de mandato a Bolaños, mientras Ortega se compromete a pasar todas las iniciativas de ley, orientadas a “conseguir recursos para beneficio de los nicaragüenses”, en clara alusión a un paquete de leyes estructurales para mantener el apego a los programas pactados con el Fondo Monetario.
Si bien el acuerdo Bolaños-Ortega no incluyó las posiciones del PLC para la postergación de las enmiendas constitucionales, el primer vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PLC, Wilfredo Navarro, consideró que el partido aceptaría cualquier decisión que surja del diálogo tripartito.
“Ellos no pueden tomar una decisión para un acuerdo marco, así por así. Este acuerdo necesita de una votación calificada, y ellos no lo consultaron en ningún momento con nosotros. Pero eso no quiere decir que no estemos dispuestos al diálogo. Siempre he dicho que vamos a tomar en cuenta cualquier decisión, siempre y cuando sea llevada al diálogo”, subrayó.
Los dos diálogos
De acuerdo con la agenda de los acuerdos, el Presidente acepta la convocatoria al Diálogo Nacional que en reiteradas ocasiones ha hecho la sociedad civil, pero éste ocurrirá al margen del otro diálogo efectuado por los partidos con representación parlamentaria, en el que abordarían los temas más vinculados con la organización política para el Acuerdo Marco.
Para ello, pidió a la OEA, a la Unión Europea y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que “acompañe a los nicaragüenses en ese otro gran esfuerzo nacional”.
“Nicaragua avanza porque el nicaragüense rechaza esa politiquería egoísta y quiere trabajar y vivir en paz y democracia”, dijo ante el Cuerpo Diplomático, Gabinete de Gobierno, el comandante en jefe del Ejército, general Omar Halleslevens y el jefe nacional de la Policía, primer comisionado Edwin Cordero, así como representantes de la sociedad civil y dirigentes políticos.
Los cabos sueltos: inhibiciones y delitos electorales
Si bien los acuerdos anunciados serían necesarios para superar la crisis en que la Administración Bolaños ha estado inmersa en los últimos años, dos de los puntos apenas mencionados en el discurso del mandatario podrían llegar a determinar el éxito de estos acuerdos.
Se trata de la organización de las elecciones presidenciales de 2006, sobre las cuales Bolaños demandó se realicen “de forma transparente y sin inhibiciones”, pero sobre las cuales el FSLN le añadió la condición de desarrollarla “sin injerencismo”.
Aunque Ortega evitó explicar los detalles del acuerdo, fuentes sandinistas confiaron a END que a partir de estos acuerdos, el FSLN consigue sentar a Bolaños en un diálogo, arrancándole el compromiso de reconocer las reformas constitucionales pactadas con el PLC “aunque sea para 2007”, en tanto el partido cedería en aceptar que otras agrupaciones, como Partido Conservador y Camino Cristiano, se sumen a las conversaciones.
Con todo, ninguno de ellos habló del curso que mantendrán los juicios abiertos contra los seis funcionarios del Poder Ejecutivo acusados por delitos electorales, ni tampoco del futuro que tendrá el dictamen que recomienda el desafuero del mandatario.
“Eso lo dejaremos a los hechos. Veremos cómo se desarrollan las cosas y el camino que toma ese diálogo. Ahí se verá el tema de las elecciones presidenciales y de los juicios por delitos electorales, pero lo importante de todo esto es que esas decisiones se tomarán con las instituciones que ya están existentes”, recalcó una fuente sandinista.
Lo único claro, de momento, es que los nombrados como intendentes de Servicios Públicos, agrupados en la controversial Sisep, deberán ceder sus cargos, en virtud del Acuerdo Marco, a la espera de que las reformas constitucionales entren en vigencia.
Donantes a la expectativa
Pese a las imprecisiones en cuanto a las normas para ejecutar el acuerdo, algunos miembros de la comunidad internacional y cooperantes no disimularon su satisfacción en torno a la simple existencia de un acuerdo político.
George Benz, miembro de la cooperación Suiza en Nicaragua, dijo que el acuerdo es positivo para la nación y la sociedad civil, porque los cooperantes estaban preocupados ante el curso de la crisis institucional.
Agregó que la cooperación dependerá del diálogo político que se establezca en la Asamblea Nacional, desde donde las tres partes aprobarán la “Ley Marco”, iniciativa que dará las pautas en la decisión de los donantes.
Carlos Tünnerman, miembro de la Red por Nicaragua, indicó que a partir de ahora el Diálogo Nacional se desarrollará en dos escenarios: el político, con la creación de la “Ley Marco”, y el diálogo amplio e incluyente, en donde se discutan los temas económicos y sociales.
Tünnerman señaló que en este momento no es apropiado discutir los desafueros por los delitos electorales, porque afectaría la realización del Diálogo Político.
Sin embargo, la iniciativa más radical la generó el precandidato presidencial, José Antonio Alvarado, quien llegó a sugerir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
“Éstos son sólo parches que dan respiros momentáneos a los nicaragüenses, pero no superan el problema definitivo del sistema, que sólo puede ser resuelto con una Asamblea Constituyente”, sugirió el aspirante presidencial.