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Guatemala decreta estado de prevención

* Grupos de Derechos Humanos rechazan medidas contra violencia y narcotráfico, que incluyen limitaciones al derecho a locomoción y concentración de personas

El gobierno de Guatemala decretó este martes “estado de prevención” en cinco municipios fronterizos con México para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, alegando que amenazan la seguridad del Estado y restringen la libre locomoción.
La medida prohíbe la portación de armas (salvo para las fuerzas de seguridad), limita el derecho de locomoción en vehículos y concentración de personas, y demanda a radioemisoras evitar publicaciones que a “juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público”.
“El operativo obedece a la necesidad de combatir el crimen organizado y el narcotráfico en ese departamento (San Marcos), pues amenaza la seguridad del estado, así como resolver la conflictividad surgida por problema limítrofes” entre poblaciones guatemaltecas, precisa un comunicado oficial.
El propósito es “proteger la integridad de los ciudadanos”. La medida fue decretada de conformidad con la ley de orden público, y durará 15 días, que podrán ser prorrogados “si las circunstancias lo demandan”, agrega.
Los operativos, en los que participan elementos de la policía, Organismo Judicial y Ministerio, con apoyo del Ejército, se realizan en los municipios de Concepción Tutuapa, Ixchiguán, San Miguel Ixtahuacán, Tajulmco y Tejutla, San Marcos, unos 400 km al oeste de la capital guatemalteca y fronterizos con México.
Organizaciones de derechos humanos de Guatemala rechazaron el “estado de prevención” impuesto por el gobierno. “Cualquier lucha contra el narcotráfico tiene en primer lugar la tarea de inteligencia y no como se está haciendo ahora con medidas represivas donde sólo se castiga a la población”, afirmó a la AFP el dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS), Miguel Sandoval.
“Definitivamente con esta medida el gobierno muestra que no tiene una visión de prevención, sino de represión, no muestra interés en solucionar las demandas de la población, sino una actitud autoritaria”, afirmó Sandoval.
“El operativo es un retroceso grave para el país porque se da en vísperas de celebrar los 10 años de la firma de la paz --en diciembre de 1996--, y ahora nos muestra un escenario propio del conflicto armado” de 36 años, puntualizó Sandoval.
El vocero del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Miguel Albizuris, comentó a la AFP que, este martes, dirigentes de organizaciones sociales se reunirán para analizar el tema y rechazar el despliegue militar y policiaco.
El activista adelantó que en la cita nombrarán una comisión para que analice y verifique en el lugar las posibles violaciones de los derechos fundamentales y de ello dependerá si presentan una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
Los dos dirigentes rechazaron las prohibiciones contempladas en el decreto gubernamental pues consideran que los narcotraficantes “no se van a reunir en una plaza para analizar la situación, sino que es la población la que tiene que tomar la palabra y decir de qué forma les afecta”.
A pesar de las críticas, el presidente Berger defendió en rueda de prensa la medida al argumentar que está destinada a erradicar las plantaciones de amapola, materia prima para la heroína, y la captura de narcotraficantes que operan en esos lugares.