Internacionales

Constituyente boliviana reinicia trabajo en Sucre

* Opositores planeaban reunirse en la sede original y sectores sociales libraban escaramuzas en el centro de la ciudad

El oficialismo reinstaló la Constituyente de Bolivia este viernes tras tres meses de receso forzado, sin la presencia de la oposición y en medio de un clima de violencia que determinó su traslado a un recinto militar de Sucre para proteger a los asambleístas.
La Constituyente comenzó a funcionar con la única presencia del oficialismo, mientras los opositores planeaban reunirse en la sede original y sectores sociales libraban escaramuzas en el centro de Sucre, al sur del país.
Confusos reportes del lugar hablaban de heridos por impacto de balas de goma y bombas de gas lacrimógeno disparadas por la policía, que intentaba controlar las enardecidas turbas que manifestaban a favor y en contra de la Constituyente.
A pesar de la ausencia de la oposición, la Asamblea reunió a 145 constituyentes, suficientes para alcanzar el quórum mínimo (la mitad más uno de los 255 miembros del foro).
Las deliberaciones de los constituyentes oficialistas comenzaron a desarrollarse en medio de fuertes medidas de seguridad y la vigilia de cientos de indígenas pro gubernamentales.
Los choques se desarrollaban cerca del Teatro Mariscal Sucre, sede habitual de las deliberaciones de la Constituyente y donde tenían planificado instalar una sesión paralela los asambleístas de Podemos, opositor partido de derecha, que suma 55 miembros.
Grupos civiles de oposición alertaron sobre la posibilidad de que el oficialista MAS --con mayoría de 55% en la Asamblea-- apruebe la Constitución sin consenso y sin discusión.
El oficialismo “quiere hacer una plenaria y empezar a aprobar un reglamento a su antojo, como quiere la bancada del (oficialista partido) MAS, porque van a ser ellos casi solos quienes van a sesionar, entonces podrán cambiar artículos, pero ya no va a ser la Constitución de todos los bolivianos”, advirtió el opositor Ricardo Cuevas, segundo vicepresidente de la Constituyente.
El presidente Evo Morales se mostró confiado el jueves de que en diciembre los bolivianos recibirán “como regalo de Navidad una Constitución”. La mudanza al cuartel del liceo militar se hizo para evitar el hostigamiento de grupos civiles de Sucre, que exigen que la futura Constitución devuelva a esa ciudad la sede de gobierno actualmente en La Paz, perdida en una guerra civil hace un siglo. El pedido es rechazado por el MAS.
El delegado opositor, Edwin Velásquez anunció que su partido no asistiría a las deliberaciones, pues trabajar en “un cuartel militar es ilegal”.
Otro líder civil opositor, Jaime Barrón, anunció que la región de Chuquisaca (cuya capital es precisamente Sucre) rechazará la nueva ley fundamental, en consonancia con lo que sostiene el poderoso gobernador de la región de Santa Cruz, Rubén Costas, también desde la oposición.
“Ésta va ser una Constitución impuesta que no la vamos a acatar”, afirmó este viernes el influyente prefecto de derecha, férreo adversario de Morales.
Mientras el oficialismo comienza a trabajar para aprobar el primer artículo de la futura Carta Magna (lo que no se ha logrado desde agosto de 2006 cuando se instaló la Asamblea), miles de campesinos, indígenas y habitantes de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, arriban a Sucre para “proteger” el trabajo de los asambleístas.
La llegada de estos manifestantes oficialistas a Sucre preocupa a la población que teme recrudezcan los enfrentamientos con grupos civiles y universitarios opositores. En los últimos días, las primeras columnas de indígenas pro gubernamentales chocaron con estos grupos en las calles.
El propio Barrón cursó en las últimas horas una carta a Morales para pedirle que solicite a sus bases indias evitar el uso de la violencia.
Las organizaciones civiles de Sucre protagonizaron este viernes un masivo cabildo y caminata callejera para rechazar la presencia de indígenas oficialistas, a los gritos de “¡Autonomía, autonomía!”, el modelo de gestión que buscan cinco de las nueve regiones de Bolivia para descentralizar parte de las funciones del poder Ejecutivo, y que el gobierno no acepta.