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Violenta caza de “ilegales” en Estados Unidos


WASHINGTON /AFP
Un total de 195 inmigrantes ilegales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití fueron arrestados en 17 estados norteamericanos, en un operativo contra una empresa de servicios de limpieza y mantenimiento acusada de fraude fiscal y de emplear indocumentados, informó este jueves el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
El procedimiento, en el que además del ICE intervinieron el Servicio Impositivo (IRS) y la Justicia, iba dirigido contra tres directivos de la empresa Rosenbaum-Cunningham International (RCI), acusados de conspirar para cometer fraude fiscal por 18 millones de dólares, y de emplear y encubrir inmigrantes ilegales.
Además de los ejecutivos, residentes en el estado de Florida (sureste), “esta operación apuntó a los extranjeros ilegales que formaban parte de este equipo” de trabajo en la empresa, explicó en conferencia de prensa Julie Myers, secretaria adjunta del ICE.
“Más de 220 individuos fueron arrestadas en 63 lugares, en 17 estados y el distrito de Columbia (Washington), incluyendo 195 personas que fueron arrestadas la noche pasada bajo cargos administrativos” por violar las leyes migratorias, señaló.
Consultada sobre el origen de los inmigrantes indocumentados arrestados, Myers señaló que, sin tener el detalle exacto, la mayoría de ellos provienen de México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití.
Al igual que ocurrió con una serie de redadas contra inmigrantes ilegales adelantadas por el ICE en diciembre, los inmigrantes detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias y enfrentan ahora la posibilidad de ser deportados a sus países de origen.
“Todos los extranjeros ilegales que fueron arrestados, excepto aquellos liberados por razones humanitarias, fueron puestos en procedimiento de deportación y mantenidos en instalaciones de detención del ICE”, explicó Myers.
Consultada por la AFP sobre la cantidad de personas que han sido liberadas hasta el momento, Myers sostuvo que “sólo un muy pequeño número de individuos ha sido liberado”, sin precisar el dato.
Las razones humanitarias manejadas cuando oficiales de inmigración procedieron a la detención de casi 1,300 inmigrantes ilegales en instalaciones de la cadena de frigoríficos Swift en todo Estados Unidos en diciembre, fueron, por ejemplo, problemas médicos o el hecho de que el arrestado fuera el único sustento de su familia, o que se tratase de madres y padres solteros.
El Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM por sus siglas en inglés), una coalición que agrupa a organizaciones que piden una reforma de las leyes migratorias que habilite un camino a la legalización de las personas sin documentos en el país, condenó los arrestos.
“La detención de trabajadores inmigrantes y miembros de sus familias, muchos de los cuales han estado contribuyendo con este país y sus comunidades por muchos años, sólo ha logrado empeorar el problema (de la inmigración ilegal) y enviar un terrible mensaje a la nación y al mundo”, señaló FIRM en un comunicado.
Las autoridades migratorias vienen siendo denunciadas por organizaciones que defienden a los inmigrantes, que los acusan de malos tratos contra los detenidos.
Este jueves, el Servicio Luterano de Inmigración y Refugio (LIRS) y la Comisión Femenina para el Refugio de Mujeres y Niños se sumaron a las denuncias sobre las condiciones de detención de indocumentados en el país, señalando “el trato inhumano” a familias de inmigrantes en dos cárceles estadounidenses.
“Tratamos a todo el mundo bajo nuestra custodia humanamente”, se defendió Myers, consultada sobre estas denuncias. “Estos centros (que albergan familias enteras) están concebidos para garantizar que las familias queden en contacto y no sean separadas”, añadió.
Luego de algunas de las redadas ocurridas en el país, muchas familias han quedado de hecho separadas, debido a que alguno de sus miembros ha vuelto deportado a su país de origen, mientras que otros --muchas veces niños nacidos en suelo estadounidense-- se han quedado en Estados Unidos.
De ser encontrados culpables, los directivos de la firma RCI enfrentan penas de hasta 10 años de prisión por el crimen de encubrir a sabiendas a indocumentados para lucrarse.