Internacionales

Espionaje telefónico abre nuevo escándalo en Colombia

* Líderes de la oposición exigen al presidente Álvaro Uribe asumir el costo político

BOGOTÁ / AFP
El gobierno colombiano del presidente Álvaro Uribe, que enfrenta un escándalo por vínculos de congresistas del oficialismo con grupos paramilitares, quedó envuelto en una nueva polémica por intervenciones telefónicas no autorizadas que afianza a la oposición.
Las intervenciones telefónicas, que Uribe asegura no autorizó, tenían el cometido de espiar a la oposición política, a periodistas y al propio gobierno, según reveló el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Ante estas anomalías, que salieron a la luz pública el domingo por la revelación en la revista Semana de conversaciones telefónicas de lugartenientes de varios jefes paramilitares desmovilizados y en prisión, el presidente Uribe removió a toda la cúpula de la Policía Nacional.
Analistas consultados por la AFP coincidieron en señalar que la reacción de Uribe seguramente lo protegerá ante la opinión pública nacional dada la alta popularidad de que goza, pero le reportará un gran desgaste político de cara a las elecciones regionales de octubre y le resta apoyos.
También consideran que este nuevo escándalo va a afectar su imagen ante la comunidad internacional, según indicaron, “por la gravedad de que un hecho de esta naturaleza, propio de los regímenes dictatoriales se dé en un gobierno democrático”.
El gobierno colombiano aseguró este martes que desconocía el espionaje telefónico que realizaba la policía desde hacía dos años a la oposición y la prensa, y reiteró que las escuchas ilegales también se hacían a funcionarios de la administración.
“Ni el presidente (Álvaro Uribe) ni yo, ni autoridades del gobierno tenían la más remota idea de que esto estaba sucediendo”, aseguró el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
La revelación hecha por el ministro la noche del lunes se cobró la cabeza de los generales Jorge Castro, Director de la Policía, y Guillermo Chávez, jefe de la unidad de inteligencia, acusada de la irregularidad.
El funcionario añadió que la vigilancia “no estaba dirigida exclusivamente a la oposición”, que a su vez recordó que el 19 de abril Uribe admitió que la inteligencia policial y militar lo tenían informado de los movimientos de sus detractores en el exterior.
Lo que pude observar y lo que esta fuente me comunicó es que también hacían intervenciones a personalidades del gobierno y a periodistas. Tenían una gama amplia de personajes”, sostuvo.
Santos señaló que el gobierno recién se enteró del espionaje el domingo por la noche, horas después de que la revista Semana revelara algunas de las grabaciones, las cuales involucran a ex jefes paramilitares de ultraderecha con delitos cometidos desde prisión.
“No sabemos quién ordenó esas intervenciones ni cuál era la intención, el gobierno no conocía su contenido y por eso procedimos en consecuencia”, dijo refiriéndose al relevo de los oficiales.
El ministro anotó que una vez que se enteró del caso, Uribe “ordenó darlo a conocer a la opinión”. “Es la mejor forma de mostrar transparencia, voluntad y determinación para que cualquier situación irregular, por grave que sea, pueda ser corregida y conocida”, precisó.
El hecho desató una ola de críticas hacia el gobierno y justificó las reiteradas denuncias de sectores de oposición según las cuales durante la administración de Uribe vienen siendo víctimas de persecución y acoso por parte de los organismos de inteligencia del Estado.
“Desde el punto de vista penal, cada uno de esos funcionarios debe ser investigado, pero las consecuencias políticas, ante todo, debería asumirlas el Presidente de la República pues cosas como ésta no pueden pasar en un gobierno democrático”, dijo Carlos Gaviria, vocero del opositor Polo Democrático.
“En una sociedad democrática madura este hecho no podría pasar y que el presidente siguiera incólume como muy seguramente ocurrirá en Colombia. Lo más grave es que, más allá de las infiltraciones, el tema de fondo es que los paramilitares siguen cometiendo delitos”, añadió el líder izquierdista.
A su turno, el ex ministro de Defensa y ex precandidato presidencial por el opositor Partido Liberal, Rafael Pardo, opinó que el escándalo deja un episodio positivo. “Se comprueba que las denuncias de interceptación no son producto de la imaginación, sino que son parte de una orden. Ahora, lo que está pendiente de esclarecer es quién impartió esa orden y qué pretendía”, dijo.
“Las interceptaciones inconsultas evidencian una actitud muy oscura de un sector institucional. Esto no puede quedar en la remoción de unos oficiales. Debe conocerse a quién le dieron esas grabaciones, a quién se las pasaban, por orden de quién se decidía a quién grabar. Y quién ganaba con ellas”, añadió.
La bancada opositora a Uribe en el Congreso anunció que citará a Santos para que haga pública la lista de las personas a las que se les escuchaban sus conversaciones.