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Ley de Arizona enfrenta sus primeras demandas

* Anuncian más acciones legales para el lunes

PHOENIX / EFE

La Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos (Conlanic) presentó ayer la primera demanda en contra de la ley que criminaliza a los indocumentados en Arizona y enseguida un policía de origen hispano siguió el ejemplo.
Hasta ahora hay dos querellas presentadas, la de la Conlanic ante la corte federal de Phoenix, capital del estado, y la del agente de policía Martin H. Escobar, ante la corte federal de Tucson, pero además una coalición de organizaciones de derechos humanos anunció que interpondrá una demanda conjunta, probablemente el lunes.
“Estamos solicitando ante la corte una orden de abstención de la aplicación de la ley estatal SB1070, ya que consideramos que viola el derecho a un proceso justo, porque permite que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados”, dijo a Efe el reverendo Miguel Rivera, presidente de Conlanic.
La coalición, organización con base en Washington D.C. representa a más de 30.000 iglesias de EU., de las cuales un poco más de 300 se encuentran en Arizona, en ciudades como Phoenix, Tucson y Yuma.
“Decidimos actuar inmediatamente en contra de esta ley, representando a toda la comunidad de fe”, enfatizó Rivera, quien subrayó que el 38 por ciento de los feligreses de la coalición son precisamente inmigrantes indocumentados.

Reacciones en cadena
La ley, promulgada el pasado viernes por la gobernadora Jan Brewe, del Partido Republicano, y cuya entrada en vigor está prevista para dentro de tres meses, ha despertado críticas e inquietud en gobiernos de países latinoamericanos, organismos internacionales y organizaciones de inmigrantes y de defensa de los derechos humanos.
Incluso, el presidente de EU., Barack Obama, ha dicho que está mal concebida.
“Esta es una ley estatal no sólo anti-inmigrante, sino también en contra de todos los latinos en Estados Unidos”, afirmó el reverendo.
Por su parte, el policía Martin H. Escobar alega en su demanda que la SB1070 viola numerosos derechos constitucionales y se convierte en un obstáculo para que la policía pueda hacer su trabajo, particularmente en barrios hispanos.
El Fondo Mexicano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de inmigración (NILC) anunciaron hoy que seguirán el ejemplo y presentarán también una demanda contra la ley.
“El día de hoy las tres organizaciones de mayor experiencia en la defensa de los derechos civiles en la nación nos hemos reunido para anunciar un esfuerzo para retar la legitimidad de la ley estatal SB1070”, dijo Thomas A. Sáenz, presidente de Maldef.
En una conferencia de prensa en Phoenix, Sáenz calificó la nueva regulación como “anticonstitucional” y “discriminatoria” y aseguró que viola los derechos civiles de los hispanos en Arizona sin importar su estatus migratorio.
El presidente de Maldef dijo a Efe que aún no hay una fecha para presentar la querella, pero podría ser el próximo mes.
“Esta ley estatal solamente incrementará de forma desenfrenada la práctica del perfil racial que ya existe en Arizona”, sostuvo Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de ACLU en Arizona.