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“Sentencia a Arteaga apegada a Derecho”


La sentencia emitida por el juez local Walter Vargas contra Róger Arteaga Cano, titular de la Dirección General de Ingresos (DGI) --por cobrar de manera indebida el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al alquiler de un consultorio médico-- está apegada a Derecho en base a las leyes de Equidad Fiscal y Ley General de Salud, expresó el especialista en Derecho Fiscal, Teódulo Báez.
“La ley de impuestos es clara en cuanto a las exenciones, pues manifiesta literalmente y en primer lugar, que “están exentos de pago de IVA los servicios de salud humana”, dijo Báez.
La Ley General de Salud (423) conceptualiza: “Son servicios de salud y deben entenderse como servicios de salud, el uso, instalación y destino de los locales donde se prestan servicios de salud, y debe entenderse como locales de servicios de salud los que ocupan los médicos, las clínicas, los consultorios, dispensarios, etc.”.
“El gran problema con esta situación del Director de Ingresos es que se ha especulado. La sentencia es legal, lo ideal es que quienes cobren los impuestos estudien la Ley General de Salud para evitar problemas, porque si les cobramos ilegalmente a los médicos el IVA, serán los pacientes quienes pagarían este impuesto, entonces además de ilegal sería injusto”, afirmó el doctor Báez. “Técnicamente ese cobro ilegal de impuestos que se pretende hacer a los médicos no es una recaudación, sino que se conoce como exacción ilegal y es una razón por la cual cualquier ciudadano de este país puede demandar a un funcionario, pues la única ley que me manda a agotar los recursos administrativos es la Ley de Amparo, de lo contrario si hay un funcionario abusando no tengo por qué presentarme ante él para que me dé respuesta, sino demandarlo ante los juzgados. Es el derecho que me confiere la ley”.
El doctor Báez también enfatizó que cualquier argumento que pretenda la DGI respecto al cobro de IVA a los médicos sería una “leguleyada”, porque la Ley General de Salud no se contrapone, no choca, no deroga la Ley de Equidad Fiscal.
“Entiendo que los empleados públicos defiendan a sus jefes, pero eso tiene un límite, porque cuando una posición perjudica a millones de nicaragüenses no podemos especular. La exacción ilegal es un delito propio de los funcionarios públicos, pero ahora a mí me parece --sin conocer al médico y al juez porque no litigo-- que se hizo lo correcto, porque lo dice la ley, que vayan a estudiar”, concluyó Báez.