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La Haya rechaza demanda de Argentina contra Uruguay


LA HAYA / AFP

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó ayer martes una demanda de Argentina de desmantelar y relocalizar una fábrica de celulosa en Uruguay que estima contaminante para un río limítrofe, en un fallo que pone fin a un largo litigio que afectó los lazos bilaterales.
La máxima instancia judicial de la ONU, con sede en La Haya, estimó empero que Uruguay incumplió su obligación de informar a su vecino sobre sus planes de construir la fábrica, ubicada en la ciudad fronteriza de Fray Bentos, 300 km al noroeste de Montevideo, en un dictamen que dio parcialmente la razón a ambas partes.
El gobierno uruguayo calificó en seguida de “positivo” el fallo y dijo que ahora busca agendar una reunión entre ambos presidentes, mientras que la representante legal argentina, Susana Ruiz Cerutti, también señaló en La Haya sentirse “satisfecha”.
La decepción fue mayor para los manifestantes argentinos que desde fines de 2006 mantienen bloqueado el puente fronterizo que une la localidad argentina de Gualeguaychú, en Entre Ríos, con la uruguaya de Fray Bentos, en protesta contra la fábrica.
Los habitantes de la ciudad, 300 km al norte de Buenos Aires, “no van a aceptar jamás que la planta continúe en la ciudad uruguaya de Fray Bentos”, dijo el ambientalista Lalo Moreyra, sugiriendo que la protesta podría continuar.
En su sentencia, la CIJ dictó que Argentina “no aportó pruebas concluyentes” que establezcan que la fábrica --que transforma madera en pasta de celulosa para papel-- esté “afectando la calidad de las aguas o el equilibrio biológico” del río Uruguay, de soberanía compartida.
Por lo tanto, “Uruguay no incumplió sus obligaciones de fondo” sobre la protección del medioambiente previstas en el estatuto del río de 1975, un tratado bilateral sobre su uso compartido, según el texto de la sentencia leído por el juez eslovaco Peter Tomka.
Así, la corte desestimó una de las principales demandas de Argentina, es decir, que ordenara el desmantelamiento y relocalización de la pastera, propiedad en sus inicios de la finlandesa Botnia y actualmente en manos de su compatriota UPM.

No hay indemnización
La CIJ también rechazó la petición argentina de recibir una indemnización por los daños supuestamente ocasionados por la actividad de la pastera.
Sobre la forma de proceder de Uruguay respecto a su vecino, la corte le reprochó que incumpliera su deber de informar al gobierno argentino --a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)-- sobre sus “proyectos” para construir la fábrica de pasta de celulosa, que entró en funcionamiento a fines de 2007.