Nacional

Piden revertir trama y recuperar dólares

* Debe declararse nulo todo lo actuado por juez suplente, recapturar a Leyla Bucardo, y al retirarse apelación, dejar firmes sentencias condenatorias * Corte Suprema suspendió a los jueces que actuaron en la confabulación y ordenó inspección en los protocolos de los notarios que participaron

Eloisa Ibarra

La Fiscalía solicitó ayer la revocación de la orden de libertad a favor del narcotraficante colombiano Jorge Eliécer González Hernández y de su novia Leyla Bucardo Chávez, además de la restitución de los 609 mil dólares ocupados en el caso y librados de manera irregular a través de un Recurso de Exhibición Personal.
Por su parte, el Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió provisionalmente de sus cargos a los jueces suplentes, Julio Morales Aragón, Moisés Rodríguez Zelaya y Yulissa Carolina Bonilla Martínez, involucrados en la trama para liberar a los narcos y sacar el dinero de una cuenta de la Corte.
La Fiscalía y la CSJ, que habían permanecido pasivas ante el caso, reaccionaron con acciones legales concretas después de ocho días de que los medios de comunicación hicieron público el caso, y al día siguiente de que Bucardo afirmara que obtuvo su libertad por influencias.
Recapturar a Bucardo
El fiscal auxiliar, Javier Antonio Morazán, solicitó que Bucardo, quien se encuentra en libertad, sea capturada, y que se declare nulo todo lo actuado por el juez Suplente Sexto Penal de Juicio, Julio Morales, quien ordenó la libertad de ambos y la liberación del dinero.
Un día antes, Bucardo ironizó y se mostró confiada en que no volvería a la cárcel. Cabe recordar que en agosto, ella quedó libre en un primer intento con el Recurso de Amparo de las mismas personas, pero fue recapturada.
En el escrito, Morazán pide que se convoque a las partes a audiencia oral y pública, para resolver las peticiones presentadas. Dijo que mientras el juez no se haya pronunciado, nadie puede hacer uso de la orden de libertad de Morales, ni de la falsa sentencia de la Sala Constitucional de la CSJ.
La petición de Morazán deberá resolverla la juez Miriam Guzmán, titular del Juzgado Sexto de Juicio, quien fue enviada de vacaciones por la CSJ, y mientras Morales asumió el Juzgado, tomó todas las decisiones a favor de los narcos.
Sentencias quedarán firmes
Una vez que Guzmán se pronuncie, González y Bucardo quedarán con sus condenas firmes --10 y cuatro años de prisión, respectivamente--, porque el pasado miércoles desistieron del recurso de apelación ante la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
Morazán afirma en el escrito que Rodríguez, en calidad de juez ejecutor, contravino la Ley de Amparo al ordenar la libertad de los reos, y teniendo pleno conocimiento de que la competencia o incompetencia de la autoridad se discute en las audiencias escuchando a las partes, y nunca por vía del Recurso de Amparo.
Señala que Morales no tenía competencia sobre el caso, ya que el recurso de apelación produce el efecto suspensivo, no sólo el devolutivo, y, además, lo hace con una certificación de lo que es un proyecto de resolución de la Sala Constitucional, ya que la sustraída sala, aún no se ha pronunciado al respecto.
Afirmó que Morales se extralimitó en sus funciones en el ejercicio del cargo, todo lo cual se hizo sin mandar a oír previamente al Ministerio Público, como lo exigen los principios cardinales del nuevo Código Procesal Penal (CPP), lo que evidencia una actividad defectuosa.
Inspección en protocolos
La CSJ ordenó la inspección en el protocolo de los abogados involucrados en el caso: Asdrit Berenice Bracamonte, quien razonó el proyecto de sentencia del libro de Votos de la Sala Constitucional; Bonilla, quien libró testimonio de un supuesto poder otorgado por González y Bucardo a favor de Sergio Ramón Meléndez Aguilar, que, supuestamente retiró el dinero de la cuenta de la Corte en el Banpro.
Bucardo afirmó un día antes que el testimonio es falso, y que nunca otorgó poder a nadie. La CSJ también ordenó a los involucrados, incluido el abogado Israel Zelaya, quien según Bracamonte la buscó para razonar la sentencia, a que rindan un informe de su actuación.
Asimismo, solicitó a la Fiscalía que remita una certificación de todas las diligencias realizadas en el caso, y los tribunales de apelación de Managua y Masaya certificación de la tramitación del Recurso de Exhibición Personal interpuesto por Javier Antonio López Poveda.
Tratamos de comunicarnos con Zelaya para conocer la reacción ante las peticiones de la Fiscalía, pero no respondió su teléfono.