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Congresistas opositores huyen de Ecuador


QUITO / AFP
Un grupo de congresistas ecuatorianos huyó hacia Colombia, donde solicitaron este miércoles amparo y protección aduciendo ser blanco de persecución política por parte del presidente Rafael Correa.
Seis parlamentarios, que llegaron la noche del martes a Bogotá, se reunieron con congresistas colombianos y luego con el canciller Fernando Araújo, en las que explicaron que debido a la coyuntura política de su país, demandaban seguridad del gobierno colombiano.
Gloria Gallardo, del PRIAN (derecha) del ex candidato presidencial Álvaro Noboa, dijo a la AFP que se espera que en total lleguen a la capital colombiana 22 diputados.
En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó desde Santiago que ese organismo sigue con atención los acontecimientos políticos en Ecuador y estudia enviar observadores.
Los congresistas ecuatorianos huyeron a Colombia, después que una fiscal solicitó el martes su captura por supuesta sedición.
Todos hacen parte de los legisladores destituidos a principios de marzo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador por oponerse a la convocatoria de una asamblea constituyente. El lunes pasado, el Tribunal Constitucional los restituyó sorpresivamente en sus cargos.
El controvertido fallo del TC fue desconocido por el Congreso, el presidente Correa y la corte electoral.
El vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, el colombiano Roy Barreras, anunció que tramitó ante la cancillería de Colombia el asilo para seis de ellos: Silka Sánchez, Alfonso Harb, Alfredo Serrano, Luis Fernando Torres, Mauricio Ponce y Gallardo.
Esta versión contrastó con lo dicho por los propios diputados. Torres, del Partido Social Cristiano (PSC) aseguró que “no está en los planes pedir asilo al gobierno de Colombia, pero sí medidas de protección frente a las circunstancias de indefensión jurídica y riesgo”.
Por su parte, el diputado Serrano dijo a la AFP tras su reunión con el canciller Araújo, que si bien “el asilo político no está descartado, tampoco lo hemos pedido”.
Desde Quito, el ministro de Política y Seguridad del Ecuador, Fernando Bustamante, advirtió que su gobierno lamentaría una decisión de otorgar asilo político a los diputados. “Tal decisión del gobierno colombiano, para nosotros sería un mensaje muy poco aceptable”, subrayó.
Poco después de ese pronunciamiento, la cancillería ecuatoriana autorizó el regreso a Bogotá del embajador Alejandro Suárez, quien permanecía en consultas en Quito desde diciembre, en protesta por la decisión de Colombia de fumigar con glifosato los cultivos ilícitos en una zona fronteriza.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que con esta decisión “el presidente aspira contribuir a mejorar la compleja situación vecinal que existe en la frontera de los dos países”, aunque evitó referirse en forma directa al tema de los diputados.
Al ser consultado sobre el tema, el presidente Uribe dijo desde la ciudad de Cali (suroeste) --adonde trasladó desde el lunes su despacho, para atender una ola de violencia-- que desconoce el pedido de asilo, y que instruyó a su gobierno para que actúe de forma “prudente” frente al polémico caso. “Con toda la prudencia se definirán las cosas de acuerdo con las normas jurídicas, pero no tengo conocimiento todavía de esas peticiones”, manifestó.
Pero Uribe se abstuvo de profundizar su declaración, argumentando que “poner al presidente de Colombia a opinar sobre el tema es crear el riesgo de malas interpretaciones en Ecuador”.
Las relaciones bilaterales permanecen tensas tras la reanudación de las fumigaciones en diciembre, y empeoraron en febrero tras un operativo en la frontera, en el que dos presuntos guerrilleros fueron muertos por el Ejército colombiano, que Quito denunció como una irrupción de tropas en su territorio.