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“Rumsfeld debería estar en la cárcel”


NAIROBI / EFE
Uno de los abogados que ha interpuesto una demanda por crímenes de guerra contra el ex secretario estadounidense de Defensa Donald Rumsfeld, dijo que éste “debería estar en la cárcel”.
“No sé si acabará en la cárcel, pero sé que debería ir a la cárcel, y al menos espero que viva el resto de su vida con vergüenza”, dijo Peter Weiss, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales de Nueva York, y que ha defendido a presos retenidos por Estados Unidos en la prisión cubana de Guantánamo.
Weiss compareció con otros activistas de derechos humanos de Argentina, Nicaragua, Brasil, Colombia y República Democrática del Congo en una mesa redonda sobre la lucha contra la impunidad en el mundo, celebrada en el Foro Social Mundial (FSM) de Nairobi.
El abogado, junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos y una asociación de fiscales alemanes, puso una demanda en noviembre de 2004 en los tribunales germanos, que tienen jurisdicción universal sobre crímenes de guerra y contra la humanidad.
Acusaron a Rumsfeld y a otros altos funcionarios civiles y militares estadounidenses de crímenes de guerra, incluido el delito de tortura, por los hechos ocurridos en la prisión iraquí de Abu Ghraib y en Guantánamo.
“La demanda fue rechazada en febrero de 2005 sobre la base de que los acusados podían ser juzgados en su propio país, pero hemos vuelto a presentarla el pasado noviembre, alegando que han pasado dos años y Estados Unidos no ha mostrado intención de procesar a sus funcionarios”, explicó.
“La buena noticia es que el mundo está haciendo enormes avances en la lucha contra la impunidad”, opinó Weiss.
El secretario de Estado de Derechos Humanos de Brasil, Rogerio Sottili, detalló los cambios legales y medidas tomadas en su país para afrontar los crímenes cometidos durante la dictadura.
Destacó que se han hecho disponibles 30,000 documentos archivados a los familiares de víctimas, se ha indemnizado de momento a 351 familias de desaparecidos y se ha creado un banco genético para contrastar el ADN de los cuerpos que sean recuperados con el de sus familias.
“Nuestro gobierno --dijo en referencia al ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva-- salió de los propios movimientos sociales y está comprometido con el derecho a la memoria”.
“La participación de la sociedad civil es fundamental para cualquier situación que viola los derechos humanos”, indicó Sottili, que añadió que profundizar en el pasado es necesario “para fortalecer la democracia, pues democracia e impunidad no son compatibles, y porque las familias de las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con los suyos”.
Otra de las participantes fue Nora de Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, quien afirmó que en la represión llevada a cabo por la dictadura en su país desaparecieron más de 30,000 personas.
“Las leyes de punto final decretadas por el ex presidente Raúl Alfonsín, y el indulto de su sucesor Carlos Menem, consagraron la impunidad, pero no consiguieron callarnos, y luchamos hasta que el año pasado conseguimos tirar abajo la legalidad de dichas leyes”, continuó la Madre de Mayo.
No obstante, De Cortiñas recalcó que en los dos juicios celebrados desde entonces ha habido testigos que han desaparecido.
“En el caso de Julio Jorge López, en su día torturado por uno de los policías juzgados y que ha vuelto a desaparecer tras comparecer como testigo, lo que muestra que los grupos de la represión siguen tratando de vivir en la impunidad. No les dejaremos”, concluyó.
El panel fue una de las cientos de actividades de la tercera jornada del FSM, que reúne anualmente a miles de militantes antiglobalización en fechas próximas a las del Foro Económico Mundial de la ciudad suiza de Davos.