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Investigan empresa de papel periódico en Argentina


BUENOS AIRES / AFP

El Gobierno argentino denunció ayer que la empresa que suministra papel para diarios fue apropiada en complicidad con la dictadura (1976-1983), en una escalada del enfrentamiento que mantiene con un multimedios y con la oposición, que advierten amenazas a la libertad de expresión.
La presidenta Cristina Kirchner anunció la noche de ayer martes una investigación sobre presuntas maniobras de grupos periodísticos para adueñarse de Papel Prensa, la mayor proveedora de los periódicos, en un acto con gobernadores, congresistas y empresarios en la Casa Rosada (gobierno).
En cambio, el multimedios que lidera el diario Clarín, junto con su socio el diario La Nación en la firma Papel Prensa, emitió un comunicado en el que denuncia “una historia inventada para quedarse” con la compañía papelera, en otro capítulo de un enfrentamiento a gran escala que sostiene con Kirchner.
“Los accionistas privados (mayoritarios) de Papel Prensa (una parte minoritaria corresponde al Estado) venimos denunciando desde hace casi un año un plan del Gobierno para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre”, indicaron en su declaración.
Voceros gubernamentales habían anticipado la posibilidad de que la jefa de Estado utilice la Cadena Oficial de Radiodifusión y Televisión para formular el anuncio del informe y su envío a la Justicia para iniciar una causa penal.

Anuncian
supuestas pruebas
“Es un paso trascendental que deja al descubierto las maniobras de algunos sectores del poder civil que estuvieron en connivencia con el poder militar, apropiándose de bienes de personas en total estado de indefensión”, anticipó a la prensa el síndico general de la Nación, Daniel Reposo.
Reposo dijo que “hay documentación y testimonios contundentes que demuestran que a (la accionista) Lidia Papaleo de Graiver, privada de su libertad, la obligaron a la toma de decisiones (...) y no pudo expresar libremente su posibilidad de vender las acciones”, en 1976.
“Controlar el papel es controlar la información y esto es lo que el Gobierno viene buscando a través de varias herramientas: la propaganda oficial, la ley de medios, el control del acceso a la información, al manejo militante de los medios públicos y la multiplicación de los medios paraoficiales”, dijeron en reacción ambos diarios.
Otro golpe contra el multimedios había sido asestado la semana pasada cuando el Gobierno le quitó la licencia para operar a la firma Fibertel, perteneciente al grupo y proveedora de servicios de internet por cable, con una participación del 25% en un mercado de 4,2 millones de usuarios.
En la lucha abierta y sin cuartel de Kirchner contra un sector de empresas periodísticas terció la oposición, al unirse partidos socialdemócratas, derechistas, peronistas disidentes y liberales cristianos para denunciar en el Congreso “un ataque a la seguridad jurídica y la libertad de expresión”.
La caducidad de la licencia a Fibertel “degrada la democracia, limita las libertades y lesiona la seguridad jurídica”, dijo la Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), segundo bloque más numeroso en Diputados y el Senado.
“Se inicia la fase dictatorial”, dijo la diputada Elisa Carrió, liberal cristiana y candidata derrotada por Kirchner en las elecciones presidenciales de 2007.
El testimonio que esgrime el Gobierno para denunciar la irregularidad en Papel Prensa es el de Lidia Papaleo, viuda del banquero David Graiver y víctima del régimen al ser secuestrada y torturada en 1976.
La dictadura acusó en aquel entonces al poderoso Grupo Graiver, con fuertes inversiones en distintos sectores y controlante de Papel Prensa, de tener vinculaciones con el disuelto grupo armado peronista Montoneros.
El abogado Rodolfo Yanzón, defensor de víctimas de la represión en los juicios en marcha por terrorismo de Estado, dijo que “una vez que se pueda determinar la responsabilidad penal (...) el Estado está obligado a quedarse con la totalidad del paquete accionario”, de Papel Prensa.
“El Gobierno argentino está buscando la forma de controlar a los medios independientes del país”, había declarado esta semana a Clarín el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Alejandro Aguirre.