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Crimen pone en jaque al Estado guatemalteco


T Funcionarios de Guatemala y El Salvador analizan avance en investigación de las dos masacres
SAN SALVADOR-GUATEMALA / AFP-EFE-EL PAÍS
Dos días después de que cuatro policías fueran masacrados en una prisión guatemalteca de alta seguridad, cobra fuerza la hipótesis de que esa matanza buscaba evitar que los presuntos autores materiales del asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y de su chofer, ocurrido el 19 de febrero en los suburbios de esta capital, pudieran señalar a los autores intelectuales del hecho.
Así lo señaló Samuel Peralta, jefe de la Fiscalía de Cuilapa --capital de la provincia de Santa Rosa, donde está ubicada la cárcel de El Boquerón--, al revelar el resultado de las primeras investigaciones.
“Se ha determinado que un grupo de enmascarados, portando armas de grueso calibre, penetró a la prisión. Ingresaron por la puerta principal, con la complicidad del personal de turno. Llegaron hasta donde estaban recluidos los policías y los mataron”, dijo Peralta, quien puntualizó que en el ataque se utilizaron fusiles-ametralladoras --AK 47--, pistolas automáticas calibre .9 milímetros y armas blancas.
El presidente de Guatemala, Óscar Berger, ha ido más lejos al señalar que detrás del estos crímenes está el crimen organizado y el narcotráfico “infiltrados en el Estado”. Existen muchas interrogantes que apuntan en dirección a una conspiración de la naturaleza apuntada por Berger. Entre ellas, el porqué no se brindó una seguridad especial a los policías capturados, a quienes se acusaba abiertamente de tener vínculos con el crimen organizado.
Escuadrones de la muerte
Uno de los precandidatos a la Presidencia de Guatemala, el general Otto Pérez --ex director de la inteligencia militar y quien el 29 de diciembre de 1996 firmara la paz con la guerrilla en representación del Ejército de Guatemala-- aseguró públicamente que existen, en el Ministerio del Interior, dos escuadrones de la muerte, que se dedican a la llamada “limpieza social” --ejecuciones extrajudiciales de delincuentes--.
Según Pérez, los cuatro policías asesinados formaban parte de estos grupos, mientras que sus verdugos formarían parte del segundo grupo, “que opera bajo las órdenes de un asesor extranjero del ministro del Interior, Carlos Vielmann”, a quien el militar no identificó. El extremo fue rechazado por Berger, quien aseguró que se trata de ‘una impresión equivocada’.
Al respecto, el Congreso decidió convocar al ministro Vielmann a una interpelación, cuyo objetivo final sería promover un voto de censura en contra del funcionario para forzar su destitución. El funcionario ha sido citado para el 7 de marzo.
Mientras tanto, una delegación de alto nivel del gobierno salvadoreño, encabezados por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa, llegó ayer a Guatemala, para pedir que el crimen de sus diputados se investigue hasta las últimas consecuencias.
Los altos funcionarios del Interior de Guatemala y El Salvador se encontraban ayer reunidos en la capital guatemalteca para analizar cómo han avanzado las investigaciones por el asesinato de los tres diputados salvadoreños y su chofer.
Figueroa dijo a periodistas que junto a su homólogo guatemalteco “estamos coordinando la investigación para esclarecer este hecho”. Por su parte, Vielman dijo que en el transcurso de la tarde, los funcionarios de ambos países se entrevistarían con agentes del FBI para analizar los avances de la investigación e identificar nuevas líneas.
Al menos doce implicados
La PNC de Guatemala informó que, según sus investigaciones, al menos doce personas, entre ellas tres de nacionalidad salvadoreña, siete policías guatemaltecos y dos personas cuya nacionalidad y nombres no han sido precisadas, integraban la banda que asesinó a los diputados y su chofer.
Las críticas contra la infiltración del crimen organizado en la Policía de Guatemala arreciaron ayer en El Salvador, donde la sociedad espera que se desenmascare a los responsables del asesinato de los diputados.
“Le he pedido al gobierno de Guatemala que ponga no sólo sus buenos oficios, sino su preocupación máxima en esto (investigación de crímenes), porque la situación se ha vuelto grave”, comentó el presidente Elías Antonio Saca a los periodistas que lo acompañan en su visita a Estados Unidos.
Saca lamentó el ajusticiamiento de los cuatro policías, porque se produjo después de una intensa labor de inteligencia de ambos países y tras “saltarse ocho controles” en la cárcel de máxima seguridad.
El diputado del derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN) Antonio Almendáriz, un coronel retirado, aseguró que “preocupa el nivel de complicidad que existe de parte de las autoridades de Guatemala en estos dos casos”.