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Suspenden al juez Garzón para indignación de víctimas de Franco


MADRID / AFP

El Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) suspendió, ayer viernes, al juez Baltasar Garzón, tras haber sido inculpado por haber querido investigar los crímenes amnistiados de la época franquista, ante la indignación de los defensores de derechos humanos y de víctimas de la dictadura.
La suspensión cautelar fue decidida “por unanimidad” por el pleno del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces españoles, reunido en sesión extraordinaria para decidir sobre el cese del juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, según la misma fuente.
El CGPJ ha tomado esta decisión, después de que el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, ordenara la apertura de juicio oral contra Garzón, acusado de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) por intentar investigar sobre los crímenes del franquismo sin supuestamente tener competencias para ello.
“Era algo cantado, el CGPJ no podía hacer otra cosa, cuando un juez es sentado en el banquillo por un delito ejerciendo sus funciones como es el de prevaricación, no quedaba otra opción que suspenderle, primero porque lo dice la ley y luego porque es la práctica habitual”, dijo el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa.

La Haya en veremos
El juez ya ha recibido la notificación oficial de su cese, aunque tendrá que esperar para saber si se le autoriza a marchar a La Haya a la Corte Penal Internacional como asesor de la fiscalía.
El fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo invitó a Garzón como asesor por un periodo inicial de siete meses, pero la Comisión Permanente del CGPJ reunida para decidir sobre ese traslado ha pospuesto su decisión tras dos horas de reunión.
La suspensión del juez ha causado la indignación de defensores de derechos humanos y de víctimas de la dictadura.
“Sinceramente, si hay un juez que ha sido el primero en preocuparse de las víctimas del franquismo y termina así, es lamentable, realmente”, afirmó el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, cuya asociación fue la primera en promover la apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo.
Desde su página web, el escritor portugués José Saramago, aseguraba que “las lágrimas del Juez Garzón hoy son mis lágrimas”.
“Con el apartamiento de Garzón las campanas, después del repique a gloria que harán los falangistas, los implicados en el caso Gurtell, los narcotraficantes, los terroristas y los nostálgicos de las dictaduras, volverán a sonar a muerto, porque la justicia y el estado de derecho no han avanzado, no han ganado en claridad y quien no avanza, retrocede”, escribió Saramago.
La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a asegurar que “el gobierno como siempre respeta la decisión del CGPJ y de la misma forma, insistimos en la necesidad de respetar la presunción de inocencia del juez porque el procedimiento no ha concluido”.
La justicia española todavía tiene que fijar una fecha para el juicio a Garzón, que en el caso de se condenado podría ser inhabilitado por hasta 20 años como juez, lo que en la práctica supondría el fin de su carrera.
Después de conocer la decisión del CGPJ, el juez Garzón abandonó la Audiencia Nacional entre abrazos de amigos y colegas y los gritos de “¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!” de un grupo de partidarios del magistrado.
El magistrado no pudo evitar unas lágrimas de emoción al abandonar el que fue su lugar de trabajo durante más de veinte años.
Por la tarde, varios centenares de personas se concentraron ante la Audiencia Nacional, con gritos de “¡Garzón, amigo, estamos contigo!” y enarbolando banderas republicanas y fotografía de víctimas de la dictadura franquista.
Garzón investigó brevemente en 2008 la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo (1939-1975), alegando que el delito de desaparición forzada no prescribe. Era la primera investigación de estos hechos en España.
La fiscalía estaba en contra por estimar que esos delitos entraban en la ley de amnistía de 1977, adoptada tras la muerte del general Francisco Franco y al inicio de la transición democrática española, y el juez abandonó la investigación.