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Asesoría a inversionistas demuele al Poder Judicial

* Concluyen que la corrupción en ese poder del Estado, “ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia de Nicaragua” * El documento vincula el deterioro del Poder Judicial con su dependencia absoluta a las cúpulas del FSLN y del PLC * Pasan revista a todas las estructuras y terminan con el peor de los mensajes para quienes quieran invertir su plata en Nicaragua

I ENTREGA

“La corrupción en el Poder Judicial ha alcanzado niveles sin precedentes en Nicaragua”. Lo anterior se desprende de un estudio, hasta ahora inédito, que realizó el consultor Omar García-Bolívar, Presidente de la firma BG --con sede en Washington, Estados Unidos-- para un grupo de abogados e inversionistas de ese país, al que EL NUEVO DIARIO tuvo acceso.
“Respaldados por todas las fuentes mencionadas más arriba y en particular por las entrevistas extensivas dirigidas por la Evaluación de la Usaid del Cafta, el sistema judicial de Nicaragua es mucho peor que el del resto de los países de América Central, incluyendo específicamente la falta de independencia judicial en el contexto de las leyes civiles”, dice el informe en uno de sus conclusivos.
García-Bolívar dijo ayer, a través de un correo electrónico, que él fue uno de los consultores que trabajó para AID un informe sobre el Cafta. Pero también confirmó que produjo un informe confidencial para un grupo de inversionistas americanos sobre el Poder Judicial de Nicaragua, basándose en buena medida en algunos de los datos del reporte AID.
El estudio expone que en Nicaragua el sistema judicial responde a los caudillos: el secretario del FSLN, Daniel Ortega, y el líder del PLC, Arnoldo Alemán. Menciona también que la falta de voluntad política por cambiar el sistema judicial, hace difícil un desarrollo económico en el largo plazo.
“Los jueces en Nicaragua son nombrados según su afiliación política y su lealtad, y pueden ser fácilmente destituidos si fallan en responder a los poderosos intereses políticos. La falta de independencia en el sistema judicial de Nicaragua es generalizada. La corrupción está presente en todo tipo de casos, incluyendo en los casos civiles y penales”, dice el informe.
La firma que dirige García-Bolívar es especializada en políticas de desarrollo, desarrollo empresarial y conflictos de inversiones. En uno de los conclusivos del estudio menciona que los factores políticos y la interferencia de figuras políticas, determinan el resultado de decisiones legales comerciales.
Sistema feudal impera en CSJ
“Formalmente, cada magistrado de la Corte Suprema es asignado para controlar a todos los jueces dentro de cada departamento geográfico/político de Nicaragua. En la práctica, la manera en que los departamentos son asignados al magistrado de la Corte Suprema es a menudo sobre la base del grado en que un magistrado tiene intereses particulares en un departamento particular.
Los magistrados tienen mayor probabilidad de obtener las responsabilidades de control en los departamentos en los que ellos tienen lazos personales. Esto crea una situación de feudos judiciales donde los magistrados de la Corte Suprema (son) vistos por los jueces de los tribunales inferiores como “padrinos”, a saber, figuras “protectoras”, a menudo controlan los tribunales en los que ellos probablemente interfieren más debido al sesgo político o a los intereses personales. Comúnmente, los magistrados encargados de departamentos específicos son llamados “dueños de feudos”, dice el estudio.
Según el estudio, los jueces sin “padrinos” están sujetos a un tratamiento arbitrario, y citan el caso del ex magistrado de la sala civil uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, Guillermo Estrada, quien por tener reputación de serio e independiente, lo quisieron trasladar a la Costa Atlántica, por lo que tuvo que renunciar en marzo pasado.
Menciona también que el magistrado sandinista Rafael Solís, como jefe de la Comisión Disciplinaria de la CSJ desde 2002 hasta marzo pasado, ejerció control sobre porciones significativas del sistema judicial. “Se considera un eje en una pequeña red de individuos que permiten poder sobre el Poder Judicial para converger en Daniel Ortega”.
García-Bolívar cita un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que dice: “La Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema, que se encarga de supervisar la ética y conducta de los jueces, fue presidida por Rafael Solís, un magistrado corrupto de la Corte Suprema con lazos estrechos con el FSLN”.
Solís --cita el informe-- desde el momento de su nombramiento juró públicamente defender los intereses del FSLN en la Corte Suprema.
Para probar las supuestas anomalías de Solís y su influencia sobre los jueces, en el informe se cita que a Walter Gutiérrez, un abogado asociado con el magistrado en su oficina de leyes, pretendió ayudarle cuando éste era sujeto de un juicio.
La juez que llevaba la causa, Rosario Altamirano, dijo públicamente que Solís la había llamado recomendándole a Gutiérrez porque eran amigos. A los días fue removida de su cargo.
Solís: “Eso es pagado por los gringos”
El magistrado Solís dijo anoche que “todos esos estudios son pagados por los gringos en su afán de desprestigiar al Poder Judicial. Ya van varios estudios en el mismo sentido. Ustedes no pueden andarle haciendo caso a eso. Eso es pura mierda”.
Pero el informe profundiza más y dice que “se conoce comúnmente que los magistrados de la Corte Suprema llaman a los jueces para exigirles que tomen una decisión en la dirección que favorezca a sus intereses personales o a los del partido FSLN, PLC, o partidos aliados”.
Según el estudio, el control político en la CSJ no es ideológico. Más bien, los magistrados “corruptos” de la Corte Suprema (y los jefes de partidos a través de ellos) dictan unilateralmente el resultado de acuerdo a sus propios intereses.
“Comúnmente se cree que muchas de las recientes decisiones notorias y con un perfil altamente sesgado del derecho civil, son el resultado de los magistrados de la Corte Suprema afiliados con el FSLN, que reciben montos significativos de dinero que en última instancia significan ser contribuciones al FSLN”, según el informe.
Corrupción afecta inversiones
Roberto Abarca, Gerente de Clima de Negocios de la Comisión Presidencial de Competitividad, dijo que en Nicaragua el nivel de corrupción y la parcialidad del sistema judicial se convierten en elementos importantes que los inversionistas extranjeros toman en cuenta a la hora de invertir en el país, unido a la estabilidad política y la facilidad para hacer negocios.
Abarca expresó que en Nicaragua se han modernizado y agilizado los procedimientos para montar un negocio, y que el clima de seguridad es mejor que en el resto de Centroamérica, pero muchos inversionistas prefieren invertir en países como El Salvador y Guatemala --con índices de violencia superiores--, porque las reglas jurídicas son más claras y protegen su inversión.
“La violencia la pueden combatir, pero ¿cómo se defienden de un fallo judicial negativo o alguna medida política? Los inversionistas se sienten desprotegidos y muy poco pueden hacer cuando el sistema judicial tiene una forma negativa de operar”, dijo el funcionario.
Agregó que las inversiones en Nicaragua se han mantenido, pero no en los niveles esperados, lo que mejoraría si en el país hubiera un sistema judicial transparente y mayor estabilidad política.
Cuestión de percepción
En el informe “Haciendo Negocios”, preparado por el Banco Mundial (BM), y que mide el clima de negocios para las inversiones, Nicaragua ocupa el puesto 59 entre los 155 países analizados, muy por encima de Costa Rica (89), El Salvador (76), Guatemala (103) y República Dominicana (109).
Según el informe, en Nicaragua un inversionista extranjero se tarda 42 días en registrar una empresa, mientras que en Costa Rica el período es de 77 días y en República Dominicana 75.
“Estamos mejor que cualquier país de Centroamérica en términos de factores y procedimientos para crear negocios. En ese aspecto somos el país más competitivo de la región, pero todo eso se opaca con los conflictos políticos y las desventajas judiciales. Los inversionistas no estarían dispuestos a correr el riesgo de invertir en un país con esos problemas, porque no pueden minimizar las desventajas”, explica Abarca.
El funcionario dijo que un inversionista extranjero toma las decisiones de invertir en un país basado en las percepciones que se tienen a nivel internacional de esa nación, y la imagen que se vende de Nicaragua en el exterior es de un país conflictivo y de alto riesgo.
Como señala García-Bolívar en su estudio, “los periódicos más importantes en los Estados Unidos como el Washington Post y el Miami Herald han mencionado que los funcionarios judiciales de Nicaragua no pueden “ver más allá de sus propios intereses corruptos” y “han escogido vender más barato sus mejores y últimas esperanzas para salvarse”, y que “[fue] claro que las decisiones de algunos jueces fueron políticamente manipuladas... Hay una percepción generalizada de que la justicia está en venta.”
Abarca dijo que esas informaciones “asustan” a los inversionistas, porque les hace pensar que invertir en el país puede traerles más pérdidas que las ganancias que esperan, por muchos que sean los incentivos creados para estimular la inversión.
¿Cómo puede un inversionista llegar a un país donde la gente no confía en su sistema de justicia y donde no puede encontrar un trato imparcial?, pregunta el funcionario.
Elecciones afectarán
En 2004 entraron al país 260 millones de dólares en concepto de Inversión Extrajera Directa (IED). El sector de zonas francas representó el mayor crecimiento en inversión, pero también se destacan el de servicios y turismo.
Datos de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF) muestran que en 2004, los empleados de este sector pasaron de 60 mil en 2003, a 66 mil el año pasado, mientras que las instalaciones industriales totalizaron 88 empresas, con una inversión total de 69 millones de dólares.
El capital fuerte en el sector fue el asiático, con la salvedad de que las empresas taiwanesas (17 empresas) han cedido campo frente a las surcoreanas, que en total suman 22 plantas. El resto son de capital nacional (12 empresas) y de inversiones italianas, mexicanas y estadounidenses.
Pero este año estos niveles de inversión pueden reducirse producto de la inestabilidad política y los procesos electorales, dijo Abarca.
Agregó que muchos inversionistas van a esperar que pasen las elecciones para invertir en el país, lo que sería perjudicial para Nicaragua porque el resto de la región cuenta con ventajas comerciales competitivas, como haber aprobado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (conocido como Cafta).
Abarca explicó que para los inversionistas es más atractivo un país que cuenta con un acuerdo comercial con Estados Unidos, porque lo ven como un puente para exportar sus productos a la mayor economía del mundo.
El funcionario señaló que si Nicaragua aprueba el TLC, eso amortiguaría el impacto negativo que las elecciones generan en términos de inversión, pero si el acuerdo comercial no se aprueba, y el proceso electoral genera mayor inestabilidad, “sería catastrófico en términos de atracción de inversiones”.
Lea Mañana
* Casos judiciales que se decidieron sobre la base de influencias políticas.
* Nivel de Inversión disminuye porque no hay confianza en el Poder Judicial.
* Niveles altos de corrupción en el Poder Judicial desde pacto Alemán-Ortega.