Internacionales

Siete muertos en toma de cárcel guatemalteca

* Fuerzas de seguridad toman el control de la mayor cárcel de Guatemala, que estaba en manos del narcotráfico

Al menos siete presos murieron este lunes en una operación realizada por las fuerzas de seguridad guatemaltecas para recuperar el control de Pavón, la mayor cárcel del país, que estaba en manos de mafias del narcotráfico, informaron fuentes oficiales.
Entre los fallecidos se encuentra el presidente del Comité de Orden y Disciplina, Luis Zepeda, quien fue abatido con un fusil de asalto M-16, con el que supuestamente atacó a los agentes de las fuerzas de seguridad, informó a la AFP una fuente del ministerio de Gobernación (Interior) que pidió el anonimato. Una primera estimación oficial hablaba de unos ocho muertos por los enfrentamientos en la cárcel.
En el ataque también murió José Estuardo Batres, el número dos del Comité, el ente que ejercía el control de la prisión desde que 1996 el Estado se lo entregó a los internos. Según la fuente, Batres era de origen colombiano e iba a recobrar la libertad en 40 días al cumplir una pena por narcotráfico.
Las autoridades reconocieron el domingo a la prensa local que el crimen organizado controlaba el penal por medio del Comité, a quien le pagaban unos 80,000 dólares mensuales para que hiciera la vista gorda a la existencia de laboratorios para procesar drogas y realizar extorsiones desde el interior de la cárcel.
El gobierno de Guatemala decretó este lunes estado de prevención por un período de ocho días en el municipio de Fraijanes, unos 25 kilómetros al este de la capital, que alberga el penal, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Más de 3,000 agentes de las fuerzas de seguridad, cuatro tanquetas militares y tres helicópteros, vigilan el lugar para evitar enfrentamientos entre narcotraficantes.
La medida contempla la suspensión de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos, incluso privados; limita el derecho a reuniones y manifestaciones públicas sin autorización previa, restringe el derecho de porte de armas a civiles y la libre locomoción de vehículos.
Los 1,600 internos de la cárcel han sido trasladados a un penitenciario contiguo. “Si uno quisiera agarrar una muestra del crimen organizado, hay que ir a Pavón. Para nosotros representa lo que para El Salvador es la cárcel de Marión; San Pablo, en Brasil, o La Palma, en México”, dijo en una entrevista recientemente el director del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei.
Los vecinos temen lo que pueda ocurrir cuando los efectivos del Ejército y la Policía abandonen el área, que es pasto de bandas de narcotraficantes.
Actualmente, la zona está acordonada en un radio de dos kilómetros, por lo que los familiares de los presos tendrán que esperar a que concluyan las actividades de las fuerzas de seguridad para poder tener noticias suyas, informó el director de la PNC, Erwin Sperissen, uno de los responsables del dispositivo de seguridad.
Las organizaciones humanitarias mostraron su satisfacción por la aplicación del “estado de prevención”, por estar encaminado, según ellas, a combatir los tentáculos del crimen organizado.