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Trama sigue y sacarán a narco

* Reo sentenciado y “timado”, cambia de defensor bajo promesas de libertad * Magistrados bien claros de que la Ley de Carrera Judicial sólo los faculta a investigaciones administrativas, pero se extienden a lo penal con una Fiscalía complaciente * Dra. Alba Luz Ramos declara que desde hace tiempo viene pidiendo la destitución de juez Moisés Rodríguez, quien al parecer tiene un buen padrino

Eloisa Ibarra

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez Sevilla, se aferró ayer a su propia interpretación de la Ley de Carrera Judicial, que según dijo, les da la facultad para investigar a jueces y notarios aun en casos comunes, y por eso la Fiscalía desistió de continuar la investigación por la pérdida de 609 mil dólares.
Mientras tanto, el reo narco sentenciado a 10 años de cárcel y que se declaró “timado” con los 609 mil dólares, cambió de defensor bajo la promesa, no se sabe de quién, de que de esa manera obtendría su libertad.
“Si hay algo contra el Poder Judicial, la Constitución dice que resolvamos y después mandemos a los responsables a las instancias correspondientes. Nadie puede interferir con el Poder Judicial de primas a primeras, y vamos a investigar porque la ley nos faculta y una vez terminada decidiremos”, dijo Martínez.
Una Fiscalía complaciente
El fiscal especial, Armando Juárez, confirmó que la Fiscalía tiene paralizada la investigación porque la CSJ le pidió inhibirse, y todos los que han comparecido a las entrevistas han actuado en su calidad de jueces o notarios.
“Una investigación propia sería contaminar los resultados, estamos a espera de los resultados de la CSJ”, dijo Juárez.
Antes de paralizar la investigación, la Fiscalía acumuló la denuncia de la Procuraduría en contra de Martínez; el magistrado Róger Camilo Argüello; los jueces Julio Morales y Moisés Rodríguez, y los abogados, Israel Zelaya y Astrid Berenice Bracamonte, por lo que ésta también ha quedado congelada.
¿Se autoinvestiga?
Martínez indicó que preside la Comisión Investigadora de la CSJ porque la ley lo manda, y si resulta que él está implicado en algo se separará, pero antes no, aunque quieran señalarlo como indiciado.
Insistió en que firmó el cheque a favor de los narcotraficantes Jorge Eliécer González Hernández y Leyla Bucardo, por 609 mil dólares, porque se lo ordenó el juez Sexto de Juicio, Julio Morales. Pero si alguien de mala fe o por error empañó su actuación, hay que investigarlo.
Aseguró que antes de firmar el cheque la orden judicial pasó por todas las instancias: la Administración, la Auditoría y Tesorería, como establece la Contraloría General de la República.
En todo momento remarcó la responsabilidad de Morales, y casi llegó a eximir de responsabilidad al juez liberal, suplente Segundo de Audiencias, Moisés Rodríguez, quien fue el juez ejecutor que ordenó a Morales la entrega del dinero, y quien participó de principio a final junto al ex juez Carlos Mario Peña en toda la trama.
Dra. Ramos descalifica a Rodríguez
La magistrada Alba Luz Ramos reveló que en más de una ocasión ha pedido la destitución del juez Rodríguez, quien aparece mencionado en todas las irregularidades y anomalías que se oyen en el país, pero declinó señalar si alguien lo protege a lo interno de la Corte.
Para el magistrado Armengol Cuadra, todos los jueces que aparecen involucrados ya deberían haber sido destituidos, y recordó que en otros casos con sólo negligencias se ha procedido de forma inmediata y con dureza. No obstante, dijo que es al Consejo de Administración de Carrera Judicial a quien por ley le corresponde investigarlos y hacer la propuesta a la Corte Plena.
El magistrado Guillermo Selva comentó que pedirá la destitución de todos los jueces implicados en la trama para sacar a los narcos y liberar el dinero, a través de un Recurso de Exhibición Personal y con una sentencia sin valor legal, y defendió la actuación de Martínez, de quien dijo sólo cumplió con la orden de un juez, que debería ser destituido.
Selva compartió el criterio de Martínez en relación a que es la CSJ la que constitucionalmente tiene la facultad para investigar a sus funcionarios, aun por encima de la Fiscalía, aunque se trate de delitos comunes y de acuerdo con los resultados, pasarlos a las instancias correspondientes.
Una cosa no elimina la otra
Ramos, Cuadra y aun el magistrado Edgard Navas coincidieron en que la investigación de la CSJ es de carácter administrativo, y que la Fiscalía tiene la facultad de hacer su propia investigación si sospecha que existe un delito.
La Ley de Carrera Judicial establece que las investigaciones del Consejo de Administración son de tipo administrativo, y la Fiscalía tiene facultad para hacer su investigación, pero es su decisión continuarla o no, comentó Cuadra.
Navas, miembro del Consejo de Administración de Carrera Judicial, reconoció que han actuado con lentitud, pues hasta ahora no han ordenado ni efectuado ninguna diligencia específica en el caso, lo que da una pésima percepción.
¿Qué se hizo Róger Camilo?
Indicó que hay que analizar en conjunto todo el hecho, aun lo referido al magistrado Róger Camilo Argüello, quien en su momento tendrá que dar explicaciones de su actuación. Para Navas la investigación no debe demorar más de dos semanas.
Ramos, también miembro del Consejo, indicó que ha estado alejada del caso porque trabajaba en la preparación de un seminario internacional. No obstante, dijo que quien controla el Consejo es el Presidente de la CSJ, quien por ley, convoca y establece la agenda, aunque de no hacerlo los demás integrantes pueden pedírselo.
Y mientras la investigación se paralizó, González fue llevado al Tribunal de Apelaciones para cambiar al abogado, Pánfilo Orozco como defensor, y en su lugar nombrar a Israel Zelaya, quien días atrás negó tener algún vínculo en el caso y hasta amenazó con demandarnos por mencionarlo.
Le prometieron sacarlo
Orozco refirió que González lo llamó por teléfono el martes por la noche para comunicarle que lo cambiaría como abogado, porque le indicaron que lo sacarían de la cárcel sólo si cambia de defensor.
A la vez rechazó las afirmaciones de Leyla Bucardo, compañera de González, quien dijo que Orozco debe saber dónde esta el dinero, porque tenía un poder para retirarlo.
“Esa es una trama burda para defenderse, ella sabe quién tiene el dinero, porque le otorgó un poder a Sergio Ramón Meléndez Aguilar, a través de la notario Yulissa Carolina Bonilla Martínez”, dijo Orozco.
“Estoy molesto porque trabajé en ese caso, y ahí estaban mis horarios. Estoy indignado, pero él (González) me dijo que van a sacarlo únicamente si cambia de defensa”, agregó.
Por su parte, Rodríguez dijo que su actuación fue apegada a derecho. Reconoció que ordenó la devolución de los bienes a los procesados, pero no pudo explicar quién lo facultó, pues ni la falsa sentencia de la CSJ lo contemplaba.
Ofensas y contraofensas
Rodríguez fue más allá criticando a Orozco, y aseguró que cuando tuvo en sus manos el caso de Alejandro Fiallos, Orozco se presentó a su despacho con una bolsa de dinero a proponerle que dictara una sentencia a favor de Fiallos, y en contra de su representada.
Orozco adelantó que se desquitará del señalamiento de Rodríguez, a quien todo mundo conoce como un juez corrupto. “Tengo grabado el proyecto de sentencia en contra de Fiallos que Rodríguez me dio a elaborar y que sólo le cambió algunas cosas”.
“Él (Rodríguez) quiere desquitarse y denigrarme a su nivel de sucio corrupto, pero yo se la voy a devolver”, sentenció Orozco.