Nacional

La muerte acecha en el penitenciario

*** Pese a que sus dolencias sí son verdaderas y a que los forenses han recomendado la convivencia familiar, su pobreza no mueve “conciencias” *** 578 internos sienten que los han condenado a la pena capital, porque además no hay condiciones ni medicinas para atenderlos *** Entre los males que los aquejan se hallan cardiopatías, cánceres de próstata, problemas pulmonares, de hipertensión y psiquiátricos

Uno de cada diez privados de libertad en Nicaragua ha presentado solicitud para gozar del beneficio de convivencia familiar que otorga la Ley 473, sin embargo, los jueces obvian los dictámenes médicos y las condiciones deplorables de los solicitantes. La palabra indulto no se menciona como una prioridad en la Asamblea Nacional, ante lo cual los familiares solicitan sólo una cosa: Humanidad.

Un collarín rodea su cuello mientras su cuerpo descansa sobre la silla de ruedas. No puede hacer nada por sí mismo. Su esposa todos los días se presenta al Sistema Penitenciario de Tipitapa para bañarlo, mientras sus compañeros de celda son los “ángeles” que le dan los alimentos en la boca.
No siempre estuvo así. Cuando ingresó al penal lo hizo por su propio pie, pero un accidente mientras bajaba las gradas de la Galería Dos provocó su estado actual, el cual parece deteriorarse cada día por la depresión.
La Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de Pena en su artículo 95, inciso 18, señala que a las/los privados de libertad mayores de 70 años o los que padezcan de enfermedades crónicas o en fase terminal, se les otorgará el beneficio del régimen de convivencia familiar, previa valoración del médico forense.
Jueza ignoró diagnóstico médico
Sin embargo, la jueza Segunda de Ejecución, Carmen María Velásquez Lazo, pese a las condiciones del privado, lo único que otorgó fue autorización para que realice sus terapias, cuando la recomendación colocada al final del diagnóstico del Instituto de Medicina Legal es clara: “Este paciente que presenta monoplejía superior y falta de sensibilidad y movilidad parapléjica en los miembros inferiores, no puede continuar bajo el régimen carcelario”.
En total, 578 reos en todo el país han solicitado a sus jueces régimen de convivencia familiar --señala el presidente del patronato del Sistema Penitenciario Nacional, reverendo Ramón Brenes Gutiérrez--, pero ninguno de ellos hasta el momento ha resultado beneficiado, “lo cual consideramos un atentado a sus derechos humanos”.
“Para los privados de libertad con enfermedades crónicas, el mayor problema después de sus dolencias es el poco humanismo de los jueces. Requerimos con urgencia que los jueces se sensibilicen más y puedan brindar la convivencia familiar tal como lo establece la ley. En más de un caso tenemos pruebas contundentes de que los jueces violan los derechos de los privados de libertad, pese a que el dictamen de Medicina Legal dice que no pueden continuar en el régimen carcelario y ellos le niegan el derecho”, señaló el reverendo Brenes.
Bombas de tiempo
Para el Sistema Penitenciario Nacional, los privados de libertad clasificados como “Casos especiales de difícil manejo carcelario” son verdaderas bombas de tiempo. Sólo en el penal de Tipitapa entre ancianos y valetudinarios suman 121.
“En la clasificación de difícil manejo carcelario tenemos internos que presentan cardiopatías, cánceres de próstata, problemas pulmonares, hipertensión, problemas psiquiátricos, etcétera, y si tomamos en cuenta que los penitenciarios no cuentan siquiera con presupuesto para acetaminofén, mucho menos para darles lo que necesitan, es obvio que las dolencias se agudizan y finalmente el privado muere”, dijo el reverendo Brenes.
La situación en los ocho penales es deprimente, aun para las personas sanas, porque no hay presupuesto para colchones, lo cual hace que más de dos mil privados de libertad duerman en el piso. El patronato gestiona con organizaciones cristianas la dotación de medicinas genéricas a los centros penales, pero eso sólo atenúa la situación para los que están saludables.
“Pena de muerte”
En una carta dirigida a EL NUEVO DIARIO firmada por internos de la Galería Nueve del Centro Penitenciario de Tipitapa, éstos expresan que urgen que los encargados de impartir justicia sean humanos y les den el beneficio del régimen de convivencia familiar.
“Esta carta es nuestro grito de auxilio. Necesitamos respuestas expeditas como las que se dan cuando se trata de personajes políticos o altos ex funcionarios públicos; sólo ellos parecen ser beneficiados por la ley, porque quienes administran nuestra justicia son indolentes y nos condenan de manera disimulada a pena de muerte”, señala la misiva.
De acuerdo con la carta, durante la legislación pasada la Comisión de Derechos Humanos visitó en pleno el centro penal y tuvieron la oportunidad de expresarle su solicitud de indulto o régimen de convivencia familiar, y éstos se comprometieron a darles prioridad dentro de la lista de indultados, pero ésta jamás fue aprobada.
Según el reverendo Brenes, los indultos han sido una burla. Hace tres o cuatro años se pasó a la Asamblea una lista de indulto de mil personas, desde entonces a la fecha sólo han sido indultadas cien.
“Los enfermos crónicos siguen esperando estar dentro de la lista de indultados, he conversado con algunos diputados y les hablé de la necesidad de sacar a estos ancianos. El avance que tenemos es que ya algunos jefes de bancada me han solicitado que de nuevo pase el listado, el cual por supuesto encabezarán los enfermos y ancianos”, aseguró el reverendo Brenes.
Otra gestión que el patronato del Sistema Penitenciario realiza es el cabildeo con magistrados de la Corte Suprema de Justicia como la doctora Alba Luz Ramos, a quien se han enviado cartas con cada uno de los casos en los cuales los jueces violentan los derechos humanos de los enfermos crónicos.
“Si los jueces no se sensibilizan estamos en otras instancias en la Corte y la Asamblea Nacional. No queremos que más personas mueran sin tener la oportunidad de que sus familias luchen, porque queremos que sus últimos días los vivan sin dolor o rodeados de sus seres queridos”, concluyó Brenes.

Así están
* En Nicaragua existen ocho penitenciarías en las que se encuentran cinco mil 601 privados de libertad que son atendidos por 28 especialistas, que incluyen médicos, sicólogos y personal de enfermería.
* Tipitapa, el penitenciario más grande del país, cuenta con once médicos y en los otros siete centros penales se encontró que cuentan al menos con dos.
* El 30 por ciento de los privados de libertad, de acuerdo con las autoridades, duermen en camarotes de metal o colchones en el piso, el resto duerme en condiciones precarias en el suelo.
* Iglesias y ONG donan alimentos y medicinas para paliar las carencias, sin embargo la desnutrición es perceptible debido a que el presupuesto diario por privado de libertad es de apenas 7 córdobas con 20 centavos.